En situaciones políticas como las que hoy vive la Argentina, hay urgencia de que se detenga la sangría que ocasiona la pérdida de su soberanía política. Soberanía vulnerada por un programa económico que remata sus inmensos recursos naturales para contraer una deuda externa impagable y arriesga su propia viabilidad como Nación independiente.

Para que ese colapso se produzca, la democracia opone obstáculos institucionales que hoy son fácilmente violados sin que ninguno de los poderes de la República atine a detener un dispendio de valores materiales y simbólicos que se esfuman en la cotidiana realidad.

El problema no es la falta de previsión en los institutos de control que están en la Constitución Nacional, más vale es la omisión en hacer cumplir sus mandatos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que resguarda el cumplimiento de nuestra Carta Magna, pero no actúa ante los numerosos casos en que se ha aludido a la anticonstitucionalidad de medidas que ha tomado el PEN y, al no actuar ni siquiera los fiscales, la existencia institucional pierde todo mecanismo de defensa, como debería ser la práctica en una Nación organizada.

En reiteradas ocasiones han sido derogadas leyes mediante decretos, se ha constituido nueva deuda de varios organismos multilaterales sin autorización del Congreso. Se ha probado la participación del Poder Ejecutivo Nacional en situaciones de flagrante estafa a la población, como en el caso $Libra, de la criptomoneda y la participación de altos funcionarios en la percepción de coimas por la compra de medicamentos en el ADIS. Y últimamente la vinculación de Milei con candidatos de su partido con afinidades con el narcotráfico.

Siempre se ha sostenido que en Argentina no se respetan las leyes y las normas que sancionan los organismos colegiados que representan los intereses de los ciudadanos. Se ha avanzado tanto en esa falencia que ahora la negada es la propia Constitución Nacional, que es la ley de leyes y que compete a la Suprema Corte la vigilancia de que las acciones del Ejecutivo la observe.

La institución del juicio político también está inscripta en la norma de mayor jerarquía, pero su organización es larga en el tiempo y de compleja factura institucional. Además de que en esta instancia todo depende del número de legisladores que presten acuerdo para llevarlo a cabo.

Milei ha hecho y conformado un mandato con características bizarras tan crueles y estúpidas como el espectáculo que protagonizó en el Movistar Arena del que se pueden decir muchas cosas y cito a continuación el texto de Sergio Zabalza que publicó Página 12 sobre el estado de Salud Mental de la sociedad argentina en esta grave situación psico social.

“Pero quizás convenga empezar por ubicar el efecto que ese show generó en nuestro terruño criollo. Mezcla de desasosiego, vergüenza ajena, incomodidad, bochorno, embarazo, pena. Pero es una pena infinita. Como un túnel que se quedó sin puertas de salida y para el cual solo resta dar marcha atrás. La dura tarea de asumir que estamos siendo gobernados por un sujeto encerrado en sí mismo y cuyo solo propósito es arrastrarnos al desastre definitivo. Esto es: nuestro país se encuentra en un estado desesperante y el responsable de la conducción política se muestra triunfador, exultante, eufórico, blandiendo un texto que lleva como nombre “El milagro argentino”. Es lastimoso, por no decir aterrador. El avión pierde altura y el piloto como si nada. Claro, siempre queda el expediente de mirar para otro lado con el fin de evitar el dolor. ¿Qué oscura satisfacción media entre asumir lo insostenible de nuestra actual situación y el “fingir demencia” hasta el choque final?”

Por impotencia democrática queremos significar que la formalidad de los textos legales indican un mandato que la realidad política omite corresponder. El resultado es un clima social lindante con la locura y la desesperación a la búsqueda de que se detenga de una vez la fuente que provoca el daño.

Los mecanismos existen pero las adhesiones corporativas entre pares obstruye lo que una mayoría vive como intolerable realidad política y se frustran en minoría las intenciones de cortar el flujo maléfico que proviene del Ejecutivo, nada se modifica y el daño se profundiza y amplía.