En esta columna venimos insistiendo en que la inflación, como lo saben quienes han estudiado economía, no es una enfermedad en sí, sino que se trata de un síntoma de desequilibrios macroeconómicos; es decir, no existe un solo tipo de inflación y, por lo tanto, no existe un solo tipo de remedios que la solucione. Hay que estudiar cada caso y establecer cuáles son las causas que la originan.

El párrafo anterior viene porque se suele escuchar que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que está causado por un exceso en la emisión monetaria. Y eso no es siempre cierto.

En la Argentina contemporánea la inflación es una consecuencia de la puja por la distribución del ingreso, una expresión de la lucha de clases. La mayor parte de los precios son fijados o bien en mercados externos, en función del tipo de cambio, (bienes exportables o importados: Argentina es “tomadora de precios”) o bien, en el caso de los producidos internamente para la venta en el país, el precio se fija en mercados oligopólicos (pocos vendedores) en función de costos y tasa de ganancia. En algunos casos, de productos primarios, el mercado es oligopsónico (dominado por pocos compradores, que fijan el precio).

Es decir, el nivel de precios y sus variaciones depende del valor del dólar (tipo de cambio), de los componentes del costo de producción, especialmente de los salarios y de las tarifas de servicios (energía, transporte y otros insumos), además de la tasa de ganancia que aplican los empresarios.

El actual gobierno, al asumir en diciembre de 2023, produjo una enorme devaluación del peso (118.6%, la mayor de la historia argentina) que generó una alta inflación (54% en los precios mayoristas de diciembre, que se trasladó a los precios de consumo minorista: 25,5% en diciembre, 27,6% en enero del 20245, 14% en febrero…).

Luego la inflación fue bajando hasta alrededor del 2% mensual, lo que fue presentado como el mayor logro de esta administración Se consiguió merced a un dólar “planchado”, a un límite del 1% mensual en la actualización de sueldos en los convenios colectivos de trabajo, a las tarifas de servicios, que también fueron “planchadas” hasta las elecciones, luego de las cuales hubo compromiso de actualización, y a que la recesión, con la caída de demanda global que significa, puso freno al porcentaje de ganancia en la fijación de precios.

Mientras la economía argentina enfrenta tres grandes grupos de problemas:

1*La economía real está en recesión. La caída del gasto en obras públicas y el ajuste del gasto global por parte del estado, que fueran el motor impulsor de la economía, no fueron reemplazados por ninguna otra actividad privada. Esto no repercutió totalmente en el nivel del producto bruto debido al agro, que se recuperó de una larga sequía, y del petróleo de Vaca Muerta (logro de la renacionalización de YPF), que favoreció en especial el ingreso de sectores concentrados o de trabajadores con sueldos altos. Para la mayoría el ingreso real cayó y con él la demanda global y el consumo. El resultado fue la recesión (a junio de este año cerraron 16.323 empresas con 236.000 empleados; según un estudio, el salario real actual promedio equivale al 77% del existente en diciembre del 2015).

2*En el plano monetario se priorizó el mantener “planchado” el valor de dólar, destinando a tal fin los recursos provenientes del comercio externo y de los préstamos recibidos, en lugar de acumular reservas previendo los pagos de deuda y para dar estabilidad a la moneda nacional. Se cometió el mismo error que el acontecido durante el gobierno de Macri: esos recursos terminaron “fugados” al exterior por las clases de alto ingreso (incentivados por la falta de rentabilidad de las eventuales inversiones debido a la recesión) o como ahorro “bajo el colchón” para el excedente de las clases medias.

3*Una deuda externa agobiante, tomada irresponsablemente y con dudosa legalidad, que hipoteca al futuro del país.

Según ha trascendido, a partir de ahora habrá un cambio fundamental en la política económica, impulsado por Estados Unidos y por el FMI: se priorizará la acumulación de reservas aumentando la cantidad de moneda nacional en circulación (hasta ahora ese dinero fue neutralizado con la emisión de deuda en pesos). Se espera así que se asegure a los acreedores internacionales el cobro de sus créditos y que la monetización ayude a la recuperación económica por baja de la tasa de interés y mayor liquidez.

Suponiendo que ese trascendido sea cierto, es difícil que se cumplan las consecuencias esperadas: es probable que el dinero se vuelque al dólar (para el atesoramiento o fuga, que no se debería “al miedo al resultado de las elecciones”, como algunos sostienen, sino que se trataría de una conducta estructural de nuestras clases superiores) con lo que subirá la cotización del dólar y aumentará la inflación mientras la recesión económica se profundizará.

Tampoco sería solución la aspiración del ministro Caputo de, mediante la disminución del riesgo país, volver al mercado internacional de capitales: la financiación con deuda del desequilibrio económico posterga, pero agrava el problema y la crisis.

Los problemas actuales de la economía argentina son similares a los que ya soportó en las otras experiencias neoliberales, en los’70 con Martínez de Hoz y Videla, con la convertibilidad terminada en el año 2001 y con Macri. Todas terminadas en fracaso.