La secretaria general de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUC), Silvia Brouchoud, dijo que la no implementación de la ley de financiamiento universitario por parte de Javier Milei “es la consolidación del desfinanciamiento” que ahoga a las universidades nacionales desde diciembre de 2023 y admitió que los gremios docentes universitarios y el Consejo de rectores evalúan ir a la Justicia contra la decisión presidencial.

Los docentes y no docentes universitarios de todo el país habían celebrado la sanción legislativa de la ley de financiamiento, una ley que fue aprobada cuatro veces por las cámaras del Congreso. Pero en su decreto de promulgación, el presidente Milei determinó que no la aplicará.

Brouchoud habló con del tema, en medio de un intenso plan de lucha que amenaza con extenderse hasta fin de año.

En la UNCo no se detiene la fuga de docentes –muchos con larga trayectoria y reconocimientos académicos- hacia otros sistemas educativos o directamente otro ramo laboral.

-¿Cómo evalúan los docentes universitarios la no implementación de la ley de financiamiento universitario, aprobada cuatro veces por el Congreso, por parte del gobierno nacional?

-Lo evaluamos como de una gravedad democrática-institucional muy grande. Nosotros entendemos que la ley tuvo un amplio respaldo tanto por parte de la sociedad como por parte del Poder Legislativo y se aprobó en una primera instancia con los votos de las dos cámaras y se aprobó, luego de ser vetada, por una amplia mayoría, más de los dos tercios, y el gobierno la promulga y al mismo tiempo suspende su aplicación. Más allá de lo que se puede considerar como cuestiones políticas del gobierno de Javier Milei, en términos más generales reviste una gravedad institucional muy grande y roza la ilegalidad, en términos de que el Poder Ejecutivo no debería desconocer tan livianamente lo que es aprobado por el Legislativo.

-¿Hay consenso en otras jurisdicciones para efectuar un reclamo enérgico, fundamentalmente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)?

-Sí, hay consenso en llevar adelante una medida judicial correspondiente. Se está analizando dónde y cómo corresponde presentarla. Se evalúa si se hace de todo el frente sindical en conjunto o si la hace cada federación docente y no docente por separado. También se analiza si corresponde que la haga el CIN o individualmente cada uno de los rectores de las universidades. Esa decisión tiene que ver con cuál es la mejor estrategia legal para que el reclamo tenga curso y se logre el cumplimiento de la ley. Todo eso se analiza en estos días. Por más que nosotros podíamos llegar a imaginar que esto podía pasar, es decir la no aplicación de la ley, se necesitaba si o si del decreto que la suspende para tener la letra concreta con los argumentos que usa el Ejecutivo para tomar el reclamo.

-¿Qué argumentos tiene el decreto?

-El decreto recupera los artículos de la Ley, y recurre a otra que dice que no se pueden aplicar normas que no digan claramente cuál será su fuente de financiamiento. Al mismo tiempo reconoce la pérdida salarial de los docentes y no docentes porque el decreto dice que los docentes han recibido, entre diciembre de 2023 y julio de 2025, un incremento del 128 por ciento, pero la inflación acumulada en ese período es del 220 por ciento, o sea que si debiéramos actualizar sus salarios tendríamos que actualizar un 40,25 por ciento. El propio gobierno reconoce la diferencia que hay entre salarios e inflación. Y en uno de los últimos artículos establece que se devuelve al Congreso de la Nación para que sea el que diga cuál va a ser la fuente de financiamiento de la ley y que se debiera debatir en el marco de las discusiones que se darán en el Congreso de cara al tratamiento del Presupuesto 2026.

-¿Cuál será el impacto en el funcionamiento de la Universidad del Comahue?

-El impacto por no aplicarse la ley es consolidar el desfinanciamiento que venimos sufriendo. La ley nos permite recuperar y recomponer lo que hemos perdido en presupuesto, salarios y becas, durante 2024 y 2025. Nada más que para eso. En caso de que esa ley no se aplique, se consolidan: la pérdida salarial, de becas y de funcionamiento. Si a eso le sumamos que en el Congreso se va a debatir una ley de presupuesto para 2026, que la propone el gobierno nacional, y que en ese mismo proyecto de presupuesto el gobierno pretende destinar a las universidades nacionales 4.8 billones de pesos para su funcionamiento cuando las universidades pidieron, para el 2026, 7.3 billones de pesos. Es decir que ese presupuesto va a otorgarles a las universidades la mitad de lo que necesitan para funcionar. Creo que el impacto será desastroso. Vamos a estar mucho peor que este año, con menos financiamiento y con más docentes que se van a ir de la Universidad porque no van a poder vivir con los salarios que tenemos.

-Hace unos meses hablamos sobre la fuga de docentes y la deserción de alumnos. ¿Hoy se mantiene en esos niveles?

-Seguimos todos los meses acumulando renuncias a cargos docentes y con muchas dificultades para cubrir las vacantes. Las vacantes se cubren por concursos de evaluación y ante esos concursos no se presenta nadie. Así seguimos teniendo asignaturas que, o no se pueden dictar, o se dictan con una sobrecarga de trabajo muy grande para los docentes que ya están, con una desproporción muy alta entre cantidad de estudiantes y cantidad de docentes. La migración de docentes a otros trabajos, a otros sistemas educativos u otros nichos laborales, se sostiene y estoy convencida que si la situación no mejora, va a empeorar porque hay muchos profesores que dicen que se quedan en la Universidad porque estudiaron a acá, porque la quieren, pero si les sale un trabajo mejor, se van. Y están esperando una oportunidad laboral para dejar la Universidad. Y eso no es repudiable, porque tienen que tener un sueldo que les permita resolver sus necesidades y hoy la Universidad no está siendo un trabajo que les permita vivir tranquilamente. Quienes pueden, se van; quienes todavía tienen otra herramienta, tal vez se quedan. Y quienes tienen menos carga docente se están quedando porque pueden complementarlos con otros trabajos, a costa del pluriempleo o de auto explotarse.

-¿Qué va a pasar con la pauta salarial de lo que resta del año y del próximo para el sector?

-Venimos con una pauta salarial de hace un año en que el gobierno nacional no nos convoca a paritarias. Todos los incrementos salariales fueron otorgados por decreto. La última actualización salarial que tuvimos la anunció el gobierno en agosto fue ese famoso 7,5 por ciento que nos iban a otorgar entre junio y noviembre. Es lo mismo que le dieron a los estatales nacionales, excepto que a nosotros nos lo anunciaron en agosto. Entonces, como pauta salarial tenemos, entre junio y noviembre de este año, un aumento del 7,5 por ciento que si lo dividimos por 6 nos da 1,2 por ciento mensual. Ese es el incremento que estamos recibiendo. Ese fue el aumento en el último salario que recibimos, y con un bono no remunerativo ni bonificable de 20 mil pesos para los que tienen cargos con dedicación exclusiva, de 10 mil pesos para los que tienen cargos con dedicación semi exclusiva, y de 5 mil pesos para los docentes con dedicación simple. Y a esta altura del mes, no tenemos ninguna novedad del instructivo de liquidaciones para conocer con qué aumento vendrán los salarios de octubre. Si nos llevamos por ese cálculo, será del 1,2 por ciento.