El plan de gobierno de Milei parece limitarse a llegar a octubre con una tasa de inflación muy baja mientras sigue agitando la bandera del supuesto superávit fiscal logrado mediante un crudo ajuste del gasto y la inversión.

Para lograr eso 1) mantuvo “planchado el dólar”; 2) Evita la actualización de los salarios, limitando los aumentos, que no reflejan el incremento en el costo de vida; 3) abrió la importación de artículos de consumo importados para mantener a raya los precios de la producción local, mientras 4) se evita la inversión en obras y empresas públicas y continúa el ajuste del gasto especialmente en el área social (educación, salud, asistencia social) pero no en “seguridad”.

Pero, como dice Milei, en economía todo tiene un costo.

La cotización muy baja del dólar “planchado”, que se usa como arma antiinflacionaria, implica 1) caída de las exportaciones, en especial las de origen industrial que no pueden competir por sus costos; 2) aumento de las importaciones, incluso de bienes que se producen en el país o artículos de lujo superfluos; 3) aumento de los viajes y de las compras al exterior. En julio salieron del país 843.100 turistas e ingresaron 427.200 extranjeros, lo que incide negativamente en la balanza de pagos (por ejemplo, en junio, el turismo al exterior más la compra de dólares por personas particulares sumaron 3.100 millones de dólares); 4) fuga de capitales, ya que los agentes no creen que esta cotización del dólar se pueda mantener en tiempo, por especulación o para conservar el valor de sus ahorros, recurren a atesorar dólares.

En la economía real se manifiesta en la tensión en el sector externo (no se logra incrementar las reservas, incumpliendo así con lo acordado con el FMI, levantar el “cepo” para las empresas y sociedades, como lo han prometido, ni bajar el riesgo país, que vuelve prohibitivo el acceso al crédito internacional) y, en el sector interno, con la disminución de los ingresos familiares (despidos, cierre de emprendimientos, recorte de sueldos, jubilaciones y pensiones, etc.)

Es grave la situación de las empresas pequeñas y medianas (PYMES) que ven afectados sus ingresos y, en consecuencia, su rentabilidad y supervivencia. Sobre este último punto, según datos oficiales, con Milei cerraron 15.564 PYMES, con lo que ya superó la cantidad de empresas cerradas durante la pandemia (15.398) y afectó especialmente al sector fabril: en el año 2001 había en el país 49.343 unidades productivas manufactureras, cifra que se redujo a 48.140 este año; en particular, en estos dos últimos dos años cerraron 911 establecimientos y disminuyó en 100.000 los empleos registrados en el sector.

La situación no se refleja estadísticamente en caída del PBI por el crecimiento de la producción agropecuaria, comparada con años previos de sequía, y el crecimiento del sector energético (Vaca Muerta), ambos de una demanda laboral limitada, pero todos los demás sectores muestran caída o casi-estancamiento.

Este modelo funciona exclusivamente en base a endeudamiento, como lo demuestran las experiencias previas (Martínez de Hoz, la convertibilidad y, especialmente, el caso Macri). Este último comenzó con una rendición incondicional ante los fondos “buitres”, para “amigarse” con los mercados financieros internacionales, consiguió ingreso masivo de capital especulativo “golondrina” y terminó con un “festival” de deuda en pesos y, lo más grave, en moneda extranjera, “fuga” de capitales y el pedido de auxilio financiero al FMI (57.000 millones solicitados) que generó una deuda impagable.

Para este gobierno el endeudamiento externo está bastante restringido (a pesar del acuerdo nuevo con el FMI) pero no la deuda en pesos: los intereses los va capitalizando (al no pagarlos no los computa como gasto realizado, con lo que el superávit financiero no es tal) y el capital trata de cubrirlo con nueva emisión de deuda (lo que llaman “roll over”), convirtiéndola así en una “bola de nieve” impagable.

Para evitar que los nuevos pesos que entrega por los vencimientos de estas obligaciones incrementen la demanda de dólares (aumentado su cotización) debió aumentar la tasa de interés pagado hasta niveles impensados: la T.E.A. (tasa efectiva anual de interés) este mes llegó al 110%. Además, como el gobierno en la mayoría de los casos no pudo colocar toda la cifra pretendida, para evitar el crecimiento de la oferta monetaria, volvió a subir los encajes (efectivo mínimo que deben tener los bancos en función de los depósitos). Todo esto repercute en un aumento del costo del crédito y muestran que “el mercado” está desconfiando de la solidez del programa.

En resumen, las empresas argentinas enfrentan 1) Fuerte disminución de la demanda global: según el informe de la consultora NielsenIQ, en el año 2024 hubo una contracción histórica del consumo masivo que hace que actualmente esté entre un 25% y 40% por debajo de los registros del año 2017; 2) La competencia desleal que implica la importación descontrolada; así algunas fábricas se han convertido en importadoras para sobrevivir (como el caso de “Lumilagro”, el clásico termo matero que ahora se importa desde China); 3) el aumento desproporcionado del costo de financiación, que incidirán negativamente en las ventas a crédito y en la actividad de las empresas, necesitadas de capital de trabajo.

Son tres factores que ahogan a las empresas y muestran una economía “atada con alambres”, lo que, sumado a la situación crítica del sector externo y de la deuda pública, anuncian una posible crisis económica que se superpone a una crisis política y social. La única respuesta gubernamental parece ser negar la realidad y rezar para llegar a octubre…