El dirigente sindical Hugo “Cachorro” Godoy lanzó una enfática crítica a “los gobernadores que, a través de sus diputados y senadores, permitieron” que siga vigente el decreto de necesidad y urgencia Nº 70/2023 (conocido como “DNU 70”) y así “habilitaron a que Javier Milei gobierne por decreto”, y además con el artículo primero de la ley Bases le otorgaron “la suma del poder público”.

Al condenar el arresto y proscripción de Cristina Kirchner, afirmó que en el sistema judicial hay “verdaderos delincuentes” que actúan “de manera inconstitucional”. Denunció “una injerencia directa del Poder Judicial, del poder de Estados Unidos y de la subordinación colonial de Milei para intervenir en la vida política argentina”.

Godoy, quien es secretario general de la CTA-Autónoma -uno de los dos sectores de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina-, explicó estudios donde se demuestra que “solo el 45 por ciento de la masa laboral tiene empleo formal, y el otro 55 por ciento son trabajadores precarios, subocupados o desocupados”.

Entrevistado por , advirtió que cuando el ministro Federico Sturzenegger dice que echaron del Estado “a 50.000 ‘ñoquis’”, está usando la consigna de Hitler según la cual “miente, miente, que algo quedará”. También explicó “las diez medidas urgentes para salvar a Argentina” que proponen las dos CTA, y confió en que las elecciones legislativas de este año “limitarán la posibilidad de que Milei consolide una tiranía”.

-El jueves hubo una nueva marcha en apoyo al hospital Garrahan. ¿Qué evaluación hace de la lucha en defensa de una institución prestigiosa que hoy sufre el desfinanciamiento del gobierno nacional?

-No tengo dudas que es la más grande en defensa de la Salud Pública de las que se han manifestado en el país. Recuerdo, por contundencia y masividad, la movilización durante el gobierno de (Mauricio) Macri cuando anunció el cierre del ministerio de Salud. En esta oportunidad la superó porque está en juego no solamente el Garrahan, que es un faro de calidad en la salud pública argentina. En el transcurso de la misma semana, aún en este contexto, los médicos han hecho un trasplante de intestinos, y así podemos mencionar otras intervenciones de altísima calidad. Pero la situación también se extiende a las provincias y a los municipios, porque la principal atención primaria pública de salud y educación es responsabilidad de las provincias y los municipios. Y los recortes en la distribución de ATN (Aportes del Tesoro Nacional, destinados a las provincias) y coparticipación, de retención indebida de fondos que le corresponden a las provincias que está haciendo el gobierno, impactan fuertemente sobre estas áreas que son fundamentales. De hecho el jueves también se realizó un paro de la salud de los trabajadores provinciales y municipales en toda la provincia de Buenos Aires para participar de la movilización (en la capital federal). Por la mañana hubo una gran concentración del Frente de Gremios Estatales frente al ministerio de (Federico) Sturzenegger, donde confluyeron trabajadores de Vialidad, del INTA, INTI, del sector Aeronáutico, de Transporte y de Justicia. Fue una gran jornada de lucha, como las que vienen demostrando el coraje, la dignidad y la coherencia de los jubilados y jubiladas todos los miércoles. El papa Francisco decía que para ver cómo se encuentra una sociedad hay que mirar en los dos extremos: la vejez y las niñeces. Y ese pensamiento de Francisco tiene que ver con la sensibilidad de los pueblos, porque lo que más se cuida son las niñeces y las vejeces.

-¿Cómo ve la postura de los gobernadores, ante el desfinanciamiento que el gobierno nacional impuso sobre las provincias, por ejemplo eliminando la obra pública?

-Los gobernadores son los que aún le están permitiendo, a través de sus diputados y senadores, que todavía esté vigente el decreto 70/23. En la cámara de Diputados, de manera ruin y cobarde, no abordan ese tratamiento por lo que habilitan a (Javier) Milei a seguir gobernando por decreto; así como le habilitaron la ley Bases en su artículo primero dándole la suma del poder público. Pero se están dando hechos que, sin dudas, demuestran que este consenso se le va achicando a Milei y no creo que sea solo una cuestión de coyuntura electoral. De hecho el artículo primero de la ley Bases lo habilitaba a Milei a gobernar por decreto por un año en determinadas áreas, ese artículo sobre la que se asentaron buena parte de los fundamentos de las medidas destructivas de Sturzenegger, o las medidas represivas que promueve la ministra (Patricia) Bullrich, también lo habilitaba a que se prorrogue por un año más. Pero el Ejecutivo renunció a esa posibilidad porque sabía que no iba a tener consenso. Hoy están evaluando muy seriamente el tema de los vetos. Todo indica que los vetos a la ley de Emergencia en Discapacidad, a la prórroga de la moratoria previsional o el aumento de emergencia a los jubilados o el aporte de ATN a las provincias para mejorar sus ingresos, el gobierno está dudando en vetarlas porque no va a tener posibilidad de sostenerlos con las dos terceras partes de cada cámara. Ya se le rechazó el veto a la ley que aprobó la emergencia para Bahía Blanca para enfrentar los estragos de las inundaciones. Creo que el escenario político está cambiando. Igualmente nosotros insistimos porque hemos elaborado desde las dos CTA un programa alternativo al proyecto

-¿Cómo resumiría los puntos plasmados en el documento de las dos CTA llamado “Las diez medidas urgentes para la Argentina”?

-Hemos elaborado un programa alternativo al proyecto de gobierno. Son diez medidas para salir de la crisis y ponerle límite a la tiranía que, entre otras cosas, plantea la derogación del decreto 70/23 y la posibilidad de juicio político por infame traición a la Patria. Son temas que seguramente en esta conformación actual de la cámara de Diputados va a tener dificultad para profundizarse, pero creo que el escenario electoral que se avecina se va a modificar favorablemente para los sectores populares en las relaciones de poder, y cada vez se le va a limitar más a Miliei la posibilidad de seguir consolidando una tiranía en el país.

-El ministro Federico Sturzenegger festejó que 55.000 empleados estatales fueron despedidos por “ñoquis”, según su calificativo. Lo hizo después de que se anunciara el achicamiento o cierre del INTA, INTI, Vialidad Nacional y otros organismos del Estado. ¿Qué reflexión le merece esa declaración?

-La primera, que es una aberración lo que está haciendo. La segunda que instala la consigna de Hitler que es “miente, miente que algo quedará”. Tercero, que la resistencia en las calles crece pero también en los ámbitos de la Justicia. El decreto 340 que quería anular el derecho de huelga fue derogado por inconstitucional. El jueves, la justicia en lo contencioso administrativo hizo lugar a la presentación que hizo la federación de Vialidad para derogar el decreto de cierre de ese organismo. Es decir, se le hace muy difícil sostener tanta mentira, tanta crueldad. Si hasta (Luis) Majul, en un ejercicio de repregunta que nunca hace desde los años que lleva como propagandista del poder, cuando Sturzenegger le dijo que los 55.000 despidos van a permitir darle a la sociedad 2.000 millones de dólares, el propagandista del poder le preguntó “¿y dónde están? Porque en los bolsillos de la gente no se ven”. Evidentemente es una mentira muy poco consistente y eso se va desmoronando de manera más elocuente.

-Hay un aumento de la conflictividad social, pero según el gobierno las encuestas le otorgan una base de apoyo importante con posibilidades de que en las elecciones de octubre logre un buen número de legisladores. ¿La oposición tiene espaldas para contrarrestar ello?

-No podemos olvidar que si hay una situación que posibilitó que Milei gane las elecciones, es una gran defraudación de una buena parte de la sociedad argentina respecto de las dos últimas grandes coaliciones que gobernaron el país: las que encabezaron Macri y después Alberto Fernández con Cristina. Y esa defraudación, se agrega a una desesperanza y enojo con las experiencias democráticas. Desde la dictadura hacia acá hemos crecido mucho en libertades individuales pero en derechos colectivos se ha ido perdiendo, y han ido creciendo la pobreza, la desigualdad y la capacidad productiva del país. Eso todavía está presente en buena parte de la sociedad y creo que es lo que explica el 48 por ciento promedio de participación de votantes en las últimas elecciones que hubo en el país durante este año. Por otro lado, la fuerza de Milei solamente ganó en la ciudad autónoma de Buenos Aires; a su vez fue parte de una alianza con el radicalismo en Chaco donde el gobernador es radical, y ganó en Salta. Pero perdió en 12 de las 13 ciudades de esa provincia. Y en las últimas dos experiencias electorales, las que tuvieron lugar en Santa Fe y Formosa, perdieron. Ganaron por alto porcentaje las fuerzas provinciales, y en particular en Rosario triunfó una coalición de nuevo tipo llamada Ciudad Futura a la cual se alió una parte del peronismo. Yo descreo un poco de toda esa acción propagandística que dice que el gobierno está mejorando la posición electoral de Milei. Sucede que, como no tiene presencia territorial en el país, que sume un diputado, un senador o un concejal, es todo ganancia. Creo que una buena medida de esto la vamos a tener en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires por el impacto que tiene sobre buena parte de la masa electoral del país, y creo que esta tendencia de caída en el consenso del gobierno va a ir en ascenso, no tengo ninguna duda.

-La justicia laboral frenó el decreto que limita el derecho de huelga, pero el gobierno piensa avanzar en una reforma laboral estructural. ¿Qué papel está jugando en esto la CGT, según su opinión?

-En primer lugar, el principal avance estructural se está haciendo y no tiene que ver con las leyes, sino con las condiciones materiales. El gobierno limita la libertad para discutir los convenios colectivos, le pone límite a los acuerdos que concreten patrones y trabajadores; está presionando para la caída del salario; está destruyendo la industria nacional, han desaparecido 16.000 pequeñas y medianas empresas y de los 200.000 puestos de trabajo formales, 90.000 son del sector industrial. Lo único que crece en términos de empleo es el cuentapropismo. O sea que la precarización y la desregulación laboral se está dando por vía de esas condiciones.

-¿O sea de hecho, y no por ley?

-Exactamente. Hoy en la masa laboral el 55 por ciento de los trabajadores son precarios, desocupados o subocupados. Solamente el 45 por ciento tiene empleo formal y en muchos casos buena parte de esos empleos son en negro. Hay 6 millones de trabajadores en Argentina que trabajan entre 9 y 16 horas por día. Lo que está predominando es el doble o triple empleo para llegar a fin de mes. Hay 1 millón de trabajadores que trabaja 16 horas por día. Esas son las condiciones estructurales. El intento de avanzar vía reforma laboral para destruir los convenios colectivos, tuvo su posibilidad de avance en la ley Bases pero después el intento de regular y prohibir el derecho a huelga y sindicalización, se está topando con una Justicia Laboral que viene sistemáticamente declarando inconstitucional los sucesivos decretos. Por eso es que están lanzando una campaña de descalificación de jueces y abogados laboralistas, volviendo con eso de la “industria del juicio”, que lo que quiere encontrar es un refuerzo de aliados en el sector empresarial. Lo que pasa es que los únicos sectores empresariales que más respaldan al gobierno son los que están ligados a la actividad de exportaciones, al financiero, al petróleo, a los minerales y el sector agroindustrial. Pero el sector de la industria ligada al mercado interno, viene cada día aumentando sus demandas porque el gobierno no les está cumpliendo a los patrones con lo que se comprometió.

-Algo parecido también a lo que sucede con el campo, al que le prometió bajar las retenciones pero eso no ocurrió.

-Es un buen ejemplo, pero el presidente de la Sociedad Rural dice que admira al presidente. Es el mejor ejemplo de su odio de clase a los sectores populares, porque aunque el gobierno no le cumple, son tales las ganancias que lo siguen considerado un héroe de sus intereses oligárquicos.

-Un estudio de la CTA dice que hay 5.200.000 argentinos buscando trabajo. ¿Cómo se llega a esa conclusión?

-Es un estudio realizado por el Instituto de Investigación y Formación de la CTA-Autónoma, que basa sus informes en datos oficiales. Son datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) y fundamentalmente de los estudios de la situación de las familias, y del área de Investigación del ministerio de Trabajo que hace el seguimiento y estudio de los trabajadores formales. Estos estudios demuestran que el único empleo que crece es el precario, el cuentapropismo y crece el pluriempleo. Lo que se achica son los salarios y la formalidad laboral. Doscientos mil empleos se han perdido. Al crecer la pobreza, aún en el empleo formal, cerca del 40 por ciento tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza. Hay casos de quienes salen del trabajo formal, privado o estatal, y van a manejar un Uber o a realizar tareas de guardias si son profesionales de la Salud, o de cuidado si están ligados a áreas de cuidados de personas en su actividad personal.

-¿Cómo analiza la condena y proscripción a Cristina Kirchner?

-Eso está en línea con el funcionamiento de la justicia en nuestro país. La justicia, empezando por los tres supremos que se auto-eligen o fueron designados por decreto, verdaderos delincuentes que actúan de manera inconstitucional, sostienen un partido judicial que está en línea no solamente con las demandas del Ejecutivo sino con las demandas de la Embajada de los Estados Unidos. Si uno analiza la situación, en este año y medio, hubo tres hechos muy fuertes y contundentes: el gobierno fracasó en su política económica y el que salió en su salvataje fue el FMI por indicación de Donald Trump. Al igual que lo sucedido en el gobierno de Macri, también con un crédito que tramitó (Luis) Caputo y Sturzenegger, que estaba en el banco Central, el FMI otorga un 400 por ciento por encima de la cuota que le correspondería, según normas estatutarias, para apoyar a los países. Si seguimos mirando otros hechos, semanas antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmando la condena e inhabilitación política de por vida a Cristina Fernández, fue Trump quien prohibió el otorgamiento de la visa para entrar al país a Cristina Fernández, sin que ella lo haya solicitado. Y en los días posteriores al anuncio de la candidatura de Cristina, fue la propia Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense –que son empresas estadounidenses en la Argentina- la que pidió formalmente a la Corte que se acelere el trámite para la condena. O sea, independientemente de cualquier opinión sobre aciertos o errores de los gobiernos de Cristina Fernández o su rol en el escenario político, lo cierto es que hay una injerencia directa del Poder Judicial, del Poder de Estados Unidos y de la subordinación colonial de Milei para intervenir en la vida política de la Argentina, cosa que es absolutamente repudiable y proscriptiva. Reproduce la tradición de la oligarquía local cuando en 1955 no solo dieron un golpe de Estado sino que hasta prohibieron cantar la marcha peronista o nombrar a Juan Perón y a Evita. Esa actitud de la oligarquía argentina y los grupos subordinados al imperio se siguen repitiendo en el gobierno de Milei. Por eso hay que repudiarlo y reclamar el derecho soberano de nuestro pueblo. Uno se tiene que mirar en el espejo de actitudes dignas, como la de Lula, que son la contracara del gobierno de Milei.

-La CTA viene planteando desde el 2022 que se debe someter a juicio político a los miembros de la CSJN. ¿Es necesaria una reforma judicial profunda?

-Sin ninguna duda. El Poder Judicial de Argentina es el más discrecional y aristocrático que hay. Que se elijan jueces de por vida; que se autoelijan en sus responsabilidades, es todo lo contrario a un sistema democrático real. Entre estas diez medidas que hemos incorporado para salir de la crisis y ponerle un freno a la tiranía, no solamente decimos que hay que hacerle un juicio político a Milei y hacer funcionar a pleno al Congreso, sino que hay que democratizar el sistema judicial. Debe haber un juicio político a la Corte, que es lo más parecido a la Junta Militar, porque son tres que se autoeligen, quieren gobernar toda su vida y decidir quién puede ser candidato y quién no. Así que sin ninguna duda que una democracia sana requiere enjuiciarlos y construir un sistema judicial más democrático.

-¿Qué va a suceder el próximo 7 de agosto?

-Dentro del plan de lucha que hemos aprobado las dos CTA, en unidad con otras organizaciones de la CGT, hemos convocado a una gran jornada nacional de lucha por paz, pan, techo, tierra y trabajo, para el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano. Eso va a ser la mejor manera de honrar al papa Francisco.