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La característica distintiva de este gobierno ha sido el ajuste del gasto para lograr el publicitado “déficit 0”, aunque este último en realidad se obtuvo bajando el gasto público, pero, también, con lo que se denomina “contabilidad creativa”, por ejemplo, no contabilizando como gasto los intereses capitalizados. Los gastos reales disminuyeron (2025 respecto el 2023) en 38.000 millones de dólares según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, equivalente al 6,5% del PBI. El mayor peso de la disminución estuvo en manos de la Nación (5,1 del PBI, fundamentalmente partidas orientadas socialmente, como las jubilaciones o los subsidios a los servicios públicos), mientras que las provincias aportaron el 1,1% y las municipalidades el 0,3%.

Es sabido que el gasto público tiene un efecto multiplicador sobre el producto; en caso de disminución del gasto ese efecto es negativo. En nuestro caso este efecto, en los grandes números del PBI, pasaron desapercibidas debido a 1- la comparación con los años inmediatos interiores, donde el agro venía de un ciclo de baja producción por sequía; 2- el aumento de la actividad financiera, que ocupa poca gente y 3) fundamentalmente, el auge de Vaca Muerta en la producción de hidrocarburos. Eso les permitió mostrar una tasa de crecimiento del PBI levemente positiva pero que esconde un profundo drama interno.

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El ajuste del gasto tuvo como principal destino áreas muy sensibles en lo social, bien porque ofrecían poca resistencia (caso de las jubilaciones) o bien porque en el ideario neoliberal del anarcocapitalismo no son función del estado sino problemas personales que debe solucionar el mercado (individualmente o con un sistema de seguros): educación, investigación científica, salud, asistencia social, discapacidad. En este aspecto fue demostrativo el veto presidencial a la ley de financiación universitaria y de emergencia ante incapacidad; caído el veto, contra todo principio de respeto institucional y de división de poderes, por decreto, resolvió desconocerlas y, luego, metida en la ley de presupuesto, derogarlas. Felizmente fracasó en su intento y ahora la justicia ordenó su cumplimiento.

Así, el gasto real en el funcionamiento universitario disminuyó un 34% respecto a 2023 mientras que el presupuesto para las escuelas técnicas en 2025 se ejecutó sólo en un 10,8%. (La lógica gubernamental debe ser ¿Para qué formar técnicos en un país que se está quedando sin industrias?)

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Por el ajuste en los dos años se perdieron 235.000 empleos en el país (100.000 públicos y 135.000 privados, especialmente en la industria y la construcción). El salario real es un 5% menor que en el año 2023 y el 23% menor que en el 2015. Tomando sólo los salarios públicos, estos perdieron el 14% en los dos años.

Según “El Economista” (6-10-25) cerraron 16.323 empresas a junio del 2025 (lo que da 28 empresas por día). La industria está trabajando al 57% de su capacidad.

El “industricidio” afecta especialmente a las Pymes que son la principal fuente de trabajo en el país. Si esta política continúa, Argentina se va a transformar en un país de producción primaria donde, como decía Aldo Ferrer, sobra la mitad de sus habitantes.

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En los dos años el gobierno ha tenido diversas políticas monetarias: 1) Devaluación a lo “bruto”, emulando al famoso Rodrigo de 1975: en diciembre del 2023, recién estrenado, ordenó una devaluación del peso del 118% (el valor del dólar pasó de $ 366 a $ 800) generando una inflación del 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y así sucesivamente… 2) Devaluación anunciada del 2% mensual, en una reedición de la tablita de Martínez de Hoz bajo la suposición de que la inflación va a tender a ese límite; 3) Reducción del ajuste al 1%, con el objetivo de “planchar” el valor del dólar y la inflación. El resultado fue un fuerte atraso cambiario y la vulnerabilidad en el sector externo; 4) Establecimiento de bandas monetarias para el valor del dólar en el año 2025: mínimo $ 919 y máximo $ 1.522, que se ajustaban a razón del 1% mensual; 5) Ante el fracaso de las bandas y por presión del FMI y de Estados Unidos, ahora los límites de la banda se ajustarán por el índice de inflación con el fin de evitar el atraso cambiario. Es decir, se invirtió la relación causa-efecto: la variación del tipo de cambio no se espera que determine a la inflación sino que ésta va a indicar el valor del dólar. Pareciera que, para el futuro inmediato, han decidido dejar de lado el lema “inflación 0” para aceptar una inflación mensual de unos 2,5%.

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Esta semana inundó a las redes la foto de Federico Stuzenegger y Patricia Bullrich del año 2015 con un letrero que decía: “Inflación del 2,4%”, con lo que mostraban el fracaso de la política económica de Cristina Fernández de Kirchner. Año 2025: ambos celebraron el dato de la inflación del 2,5% de noviembre, que muestra el éxito de la política económica de Milei. Doble vara, que le dicen

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El neoliberalismo (Videla con Martínez de Hoz, Menem con Cavallo, Macri y ahora Milei) apuestan a la apertura económica en lo que llaman “integración al mundo”, despreciando la integración con países de la región con un desarrollo similar (Mercosur), cuando con las grandes potencias desarrolladas no podemos competir, lo que lleva necesariamente a la desindustrialización del país. Otra consecuencia de la apertura económica indiscriminada es el endeudamiento externo, agravado en el caso de Milei por el uso del ancla cambiaria, que le impidió reunir reservas para cumplir con las obligaciones externas. El modelo funciona solamente con más deuda. De lo contrario estalla, como ocurrió en el año 2001.

En la actualidad la deuda externa bruta total es de 316.935 millones de dólares, un récord (era de 167.412 millones en el 2015, cuando dejó el gobierno Cristina Fernández). Estamos más endeudados con los organismos internacionales que Ucrania, (92.964 millones), 65.000 millones sólo con el Fondo Monetario Internacional, tomados por Macri y completado por Milei.

Hay vencimientos por 4.700 millones en enero próximo, 12.200 en el año 2026 y 18.800 (millones) en 2027. Y no existen reservas para afrontarlos, sólo la esperanzas en el Fondo y en el humor del Sr. Trump. Por eso el “riesgo país” está a 575 puntos (lo que significa que a la tasa básica de interés se le suma 5,75 puntos; en la última colocación de deuda de 1.000 millones de dólares el país debió pagar intereses del 9.76%), aunque el riesgo país estuvo con este gobierno mucho más alto.

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Al cierre de los dos años, la preocupación gubernamental se centra en la reforma laboral cuyo objetivo declamado es generar trabajo legal, aunque la experiencia histórica muestra que esto no ocurre. Su objetivo real es bajar costos para atraer inversiones. Según los especialistas “Esta reforma va a contramano de la experiencia que están transitando otros países, incluso en Latinoamérica. Mientras México, Chile o Brasil están revisando sus normas para reducir la jornada de trabajo, proteger al empleado y adaptar las condiciones de trabajo… esta reforma plantea exactamente lo contrario” (Página 12, 14-12-25).

La experiencia histórica y las estadísticas muestran que el crecimiento del empleo depende de la actividad económica y esta de la demanda global. Más del 60% de la ocupación laboral depende de las Pymes y mientras éstas sigan cerrando, y por más leyes que se aprueben, no habrá crecimiento de empleo genuino.

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Más que a un balance estas notas nos llevan a una pregunta ¿Qué país quedará dentro de dos años, con una política así?