En los últimos tiempos se ha escuchado con insistencia la invitación a “neuquinizarse”, quizás incluso más que en los años dorados del emepenismo. Detrás de ese discurso que invita con palabras pero no con hechos, se ha consolidado una política centrada en los intereses del "pago chico". Tal es así que hombres y mujeres comprometidos con proyectos políticos nacionales han tirado sus ideales por la borda, dejándose procesar por la licuadora ideológica del provincialismo.

Hay innumerables ejemplos que demuestran que el provincialismo responde, con diligencia, a mandatos sectoriales que en muchos casos son contrarios a los intereses de la propia provincia y su gente. Un caso claro lo constituye el seguidismo de diputados y diputadas “provincialistas” al gobierno de Javier Milei. El apoyo a la Ley Bases es una prueba concreta. Si retrocedemos en la historia reciente, podemos mencionar al entonces gobernador Jorge Augusto Sapag, también exgerente de empresas multinacionales, quien defendió con firmeza a la vaciadora Repsol, oponiéndose abiertamente a la iniciativa de estatizar el 51% de las acciones de YPF. Esa postura, típica del cruzado opudeísta, revela cómo los intereses que se dicen “provincialistas” muchas veces son ajenos a los verdaderos intereses de Neuquén.

Veamos otro entramado de “negocios a la neuquinizate”. El ingeniero Eric Stiefel, actual Director Provincial de Fiscalización y Control de Procesos, fue denunciado penalmente a fines de octubre de 2018 (durante la gestión de Omar Gutiérrez) por malas prácticas en el tratamiento de residuos peligrosos en uno de los basureros petroleros de la empresa Treater S.A., que acopia los residuos generados por las petroleras internacionales y por YPF.

La denuncia no solo involucró a Stiefel, sino también a Jorge Lara (Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente), al licenciado Juan de Dios Lucchelli (Subsecretario de Ambiente) y al ingeniero Juan Esteban Dorcazberro (Director provincial de Gestión de Situaciones Ambientales y Residuos Especiales). En un primer momento, el Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén desestimó las imputaciones penales, pero la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó esa decisión. Desde entonces, la causa entró en el laberinto retardatario del sistema judicial.

Los mismos funcionarios también fueron denunciados en otra causa por supuesta negligencia e incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez Juan Guaita declaró no responsable a Lucchelli con el argumento de que no era la autoridad de aplicación de la Ley 1875 —que establece el régimen de protección ambiental en la provincia—, sino que lo era el exministro Jorge Lara. Sin embargo, este no pudo ser imputado penalmente porque había declarado como testigo. Hoy, Lara —quien fue funcionario durante los gobiernos de Sobisch, Sapag y Gutiérrez— es director de CORFONE.

Juan de Dios Lucchelli, además, fue denunciado por Vanina Andrea Riquelme por maltrato, y aunque no ocupa actualmente un cargo oficial en la gestión de Rolando Figueroa, Eric Stiefel y Juan Esteban Dorcazberro continúan en los mismos cargos que ostentaban durante el gobierno de Omar Gutiérrez.

La Subsecretaría de Ambiente y Recursos Naturales, de la cual dependen estos funcionarios, está a cargo de la veterinaria Leticia Esteves, quien también ocupa la vicepresidencia de CORMINE (compañía minera del Estado neuquino). Esteves asumió el 26 de julio de 2023 tras la renuncia de Santiago Nogueira, sin mayores explicaciones. La sobrina-nieta de Felipe Sapag pertenece a las filas del macrismo. Recordemos que, a diferencia del Partido Justicialista, el PRO se integró abiertamente al Frente "Neuquinízate" de Rolando Figueroa, por decisión personal y también por orden directa de Mauricio Macri.

Existe una conexión entre la empresa Treater S.A., Macri y Figueroa. La empresa fue creada por el neuquino José Leis, quien provenía del sector de los basureros industriales, cuando Vaca Muerta recién comenzaba a desarrollarse. Tras su fallecimiento, la compañía quedó en manos de Marcos Podestá, Néstor Fabricio Martínez y Alejo Hernán Martínez, empresarios porteños enriquecidos como proveedores del Estado en tiempos del PRO, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires bajo la gobernación de María Eugenia Vidal. Los Fernández (no relacionados con Alberto ni Cristina) le cedieron la presidencia de Treater a Podestá, hasta que en 2017 fue reemplazado por Edgardo Cenzón, exdirector de Compras del gobierno porteño y recaudador para la campaña presidencial de Macri. Podestá pasó entonces a integrar el directorio.

A Cenzón, el cargo del gobierno porteño le permitió relacionarse con varios empresarios, recaudar para la causa y también hacer favores, lo que permitió a los Fernández y Podestá , pasar de ser unos desconocidos en el mercado farmacéutico a convirtiéndose en propietarios de Droguería Varadero S.A., proveedora del Estado. Con el tiempo, el grupo amplió su presencia a otras droguerías, ART, seguros, clínicas y negocios financieros.

En cuanto a la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Treater S.A., la situación no ha mejorado. Desde la denuncia inicial hasta hoy, los residuos generados se duplicaron, según datos oficiales de la Secretaría de Ambiente, pero la capacidad de la planta no creció en la misma proporción. De acuerdo con el sitio "Chequeado.com", en 2023 los residuos líquidos aumentaron un 119,9%, los sólidos un 66% y los semisólidos disminuyeron un 3,2%. La planta no da abasto ante el incremento de la producción, y esto compromete aún más el ya frágil equilibrio ambiental de la región.

Las propias operadoras petroleras declararon un aumento del 24,7% en la generación de residuos peligrosos en un solo año, lo que deja al descubierto la tensión entre la producción y la limitada capacidad de tratamiento. Si no se amplía esta capacidad, solo hay dos caminos posibles: reducir la producción o mirar para otro lado. Y es en este segundo camino donde suelen aparecer funcionarios que se hacen los distraídos.

Es sorprendente que funcionarios ineficientes de la gestión anterior sigan ocupando los mismos cargos en la actual. También es llamativo que empresarios responsables del tratamiento de residuos y la Secretaría que debe controlarlos estén alineados políticamente, provenientes del mismo espacio que encabeza Mauricio Macri. En el reparto de cargos del gobierno provincial, las áreas donde se manejan “los negocios” quedaron en manos del PRO. Y si consideramos que uno de los principales aportantes a la campaña de “Neuquinízate” fue Marcos Podestá, no cabe duda: los residuos peligrosos también han llegado a la Casa de Gobierno.

Porque, en este caso, el financiamiento de la política se devuelve con contaminación ambiental.