No fue una desgracia,

ni un error

ni una tragedia:

fue femicidio.

Se cumplieron ocho años del doble femicidio de Las Ovejas y la familia Apablaza continúa exigiendo justicia completa por un caso lleno de falencias, tanto en la etapa previa, como durante la investigación judicial y el posterior hecho luctuoso que se cobró la vida de Carina y la de su hija Valentina, en manos de Lorenzo Muñoz.

Si bien la justicia provincial destituyó por mal desempeño al fiscal Ricardo Videla y sancionó con –apenas- dos meses de suspensión, sin goce de haberes, al juez civil Carlos Choco, los hermanos de Carina, Miguel y Alejandra, decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideran que a lo largo de dicho proceso fueron víctimas de un acceso defectuoso a la justicia, de una inadecuada diligencia y de una prevención inexistente por parte de las autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia de Neuquén.

Es decir, no hubo medidas de protección, se vulneraron los derechos de la mujer y de la niña, se realizaron allanamientos tardíos y desordenados, se negó información sobre el operativo de búsqueda, y se trabajó sobre la única hipótesis de que el asesino estaba prófugo, aunque, llamativamente, se lo encontró sin vida a los 23 días del hecho y a solo 300 metros del lugar donde se produjo el doble crimen.

Frente a este cúmulo de irregularidades, durante el año 2018, la familia Apablaza presentó varias demandas que no tuvieron avances ni formulación de cargos o, en su defecto, fueron rechazadas porque “no se encontró falta de idoneidad en los funcionarios judiciales”, como la denuncia penal al subsecretario de seguridad de la provincia, Gustavo Pereyra, al comisario Cuadrado y el pedidode Juicio Político y Jurado de Enjuiciamiento al fiscal general José Gerez y a la fiscal Sandra González Taboada a quien recientemente, además, el fiscal federal Gustavo Villanueva, le abrió un expediente para tratar de determinar si incurrió en algún delito cuando tuvo intervención en la causa que se siguió sobre la desaparición forzada del estudiante Sergio Avalos.

La provincia de Neuquén cuenta en su haber con una larga lista de crímenes que, si no hubiera sido por el reclamo y el accionar de las personas damnificadas y la lucha de los organismos de derechos humanos, no se hubiesen esclarecido ni mucho menos avanzado con la delimitación de responsabilidades en los máximos niveles de decisión.

Negligencias que han provocado enorme daño y dolor a las familias y allegados de las mismas y que le ocasionaron desembolsos económicos importantes al erario provincial.

Esperemos que esta vez el Estado Argentino y la provincia de Neuquén -a quienes la citada Convención les trasladó la denuncia, después que se agotaron todas las instancias posibles-, actúen en consecuencia y cumplan con todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que Argentina firmó y la comprometen constitucionalmente.

En el año 2025 la provincia de Neuquén ocupó el tercer lugar en el ranking nacional de femicidios y registró más de 500 situaciones de violencia familiar y/o de género, la mitad de ellas con episodios de alto riesgo.

Una justicia competente, eficaz e incontaminada por el poder político de turno y que contribuya a la reconstrucción de la moralidad institucional y a la recuperación de la vapuleada credibilidad pública, sigue siendo una deuda pendiente.