Se ha vuelto a afirmar que los partidos políticos nacionales van a desaparecer y que solo existirán los partidos provinciales.

En un alarde de justificar un orden jerárquico inverso en la ponderación de la importancia de cada clase de partidos, se desplazan a los nacionales para exaltar a los provinciales, pero los dos son la expresión en general de la diversidad de ideas en la organización política de una sociedad.

Milité en un partido provincial muchos años y representé al pueblo de la Nación, durante dos mandatos. Al cabo pude aceptar y comprender la importancia de los partidos nacionales más allá que en alguna elección de distrito fueran superados por los partidos locales y que su eventual fracaso en la gestión posterga los anhelos de toda la ciudadanía, incluidos aquellos que fueran partidos provinciales. Lo que debería tomarse como los vasos comunicantes que ligan a ambas clase de expresiones políticas.

Los partidos nacionales, aun en crisis, deberían ser reconocidos por ser los que tienen la obligación de aportar una visión estratégica e integral de país y que sus propuestas son comprensivas de la heterogénea visión que se tenga de la Nación en su conjunto. Es que las políticas públicas abarcan a todas las provincias, más allá de sus peculiaridades y tarde o temprano ellas deben adaptarse. En especial en el plano económico financiero y en las políticas de desarrollo económico y social.

La insularidad no favorece a las mayorías populares y la representación internacional de una provincia por más beneficiada en recursos naturales que sea, por más representativa que sea, menoscaba la capacidad de negociación del ser nacional y el poder con que el país intenta hacer valer sus decisiones soberanas. La optimización de la parte no implica la optimización del todo. Y dentro del todo están la totalidad de las jurisdicciones provinciales.

Después de cada asonada militar, la salida de las fuerzas que detentan el poder de facto, miraban a las provincias para encontrar allí, en los líderes locales y sus partidos de distrito el atajo a las crisis que ellos mismos con la usurpación del poder democrático habían originado.

En Neuquén lo vivimos varias veces pero es digno de destacar que Felipe Sapag como líder político de la provincia nunca se dejó llevar por los cantos de sirena que mediante promesas de altos cargos le proponían.

Alguna vez me dijo, a mi pregunta si iría a integrar una fórmula presidencial con uno de los promovidos oficiales del gobierno militar y su respuesta fue la de un hombre que conocía sus limitaciones y devolvía con lealtad la persistente adhesión del pueblo de Neuquén. “No, acá me encuentro bien” agregó .

Es un desafío constante de los gobernadores provinciales impedir que los tomen como rehenes de gobiernos nacionales, para que apoyen con su influencia sobre los legisladores del distrito, las leyes que requieren cuando aquellos carecen de consenso propio en el Congreso.

Si esas leyes son un atentado contra la paz social, una exigencia de entrega soberana o una pérdida de derechos sociales y si esas leyes contradicen el propio programa político provincial, entonces debería negarse a dar apoyo a un gobierno antipopular que va contra los intereses de la ciudadanía de la provincia.

Esto ha venido ocurriendo en el año y medio de la gestión Milei. ¿Cómo puede, cabe preguntarse, superarse la situación si solo se cuenta con el poder de la menguada representación en el Congreso del partido provincial?

En estos casos resulta fundamental establecer que se puede ganar fuerza con aliados que sostienen una lucha por su propia identidad y la de sus electores, y dejar de ser víctimas de un chantaje.

Sabemos que las sanciones que se pueden recibir son la actitud de resistencia de fuerzas provinciales frente al gobierno nacional que suelen pasar por la restricción ilegal y autoritaria de recursos que efectúa el Poder Ejecutivo Nacional.

Habría que, finalmente, sostenerse en la dignidad acompañados de todos aquellos que no hacen de la vida política un poco conducente pragmatismo y sumar fuerzas a la lucha democrática para que la política no se base en la coacción, sino en el respeto de las normas establecidas que aseguren legítima previsibilidad al accionar público.