El "estado profundo" debió recurrir a un hombre al que convenía escribirle un libreto que enfatizara el histrionismo como sustituto de la representación: fue preciso impostar violencia discursiva ante la impolítica nocividad de un programa imposible de imponer como fruto de un diálogo racional y razonado acerca de las necesidades actuales de la Argentina y los argentinos. Se trataba de aparentar lo antisistémico para calzar con las urgencias emocionales de una turba que venía malherida por las mismas políticas que Milei, ahora, era llamado a implementar incluso a mayor escala. No eran las malas prácticas de ninguna "casta" lo que se venía a erradicar.

Por caso, un acusado en la causa Andis les decía a sus cómplices: “Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. Cuatro años más de gestión. Después, todos a Tenerife”. Estas aladas palabras las pronunció -según lo consigna el diario La Nación del 10/12/25- el médico Pablo Atchabaián, que estuvo con prisión preventiva en su casa de Mendoza hasta que la Sala II de la Cámara Federal dispuso su libertad evaluando que no había riesgo de fuga.

Este urólogo era funcionario de la Andis y, según el mismo matutino, «aparece como líder del “Grupo Museo”, un grupo de WhatsApp cuyos integrantes parecían estar desde 2022 a la pesca de negocios en el Estado»; además, habría que consignar que toda esa camándula enquistada en la agencia estatal para la discapacidad, era monitoreada por el benemérito "Lule" Menem quien, a su vez, tenía como jefa a la hermana del presidente de la Nación.

Otro caso que exhibe la buena salud de la casta es el del gobernador Osvaldo Jaldo. a quien ya le han estado ofreciendo una transferencia de ATN generosa que el tucumano devolverá también generosamente con el apoyo de sus legisladores a la reforma laboral. Este Jaldo es el que, cuando creyó que Milei estaba acabado por las ya célebres coimas del 3% de su hermana, prometió públicamente "cortarle la melena al león". Y lo peor de todo es que tipos como éstos -y como el inefable Daniel Scioli o el no menos inefable Floro Randazzo- actúan dentro del peronismo como militantes de causas populares.

La circunstancia calificante de todo esto es que el peronismo, así como van las cosas, llegará a las presidenciales de 2027 discutiendo entre cristinistas y axelistas, lo cual debería dar un envión adicional a la reelección del actual presidente. La circunstancia es agravante tanto más por el hecho de que cualquiera de esas dos opciones parece, hoy, perdedora en Córdoba y Santa Fe; y con la provincia de Buenos Aires ganada por un pelito no alcanza... y si es que se gana. Los escenarios adversos siempre se pueden transformar, pero para eso es necesario tirar todos para el mismo lado, un dictamen que podría suscribir Perogrullo.

También como van las cosas, todo indica que 2026 será un año político durante el cual cobrará actualidad mediática el tema de la libertad de CFK, indulto mediante y, con ello, la posibilidad de una nueva candidatura suya. Una discusión y negociación previa y ligada a lo anterior será la atingente a la nueva composición de la Corte Suprema. Una corriente de opinión fuerte en el gobierno está a favor del indulto y de competir contra la ex presidenta en 2027, pues profesan la semicerteza de que a ella le ganan fácilmente una elección presidencial. Es temeraria esa convicción; pues en qué estado llegará el electorado a 2027 es lo que decidirá esa elección y hoy es demasiado pronto para dar por hecho un conjetural triunfo dentro de dos años. De todos modos, nada de esto significa que Kicillof sea una carta ganadora.

La gravedad de esta situación estriba en que no hay recuperación ni programa político para compensar tanto desarme ideológico. Estamos frente a un poder negocial que gobierna el país por medio de un delegado dispuesto a todo y sin nada que perder. Dispuesto a todo significa que lo empujan a realizar un libreto que flirtea en los límites de la legalidad, como es la pretensión de sancionar a diputados o senadores que voten de tal o cual manera ("a favor del déficit fiscal" dice el libreto empresarial que recita Milei). Proponen "prisión" para tales casos, y la prisión es una de las cuatro únicas sanciones que contempla el código penal (junto a la reclusión, la multa y la inhabilitación), al que habría que incorporar, para viabilizar semejante disparate, una nueva tipicidad descriptiva de una nueva conducta punible; pero castigar lo que siempre es opinable choca con la Constitución, con tratados de los que la Argentina forma parte y hasta con el sentido común. Pero el solo hecho de que puedan pensarlo en voz alta ya es más que una prueba indiciaria: es la certeza de que éstos son mandatarios de un poderdante que podrá llamarse de cualquier modo pero lo central es que se torna evidente para qué bloque trabaja el gobierno. Por ejemplo: alguien puede presentar un proyecto de ley creando un nuevo organismo de la administración centralizada o descentralizada del Estado y, en el texto de ese proyecto de ley, decir que se financiará con la mayor recaudación devenida del mejoramiento de la macroeconomía (que es el argumento usado por el gobierno para el recorte de fondos a la Anses en la reforma laboral). Y eso podrá ser impugnado con argumentos de la economía, pero jamás podría ser un delito penal, que es lo que dice Milei en el colmo de la ignorancia, tal vez inmerecida, que debe soportar la Argentina. El punto duro de la ciencia política, aquí, es que esa ignorancia está legitimada por la "voluntad" popular.

El fondo de las cosas, así, es el poder y qué bloque lo ejerce. Y tampoco se trata del poder de hoy sino de cómo se consolidará el bloque clasista en el poder para que el corporativo financiero-rural-industrial siga ejerciendo su hegemonía y dominación en el Estado y en la sociedad civil, bien entendido que "hegemonía" y "dominación" son conceptos que operan en el plano cultural, plano que siempre nos remite a con qué medios de comunicación contamos para difundir lo que ocurre.

La derecha tiene definida con claridad -no es posible saber hoy si también con eficacia- su estrategia de poder de cara al futuro. Acerca del bloque objetivamente opuesto advertimos sobre el error de decir que carece de estrategia, porque ni siquiera existe: lo popular-proletario se ha difuminado y permanece, en estado de latencia, como pura posibilidad en busca del texto que le permita desenvolverse como actor de una tragedia que lo requiere para realizarse como representación en un contexto coyuntural marcado por lo que viene actuando el gobierno en materia laboral y de derechos humanos. Cómo se para el Estado hoy frente a la clase obrera y frente a los organismos de derechos humanos, es algo que hay que leer en clave de pura políticaconcentrada.

Debilitar la fuerza laboral y usar a las fuerzas armadas en caso de rebelión espontánea y generalizada son puntos del programa en esta versión ultra del neoliberalismo. Con esas políticas se tensa el músculo del Estado, preventivamente, contra lo único que puede autoconfigurarse, en el futuro, como obstáculo para operar con eficacia en los probables escenarios que se dispararían, en la Argentina y en la región, ni bien las consecuencias de estas políticas se acentúen sobre el cuerpo social y precipiten, sobre la coyuntura, la crisis de la ingobernabilidad en un contexto en el cual aquellos organismos, con su sola presencia, avivan la memoria, pues le recuerdan al pueblo, constantemente, que los militares en la calle conducen a Videla. Su desfinanciación no se debe a mero odio. Es política concentrada; una política de largo plazo. Ni lo simbólico debe quedar en pie.

Esta ingobernabilidad puede también, cómo no, desplegarse en el escenario regional y ello dispararía ondas gravitacionales que agitarían todo el espacio continental desde Venezuela hasta el Cono Sur. Pero hay que saber que el auge de las derechas es una reacción global, no su turno histórico.

Para las derechas, tanto argentinas como continentales, el concepto de "modernización" nunca está ligado a la movilidad social y a la calidad de vida de la población, antes bien, lo identifican con la apertura de la economía. Y si esa apertura manda a la quiebra a buena parte del sector industrial, a eso lo llaman "consecuencias dolorosas" de la modernización... El caso es que sofismas como esos son tan nefastos para la Argentina que sus enunciadores no reparan (o lo hacen pero se hacen los que no reparan) en que sus políticas conducen al abismo de la primarización a un país que tiene con qué aspirar a otro destino. Nadie se hizo rico con la minería; y las commodities sólo dispararon un círculo virtuoso allí donde sirvieron de base para una acumulación de capital propio invertido enseguida en la incorporación de valor adicional a esos productos del campo o de la minería. Canadá hizo eso. Son tan nocivos estos tipos (que balconean el dolor ajeno desde los despachos de unas equívocas "consultoras"), que llegan a decir que en torno a la explotación intensa de los recursos metalíferos (oro, plata, platino, cobre, níquel) siempre pueden surgir "proveedores" de esas empresas mineras, y esos proveedores son los que "darían empleo". De este modo, como a los obreros mineros de la cordillera sanjuanina hay que darles de comer, seguramente surgirá allí un "delivery" en la zona que se encargará de vender las raciones diarias. Eso sin contar con que también puede aparecer algún otro "emprendedor" que instale, a la entrada del socavón, una parada de combis para trasladar al personal. Esas serían dos "pruebas" de que la minería genera empleo. Hay que ser un imbécil grave o algo peor para decir esas cosas.

La mirada estratégica del "estado profundo" doméstico apunta, peventivamente, al corazón de la movilización obrera y del movimiento de derechos humanos de la Argentina. Ninguna reforma laboral se hace para que crezca el empleo registrado. Ese es el argumento capcioso para engañar a la gilada o para esgrimir ante una dirigencia sindical proclive a la aceptación rápida de las razones patronales. Las reformas laborales se hacen para mantener vigente la tasa de ganancia de las empresas. O, lo que es lo mismo, para contrarrestar la tendencia a la baja de esa siempre esquiva ganancia. A mayor abundamiento, esta "reforma" no es para mejorar el nivel de empleo; es para fragmentar al movimiento obrero impidiendo los paros nacionales en la medida en que se encapsulan las medidas de fuerza acotándolas a una sola empresa. Por ejemplo: la UOM ya no representaría más a la específica "rama de actividad", esto es, los metalúrgicos de todo el país. Es una vuelta a los sindicatos por empresa que en su momento impuso Onganía (Sitrac-Sitram). Y en cuanto a los derechos humanos y según lo dicho antes, los organismos son los que pueden mantener vigente el alerta de la sociedad contra el regreso a la represión de las fuerzas armadas, que es lo que se halla preparando el gobierno con la designación de un militar en activo como miembro del gabinete. Se militariza el Estado de modo incipiente y paulatino como medida precautoria ante lo que podría suceder. Es la doctrina de la contrainsurgencia preventiva que lentamente comienza a desperezarse en la Argentina.

Los trabajadores activos, si bien se mira, todavía no han entrado en acción. Hasta hoy, sólo los jubilados luchan y con sus razones, siempre vigentes. La necesidad de alimentarse de un jubilado no deja de ser una oportunidad de negocios para los bancos que, no obstante tienen la caradurez de decir que le están haciendo un favor al jubilado cuando le imponen la tarjeta de crédito como condición para cobrar el estipendio en ese banco. Así, cada compra que hace el "beneficiario" de la tal tarjeta es un préstamo de efectivo que le hace el banco, por el cual, cuando llega el resumen mensual, le cobra un interés igual al doble de lo que gastó en su compra. Todos los gobiernos fracasaron a la hora de ponerle el cascabel al banco, obligándolo a reducir los intereses en estos casos. Una tasa bancaria tira más que un carro de bueyes. La ley de entidades financieras es lo que reclama reforma, no la de Contrato de Trabajo (LCT).

Todo esto ocurre por numerosas razones, pero hay una muy relevante: el mayor logro del sello LLA resultó ser que le brindó a una parte de la sociedad la posibilidad de disfrazar de opinión política el racismo y la discriminación que dormían en el subconsciente colectivo. Pero también es cierto que este gobierno tiene consenso no porque ganó la batalla cultural sino porque la perdió el "campo popular" que, digámoslo sin ambages, tuvo mucho tiempo para triunfar y consolidarla.

Los porqués del tiempo perdido constituyen materia, de modo muy evidente, para saldar la discusión autocrítica de cara al futuro. Y el futuro, alguna vez, deberá ser construir, no elegir.