El viernes 28 de este mes, una vez más y quien sabe hasta cuándo, y quién sabe con qué consecuencias políticas para ella y para su libertad personal, la ex presidenta Cristina Kirchner deberá presentarse a declarar en un juzgado. Esta vez, será indagada bajo acusación de “saquear las arcas del Estado” durante su gobierno. Nada menos.

La citación en principio había sido fijada para el jueves venidero, día 20, pero se pospuso a pedido de la propia líder del kirchnerismo, por un trámite judicial ajeno a su gestión de gobierno y por el inminente nacimiento de otra nieta suya. (“Clarín” informó así de la postergación, el jueves de la semana pasada).

Entonces el 28, finalmente, la ex presidenta tendrá que comparecer ante el juez federal Julián Ercolini, el mismo que al cabo de seis años nunca avanzó en la investigación de las denuncias realizadas por las propias víctimas y por el gobierno kirchnerista en 2010, contra los empresarios periodísticos que durante la dictadura se apropiaron de la compañía Papel Prensa, en complicidad con el régimen genocida, despojando de la empresa a sus propietarios, que sufrieron secuestros y torturas.

En la causa por la cual se cita a indagatoria a Cristina Kirchner, impulsada por los fiscales ultra-antikirchneristas Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, a partir de una denuncia de la diputada -también ultra-antikirchnerista- Elisa Carrió, se le imputa responsabilidad a la ex jefa del Estado y a miembros de su gobierno en “la existencia de un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”. (Una de las noticias de cuando fue citada, en la fecha inicial del 20, puede leerse en el portal Infobae).           

Esta nueva presencia obligada de Cristina en un juzgado es una más de las maniobras de la corporación judicial, en su nuevo rol para combatir a las fuerzas y liderazgos políticos que encarnen construcciones de poder democrático y popular. La corporación judicial realiza hoy la tarea antidemocrática que en el siglo XX tuvieron las fuerzas armadas. Actualmente, los bloques de poder dominantes utilizan menos la violencia física (militar, policial, etc.) y esa función la desempeña en cambio la violencia jurídica, respaldada por los aparatos mediático-comunicacionales. 

Se trata de fenómenos nuevos en términos históricos, a los cuales se enfrentan todas las expresiones de la sociedad que, de distintos modos, procuran unir los procedimientos democráticos con la búsqueda de finalidades -objetivos, metas, logros deseados- acordes con los derechos populares y una mejor calidad de vida para cada persona y para el conjunto del pueblo.

Esto, al menos en la Argentina de esta segunda década del siglo XXI, provoca una encrucijada histórica. Porque cuando las actuaciones judiciales son contrarias a la ley, la Constitución y toda la estructura jurídica del Estado de Derecho, se produce una impotencia paralizante respecto de cómo enfrentar la impunidad de una corporación capaz de cometer las más grandes aberraciones pero revistiendo todo de ropaje legal y republicano.

Desde ser cómplice de la derogación de facto de leyes de la Nación por parte del gobierno macrista (casos ley de servicios de comunicación audiovisual para abolir las cláusulas antimonopólicas, ley de Inteligencia para darle a la Corte Suprema el poder de escuchar comunicaciones telefónicas en la investigación de delitos, ley de Tierras para facilitar la compra de suelo argentino por parte de capitalistas extranjeros, etc.), hasta convertirse ellos mismos en legisladores, como lo hicieron en 2013 cuando durante el gobierno kirchnerista abolieron en pocos días leyes de democratización judicial que afectaban directamente el corazón de su estructura corporativa, y dejaron vigente la legislación anterior, que era la que les convenía.

Desde perseguir con amenaza de meter presa a la ex presidenta Cristina Kirchner por maniobras posiblemente delictivas del empresario Lázaro Báez -que, de todos modos, deben probarse con las garantías del debido proceso-, hasta convertir en un delito penal una decisión de política monetaria como fue la venta de dólar futuro en el anterior gobierno y de ese modo, también, amenazar con la cárcel a la ex presidenta, a su ministro de Economía, y al entonces presidente del Banco Central, entre otros.

Desde condenar a la cárcel sin juicio previo a la dirigente social y parlamentaria del Mercosur Milagro Sala, hasta despachar con una sentencia de tres párrafos la demanda de ex soldados de nuestra Patria que palearon en la guerra de Malvinas y fueron torturados por los propios jefes militares de la dictadura argentina, como hizo la Corte Suprema presidida por Ricardo Lorenzetti en febrero del año pasado, de modo ultrajante y humillante para quienes arriesgaron su vida obligados por una dictadura genocida a ser combatientes en una guerra. (Puede recuperarse esa información en “Página 12” del 25 de febrero de 2015).

Eso sí: ante un último recurso que presentaron los ex combatientes, Lorenzetti y sus pares del tribunal volvieron a negarse a investigar las denuncias pero esta vez en lugar de tres renglones escribieron tres páginas, para ratificar que tan inmundos crímenes no serán investigados. Parece humor negro, pero es verdad. (Así lo informaba el 12 de mayo de 2015 “Infojus Noticias”, la muy valiosa agencia nacional de noticias jurídicas, creada en el ámbito del gobierno nacional durante el kirchnerismo, y que dejó de existir este año por decisión de la administración que encabeza Mauricio Macri).

De todo eso es capaz una corporación judicial desenfrenada, desbocada, sin límites, impune. Con un poderío inmenso, brutal y en extremo peligroso para los derechos populares y la convivencia en paz de los argentinos y argentinas.

Corrupción no es solo robar

La ciudadanía de convicciones democráticas, y como parte de ella las infinitas expresiones organizadas del pensamiento democrático de raíz popular que existen en la sociedad, tienen una matriz de pensamiento donde la (mal) denominada “Justicia” ocupa un lugar casi sagrado. Raramente hay cuestionamientos de fondo a la moral de los jueces, al uso indebido de la función que la sociedad les concede, a su carácter clasista -en el sentido de defender a las clases sociales dominantes-, a sus intereses ocultos, a sus frecuentes maniobras espurias, a sus mezquindades y miserias...

Es decir que no existe una crítica social generalizada hacia los jueces que pueden incurrir en actos de corrupción, entendiendo a esta en sentido amplio. No solo como la “corrupción” de robar dineros públicos, sino de corromper el ejercicio de un cargo mediante cualquier uso de la arbitrariedad, la vulneración de derechos, la violencia en sus múltiples formas explícitas o sutiles.

Para expresar con algún ejemplo cómo un juez podría ser corrupto aún si no robara, recordemos el encubrimiento del Poder Judicial en su conjunto -salvo excepciones honrosas, valientes y hasta heroicas- frente a los crímenes de la última dictadura. Quizás esos jueces no robaban, no se llevaban a sus bolsillos nada que no les correspondiera. Sin embargo eran corruptos en extremo, porque desde su función eran parte, por acción u omisión, de secuestros, asesinatos o desapariciones, torturas a las personas perseguidas o robo de bebés. Todo eso, quizás, sin robar un solo peso.

Pero para no ir a casos de otro momento histórico: también es corrupto un juez varón que es violento con su pareja mujer. O que, aún sin cobrar dinero clandestinamente, no se mete con los negociados de algún empresario grande porque es su amigo o mantienen relaciones cordiales. O que es un ferviente católico y cree que le haría mal a su iglesia si investiga a un sacerdote abusador de niños o adolescentes, y entonces no lo hace. Y los ejemplos podrían ser interminables...

Sin embargo, son una ínfima minoría los ciudadanos y ciudadanas, e incluso los referentes de la sociedad civil más politizados, ya sea pertenecientes a organizaciones o individualmente como personalidades influyentes en la vida pública (desde partidos hasta periodistas especializados en temas políticos, desde sindicatos hasta artistas reconocidos y comprometidos con el interés colectivo), que impugnan en lo esencial a la “Justicia”.

A propósito: en la propia manera de llamar al Poder Judicial, hay una trampa semántica sutil pero terrible. Justicia es uno de los valores más nobles creados por la humanidad a lo largo de toda su historia. Sin embargo, las relaciones de poder que a lo largo del tiempo y de la dinámica social van conformando la ideología y el discurso dominantes, han logrado que en todo el mundo -prácticamente en todo, si es que existe alguna excepción- la palabra “justicia” sea utilizada como sinónimo de ese poder del Estado.

La judicatura, es decir el conjunto de los jueces que integran un sistema judicial, han logrado históricamente en cualquier tiempo y lugar ser equiparados con semejante valor ético: la justicia. Eso los coloca, en el imaginario social, en un lugar de superioridad, allá arriba, inalcanzable en su pureza, casi sagrado, por encima de lo humano y con alguna proximidad hacia lo divino.

Por eso “judicatura”, palabra sin uso habitual en Argentina pero sí en otros países de habla castellana, como España, es un término más apropiado para usar como sinónimo de “Poder Judicial” que la palabra habitual “Justicia”.

Palabra que, para más detalles, la mayor parte de las veces se utiliza con mayúscula inicial. Así se hace más imponente todavía la “majestad” de los jueces y la “eminencia” de su misión, mientras inconscientemente se difunde la inferioridad del resto de la sociedad frente a ellos. (Acerca del significado lingüístico del término “judicatura”, puede leerse en el siguiente enlace la definición de la Real Academia Española de la lengua). 

Las convicciones democráticas de la mayor parte de la ciudadanía, al menos en nuestro tiempo y lugar, normalmente traen de contrabando un mito: el de “creer en la Justicia”. Seguramente es muy difícil romper ese mito. Pero al menos puede ser útil preguntarse: ¿En que “Justicia” la hicieron creer a tanta gente honrada del pueblo? ¿En la judicatura?

La corrupción en el ámbito judicial es tan posible como en las demás estructuras de poder. Como puede haberla -y es frecuente que la haya, aunque con particularidades específicas de cada caso- en estructuras de poder políticas, empresarial-económicas, policiales, militares, eclesiásticas, mediáticas, diplomáticas, sindicales, periodísticas, de la farándula, etc., etc. etc. Sin embargo, en el sentido común dominante que conforma el imaginario de la sociedad, se considera casi excluyentemente que “la corrupción” sólo es siempre “de los políticos”.

En la Argentina actual, y también en la mayor parte de Suramérica -Brasil es hoy otro ejemplo elocuente, como lo fue Honduras en 2009 cuando la Corte Suprema derrocó al presidente Manuel Zelaya, o Paraguay en 2012 cuando los jueces avalaron el derrocamiento parlamentario del presidente Fernando Lugo- existe un nuevo desafío para la construcción democrática y popular: comprender que el Poder Judicial de verdad -no el idealizado por el mito-, o sea la judicatura realmente existente, es parte de un sistema de poderes, que está conducido por una fracción que integra el bloque dominante, y que en muchos casos puede ser tan degenerado y antidemocrático como cualquier otra estructura o institución corrompida de la sociedad o del Estado.