El acuerdo petrolero entre la administración de Donald Trump y el gobierno de la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez, formalizado el 29 de agosto pasado, marca un punto de inflexión en la arquitectura bolivariana de la renta petrolera. El camino hacia este acuerdo había comenzado menos de un mes después del secuestro del presidente Nicolás Maduro, cuando las nuevas autoridades consiguieron la aprobación de una reforma de la ley de Hidrocarburos que abrió el sector a las inversiones extranjeras y quebró el control exclusivo ejercido hasta entonces por Petróleos de VenezuelaSociedad Anónima (PDVSA).

Sería un error, sin embargo, interpretar lo ocurrido como un mero cambio de política económica o como la apertura de un nuevo ciclo de inversiones. El acuerdo constituye el desenlace político de la Operación Resolución Absoluta -ejecutada contra Caracas y ciudades vecinas el 3 de enero de 2026-y permite observar, en escala venezolana, una transformación mucho más amplia: la reorganización de las relaciones entre poder militar, recursos estratégicos, capital privado y soberanía estatal en el hemisferio, tema que hemos tratado en un artículo anterior para .

Washington ha consolidado el control operativo y financiero sobre 65.000 millones de barriles de reservas petroleras probadas, equivalentes al 22% del total nacional. Venezuela corre así el riesgo de dejar de funcionar como un actor con capacidad autónoma de negociación para convertirse, en cambio, en un nodo de abastecimiento subordinado a las necesidades estratégicas de Estados Unidos.

La retórica de éxito de la Casa Blanca contrasta con una realidad mucho más incómoda para Caracas. Bajo el esquema impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra (título aún no oficializado por el Congreso) Pete Hegseth, la administración de buena parte del flujo de caja petrolero quedó transferida al Tesoro estadounidense.

El intelectual y ensayista venezolano Luis Brito García ha señalado la enorme asimetría de esta relación fiscal. Asegura que en apenas seis meses se habrían extraído recursos valorados en 13.000 millones de dólares, mientras Venezuela habría recibido un retorno de apenas 380 millones. Los ingresos provenientes de la comercialización del petróleo venezolano son depositados directamente en cuentas controladas por organismos estadounidenses, lo que reduce de manera drástica el margen de autonomía presupuestaria del gobierno de Caracas.

En declaraciones a Bloomberg, Francisco Rodríguez, economista y profesor de la Universidad de Denver, sintetizó el nuevo escenario con una definición difícil de eludir: “Venezuela está funcionando como un protectorado de EE.UU.”. La fórmula describe una relación destinada a garantizar simultáneamente los intereses de seguridad de Washington y la supervivencia de un poder político local cuya estabilidad depende cada vez más de esa relación.

El nuevo esquema de negocios

Uno de los principales instrumentos de este acuerdo petrolero es el consorcio North American Blue Energy Partners (NABEP), entidad privada que recibió una concesión por cien años (según el gobierno estadounidense, mientras que para Delcy Rodríguez el lapso corresponde a 25 años, con posibilidad de prórroga de 15) sobre 17 campos petrolíferos considerados estratégicos. La importancia de esta cesión excede lo estrictamente empresarial. La Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de los EE.UU. posee una participación del 35% en la empresa matriz (además de acceso preferencial al 20% de la producción a precio de costo), introduciendo una vinculación directa entre intereses corporativos y estructuras militares estadounidenses.

Según la perspectiva de la periodista StellaCalloni, esa imbricación permite además la presencia de tropas estadounidenses en los propios nodos de producción bajo el argumento de garantizar la seguridad de las instalaciones. La extensión temporal de los contratos condicionará, durante varias generaciones, la capacidad del Estado venezolano para decidir autónomamente sobre una parte sustancial de sus recursos del subsuelo. El modelo comienza a adquirir así rasgos propios de las economías de enclave, adaptados a las condiciones geopolíticas del siglo XXI.

En el centro de esta operación aparece Alejandro Betancourt López, empresario venezolano de 46 años convertido en articulador clave y principal beneficiario privado de la concesión. Betancourt construyó su fortuna como contratista del Estado venezolano y acumula causas abiertas por lavado de dinero en Suiza y España, según informó el diario El País. Su trayectoria expresa, al mismo tiempo, una notable capacidad de adaptación política.

Después de financiar a la oposición encabezada por Juan Guaidó en 2019, logró recomponer sus vínculos con Caracas y pactó su regreso a los negocios con la propia Delcy Rodríguez en 2023. Durante la madrugada de la incursión estadounidense del 3 de eneroúltimo, desempeñó además un papel de mediación entre Rodríguez y Marco Rubio. Ese rol terminó convirtiéndolo en un canal privilegiado para la reestructuración petrolera posterior.

Betancourt consolidó posteriormente su control sobre NABEP mediante la compra, por 300 millones de dólares, de la participación del empresario estadounidense Harry Sargeant III, quien decidió desprenderse de sus activos después de que el Departamento del Tesoro dispusiera su congelamiento.

Respaldado por su asociación con estructuras vinculadas al Pentágono y favorecido por las gestiones de la diplomacia estadounidense destinadas a atenuar sus problemas judiciales en Europa, Betancourt se ha transformado en uno de los principales engranajes locales de esta nueva arquitectura petrolera.

El rol de las FANB

La transformación económica hubiera sido mucho más difícil sin una profunda reorganización del poder militar. Apenas un día después de los bombardeos estadounidenses de enero pasadoque inutilizaron el Fuerte Tiuna y La Carlota, el entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reconoció públicamente la autoridad de la “presidenta encargada” Delcy Rodríguez bajo la consigna de que “la patria continúa”.

Meses más tarde, a finales de julio, Rodríguez dispuso el retiro de 110 generales y almirantes. La medida desarticuló buena parte de la estructura de lealtades políticas que había caracterizado durante años la relación entre el chavismo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).Las vacantes más importantes fueron ocupadas por oficiales de confianza de la nueva conducción. El mayor general Rubén Belzares Escobar fue designado al frente del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), mientras el general Pedro González Ovalles asumió la comandancia del Ejército. Para los sectores críticos dentro del propio chavismo, esta reestructuración significó la consolidación de una política de adaptación al nuevo equilibrio de fuerzas, presentada oficialmente bajo la denominación de “diplomacia de paz”.

Esta nueva cúpula militar ha respaldado sin fisuras el pacto energético con EE.UU.; así González defendió públicamente que el acuerdo reactivará la producción y generará empleo, mientras que el ministro de Defensa, general en jefe Gustavo González López, flanqueado por los altos mandos, justificó el convenio asegurando que "no es una subordinación", sino una decisión soberana para "transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica y una decisión de ir solo a la paz", legitimando la entrega del control petrolero a operadores estadounidenses.

Mario Silva, comunicador y exdiputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, ha sido uno de los críticos más duros de este proceso. A través de su canal de YouTube recordó la humillación militar de la FANB durante la incursión de enero, cuando sistemas de defensa aérea S-300 y misiles Igla permanecieron “en sus embalajes” mientras más de 50 aeronaves estadounidenses operaban sin oposición.

La debilidad se hizo todavía más evidente después de los terremotos que afectaron a La Guaira. El Comando Sur aprovechó la situación para desplegarse bajo la cobertura de la ayuda humanitaria, estableciendo una presencia territorial permanente sin resistencia alguna.

Esta pasividad, que contrasta con la muerte en combate de los militares cubanos que formaban parte de la custodia presidencial de Maduro cuando fue secuestrado, ha provocado fracturas irreversibles dentro del chavismo, donde hay sectores que denuncian la emergencia de una burguesía vinculada al poder económico, dispuesta a intercambiar buena parte del legado político de la revolución por un esquema de convivencia con Washington.

Oposición de adentro y de afuera

La paradoja de un gobierno que invoca a Hugo Chávez mientras borra su legado, inclusive dentro de la casa de gobierno, ha generado un clima de descontento en buena parte de las bases populares. Mario Silva llegó incluso a cuestionar el acercamiento de figuras como el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), a sectores de las iglesias evangélicas asociados a intereses que hasta hace poco tiempo el propio gobierno vinculaba con el denominado “sionismo internacional”. La llegada de equipos pertenecientes a las Fuerzas de Defensa de Israel a La Guaira añadió otro elemento de tensión con sectores de las comunas y de los movimientos sociales de base.

Tampoco la oposición antichavista tradicional emerge fortalecida de esta nueva situación. Su rol secundario, después de la entente entre los dos gobiernos, la coloca ante un problema político difícil de resolver. Luegode haber construido durante años buena parte de su reputación alrededor de la denuncia del autoritarismo y de la necesidad de recuperar las instituciones democráticas, debe ahora aceptar un esquema en el cual esas demandas quedan subordinadas a las prioridades estratégicas de Washington.

La contrariedad, una vez más, quedó expuesta cuando Donald Trump afirmó desde el Salón Oval que Venezuela todavía no estaba preparada para realizar elecciones. “Es (un gobierno) muy nuevo, los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno. Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, aseguró muy a su estilo.

Para una oposición que durante años reclamó apoyo estadounidense para producir una transición democrática, escuchar ahora al propio presidente del país amado postergar esa transición y respaldar a Delcy Rodríguez constituye, por decir lo menos, un sapo difícil de tragar.

Bajo el control de la Doctrina Donroe

Lo que sucede en Venezuela adquiere otra dimensión cuando se lo observa en relación con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La denominada “Doctrina Donroe” no representa simplemente una consigna provocadora ni un recurso de propaganda de la administración Trump. Como analizamos anteriormente en , expresa una voluntad explícita de reorganizar el hemisferio alrededor de la prioridad absoluta de los intereses estadounidenses.

El llamado “Corolario Trump” busca impedir que competidores extracontinentales puedan posicionar fuerzas, controlar infraestructuras o acceder de manera privilegiada a recursos considerados estratégicos. El objetivo excede, por lo tanto, cualquier disputa bilateral. Petróleo, gas, litio, tierras raras, alimentos y agua comienzan a ser concebidos como componentes de una misma arquitectura de seguridad destinada a fortalecer la posición estadounidense frente a su principal competidor global, que es China.

Venezuela funciona en este sentido como un laboratorio particularmente importante. Sus enormes reservas petroleras permiten observar hasta dónde puede avanzar un esquema en el cual la soberanía formal del Estado continúa existiendo, mientras decisiones fundamentales sobre explotación, comercialización y administración de recursos quedan condicionadas por contratos, estructuras empresariales y mecanismos financieros externos.

La cuestión venezolana deja así de ser exclusivamente venezolana. Lo que allí está ocurriendo anticipa una disputa mucho más amplia sobre quién tendrá capacidad para controlar los recursos estratégicos de América Latina durante las próximas décadas.

Frente a esta nueva ofensiva del poder estadounidense, la respuesta regional muestra una fractura profunda respecto de una larga tradición latinoamericana de defensa jurídica y política de la soberanía. En un artículo para el portal Cenital, Juan Gabriel Tokatlian destacaque durante más de un siglo América Latina construyó una arquitectura jurídica basada en las doctrinas Calvo, Drago y Carranza. Países relativamente débiles frente a las grandes potencias utilizaron el derecho internacional y la acción multilateral como instrumentos para limitar las intervenciones externas y reducir, al menos parcialmente, las enormes asimetrías de poder. Esa tradición aparece hoy debilitada.

Ante una nueva “avalancha de guerras” —contra el narcoterrorismo, contra los migrantes o alrededor de los recursos estratégicos— la región enfrenta uno de sus momentos de mayor fragmentación política en décadas, nos recuerda el análisis de Tokatlian. La ausencia de iniciativas relevantes en organismos como la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)o incluso de mecanismos efectivos de coordinación regional deja a los países latinoamericanos enfrentados individualmente a una potencia que ha decidido revisar, en su propio beneficio, buena parte de las reglas que organizaron el orden global.

Sin embargo, reconocer esa debilidad no implica aceptar que el escenario actual deba ser permanente. Un diagnóstico realista de las relaciones de poder constituye una condición necesaria para pensar cualquier estrategia futura. La región carece hoy de capacidad material para enfrentar abiertamente a Estados Unidos y pretender lo contrario sería confundir la voluntad política con la relación efectiva de fuerzas.

El problema central es que el remedio tradicional a esa asimetría, la integración regional, choca hoy contra un proceso activo de balcanización impulsado desde adentro y desde afuera. Resulta difícil imaginar, por ejemplo, una geopolítica de proyección austral cuando los propios gobiernos dinamitan los puentes. La provocación constante desde la actual administración argentina hacia el gobierno de Brasil mantiene paralizado cualquier motor de desarrollo conjunto.

En este escenario de desconexión, el vecindario opta por el oportunismo. El reciente anuncio de un acuerdo de Chile para establecer una ruta comercial marítima con las islas Malvinas, en medio de roces diplomáticos por un falso debate sobre el Estrecho de Magallanes, demuestra cómo los intereses de corto plazo se imponen sobre cualquier noción de bloque. Cada país parece buscar su salvación individual o sacar ventaja de la vulnerabilidad del vecino.

A esta fragmentación se le suma el espejismo de la relación bilateral privilegiada. Las recientes declaraciones de Trump con críticas a los británicos, y sus insinuaciones sobre Malvinas, generaron un entusiasmo desmedido en la derecha liberal argentina que ahora se descubre malvinera. Esta expectativa refleja una fe peligrosa en que el alineamiento incondicional con Washington traerá recompensas territoriales o económicas como a un perro fiel. Ignoran que el "Corolario Trump" no busca socios estratégicos, sino peones útiles para su disputa global. Celebrar un guiño retórico en una conferencia de prensa mientras se entregan los resortes de la economía y los recursos naturales es el síntoma más agudo de esta ceguera política.

Por lo tanto, el desafío para las fuerzas soberanistas es doble y mucho más complejo de lo imaginado. Ya no se trata únicamente de resistir la presión externa y el modelo de tutelaje ensayado en Venezuela. El paso previo e indispensable es desarmar la ilusión local de que el sometimiento garantiza algún tipo de progreso. La interdependencia en materia energética, logística, productiva, tecnológica, científica y cultural sigue siendo la única puerta de salida real para nuestros países al sur del continente. Pero antes de poder tejerlas, habrá que recomponer un tejido político interno devastado, donde la idea misma de "región" ha sido reemplazada por una competencia feroz para ver quién ofrece las mejores condiciones de entrega. El invierno del poder imperial será crudo; el verdadero riesgo es que nos encuentre aislados y peleando entre nosotros por las migajas.