Donald Trump ha cumplido seis meses como 47° Presidente de los EE.UU. (¡Sí! Sólo seis meses). Cuando alcanzó la cota de los 100 días invitamos a nuestras lectoras y lectores a comprar pochoclo porque el espectáculo recién comenzaba. Y no nos ha defraudado.

Desde encerrar migrantes en campos de concentración hasta acusar a Barak Obama de “traición” y golpismo, de querer cambiar el nombre de equipos de futbol americano a bombardear Irán, de amenazar a los aliados de toda la vida con aranceles astronómicos a enjuiciar por difamación al Wall Street Journal, el “Gran Donald” no cesa de ocupar los titulares de periódicos y telediarios, anegando las redes sociales y canales de YouTube.

Es difícil deslindar donde la incontinencia verbal y la “performance” mediática casi cotidianas son un rasgo de su personalidad y donde una estrategia política para unas veces enfatizar y otras encubrir los giros casi copernicanos en muchas de sus decisiones.

Trump tiene una particular debilidad por establecer públicamente plazos (que tienen mucho de ultimátum): aranceles a partir del 9 de julio, luego del 1 de agosto; 60 días a Irán para cerrar el acuerdo nuclear, 50 días a Rusia y Ucrania para establecer un alto al fuego… y la lista sigue.

Esta compulsión refleja, por un lado, la urgencia en el despliegue de sus iniciativas para obtener resultados en corto plazo, ese blitzkrieg político, como lo caracterizó jocosamente un cronista -quizás corrido por las elecciones de medio término- y por otro, es la cortina de humo para tapar el bloqueo de una decisión y que la pelota siga rodando.

Un modo de evaluar sus resultados, navegando entre tanto ruido, es centrarnos en las principales promesa electorales: la inmigración y la reindustrialización y recuperación económica.

Trump llegó al poder prometiendo la mayor deportación en masa de migrantes ilegales de la historia. Los indocumentados son más de 11 millones de personas en todo el país, con mucho peso en los dos estados económicamente más dinámicos, Texas y California, pero presentes en todas las regiones.

La Inmigration and Customs Enforcement (ICE), apoyada a veces por la Guardia Nacional y las policías locales, se lanzó a una cacería callejera de indocumentados que, según el seguimiento de la NBC News, llevaba 56.397 detenciones al 17 de julio y entre 10 y 15 mil deportaciones mensuales de febrero a junio.

Esta acción y el parcial cierre militarizado de la frontera sur, produjo el hundimiento del cruce ilegal, con 12.500 casos en mayo de 2025 contra un promedio de 71.000 mensuales el año anterior.

Pero su costo es muy desproporcionado respecto de los resultados. El 63% de los ilegales detenidos por ICE no registra actividades criminales: son trabajadoras y trabajadores, muchos con años de residencia, que se ocupan de labores de bajos ingresos, consumen, estudian y pagan sus impuestos.

Detenerlos y encerrarlos en condiciones deplorables le cuesta al erario público 245 dólares por día por cada apresado. El publicitado centro de detención “Alcatraz-Cocodrilo”, en Florida, se llevó 450 millones de dólares (el costo de un rascacielos de departamentos en Nueva York) y no es más que un bosque de carpas rodeado de alambre de espino y guardias armados.

Su costo político resulta aún superior. La brutalidad de las redadas llevó al estallido de protestas multitudinarias en Los Ángeles a principios de junio, cuya dura represión las extendió a decenas de ciudades.

El 17 de julio una amplia coalición de organizaciones civiles y religiosas realizó una gigantesca protesta en 1600 localidades reclamando el fin de las redadas y deportaciones.

Hoy más del 55% del electorado rechaza esa política de Trump y se ha abierto un intenso debate público sobre la migración y su papel en la vida social y económica del país, que ha alejado del gobierno a la buena proporción de la comunidad latina que le dio su voto en 2024.

En el plano económico, el resultado es aún más controvertido. La guerra de tarifas, después de su espectacular anuncio del 2 de abril, se fue diluyendo en una serie de posposiciones, idas y vueltas que produjeron confusión en el mercado internacional y acopio apresurado en los importadores estadounidenses.

Hasta ahora la Administración negoció nuevos acuerdos comerciales con Gran Bretaña, Vietnam, Camboya, Filipinas, Indonesia y Japón, en tanto avanza lentamente en acuerdos sectoriales con China y está empantanada en las negociaciones con Canadá, México, Brasil y la Unión Europea. Victorias parciales del gobierno, pero de las que no se conoce aún la letra chica ni su duración.

Trump ha logrado subir los impuestos a los bienes importados en torno al 19/20% en todos los acuerdos y un poco menos con Japón (15%), lo que le permitió ingresar a las arcas del estado unos 90 mil millones de dólares en tarifas, según datos de la Casa Blanca.

¿Quién los paga? En principio los importadores, mientras puedan jugar con los stocks, pero en un corto plazo se trasladará a los consumidores estadounidenses, incrementando la inflación, que comienza a moverse nuevamente hacia arriba y golpeará al pequeño comercio de cercanía.

La cacareada reindustrialización carece de planificación o política más allá de la arancelaria. Ni los altos aranceles, que encarecen los necesarios insumos importados, ni las rebajas de impuestos a los ricos y los recortes en salud y educación de la “Gran Hermosa Ley” (One Big Beautiful Bill) ,son instrumentos adecuados para la modernización de la manufactura y la creación de empleo industrial.

La OBBB, aprobada por el Congreso y sancionada el 4 de julio pasado, es un mamotreto de más de cien artículos de carácter básicamente tributario y presupuestario.

La Ley extiende la rebaja de impuestos a los ricos sancionada en 2017 (que expiraba ahora), e impone un enorme recorte de más del 12% al ya disminuido Medicaid y otros programas sociales.

Adicionalmente elimina los créditos fiscales a las energías limpias y reduce los de las universidades.

La norma no ha sido bien recibida por la bases trumpistas. Elon Musk y los oligarcas de Silicon Valley se oponen a ella, por el incremento que supone de la astronómica deuda pública, aunque Trump los compensa con la mejora fiscal para los semiconductores y el impulso de las criptomonedas.

Para los ciudadanos de a pie, casi todo será reducción de los ingresos y calidad de vida. Según una investigación de The Economist, sólo uno de cada tres estadounidenses apoya la política económica y fiscal.

La administración Trump entra en un sendero tumultuoso: en seis meses, la oposición crece y se moviliza aunque no encuentra canal político, con un partido Demócrata moribundo y ensimismado en la disputa interna (¿les suena?)

El culebrón en curso con los archivos judiciales y la presunta “lista de clientes” del espantoso “caso Epstein” abre una nueva y peligrosa tensión en la base dura de los MAGA y pone a Donald Trump ante una crisis política de gran calado.

A seguir comprando pochoclo, que la pelota sigue girando.