Se acerca un duro momento para las provincias norpatagónicas. Todo indica que no habrá marcha atrás en la decisión del gobierno nacional de concesionar nuevamente las represas ubicadas sobre los ríos Neuquén y Limay.

Durante años, los gobiernos, tanto de Río Negro como de Neuquén, han reclamado una mayor participación en la administración de una infraestructura de generación de energía motorizada por la fuerza de ríos cuya propiedad les fue reconocida por la Constitución Nacional de 1994. Sin embargo, como decía Héctor Mauriño enun artículo publicado en este medio,“el agua será de nosotros, pero las represas son ajenas”.En defensa de sus intereses, ambas provincias han sancionado durante los últimos meses, sendas leyes que les permitirían cobrar un canon del 5 por ciento por el uso del agua de sus ríos. Sin embargo, el gobierno nacional ha declarado su intención de desconocer la legitimidad de esas leyes y de judicializar su aplicación, escalando así el conflicto. En línea con el dogmatismo que ha marcado su gestión, Milei pretende licitar el cien por ciento del paquete accionario de las centrales hidroeléctricas, ignorando así el reclamo de las provincias y denigrándolas al hacerles una invitación para que compren acciones de ese paquete.

No cabe duda de la responsabilidad que le cabe a su gobierno en esta resolución que, controvertidamente, vulnera los legítimos intereses de Río Negro y Neuquén. Sin embargo, sería simplista creer que la única clave explicativa de este desafortunado desenlace es la actitud del gobierno nacional. De hecho, las concesiones finalizaron durante el mandato de Fernández, cuya gestión podría haber explorado una solución más virtuosa que atendiera a los reclamos patagónicos. Sin embargo, no lo hizo. No pretendemos detenernos aquí en las razones por las que Fernández postergó esa decisión, dando así carta blanca a su sucesor. Pero sí nos importa evaluar cómo se llegó a la encrucijada actual para explicarla no sólo desde la arbitrariedad manifiesta del gobierno, sino también desde un contexto político norpatagónico del que surgen los reclamos. ¿No es posible plantear, acaso, que ha sido solo a partir de la debilidad de los argumentos esgrimidos por las provincias que Milei fue capaz de tomar esta decisión sin pagar ningún coste político? No hablamos aquí de legitimidad, atributo que Milei se permite desafiar a cada paso. Hablamos, en cambio, de una debilidad vinculada con el lugar que las represas vienen ocupando no sólo en la agenda política y económica de ambas provincias sino también, me atrevo a decir, en los imaginarios a partir de los cuales los habitantes de Neuquén y Río Negro se piensan hoy a sí mismos.

Si bien cualquier sondeo de opinión pública mostraría que buena parte de la población local apoya el reclamo de que la administración de las represas incluya a las provincias, cabe preguntarse cuán profundamente arraiga en la sociedad ese reclamo, y qué tanto cala en las prioridades no solo de los estados provinciales o de la prensa local sino también en las de los propios neuquinos y rionegrinos. Quien quiera responder a esta pregunta no podrá dejar de considerar la centralidad que ha ganado durante los últimos años la explotación hidrocarburífera en la economía de ambas provincias, generando, especialmente en el caso de Neuquén, una situación de prosperidad que la ha puesto en ventaja frente a las demás provincias. Sólo en los últimos cinco años, la producción de petróleo aumentó 197%, convirtiendo a Neuquén en la primera provincia productora del país. Otro tanto ocurrió con el gas, cuya producción creció casi un 30%. Es sabido que la participación de Río Negro es mucho menor pero la ubicación de sus pozos en el yacimiento de Vaca Muerta, promete un incremento sostenido de la producción de petróleo, un rubro que en 2022 ya representaba la cuarta parte de las exportaciones rionegrinas. El aumento que muestran estas cifras es más significativo aún si tomamos como punto de comparación a 1993, año en el que se concesionaron las represas. Resulta evidente que durante estos últimos 32 años la producción hidrocarburífera se consolidó como baricentro económico de la Norpatagonia, lo que permitiría hipotetizar que la identidad de ambas provincias ha sufrido un proceso de “petrolización”. Además de ser el sector más dinámico de la economía y acentuar su reprimarización, la producción petrolera y gasífera ha redefinido un horizonte de expectativas con innegables implicancias sociales y culturales.

Esta naturalizada centralidad que ocupan los recursos energéticos podría explicar el modo en que se piensa hoy al conjunto de las represas de los ríos Neuquén y Limay: principalmente, como usinas para la generación de electricidad, minimizando y desdeñando, así, otras de sus muchas funciones. Pero es necesario señalar que este sesgo energético no se debe enteramente a la coyuntura hidrocarburífera actual. La propia historia de las represas nos muestra que la electricidad fue la piedra de toque del proyecto de Chocón-Cerros Colorados tal como lo redefinió la dictadura de Onganía en 1966, en un golpe de timón que barrió de un plumazo con el consenso sobre los múltiples beneficios que representaban las represas para la región, consenso que se había cristalizado en la denominada Ley Gadano. Para el senador rionegrino José Enrique Gadano, la construcción de las represas significaba no solo la oportunidad de promover la radicación industrial a partir de energía barata, también significaba “tierras nuevas bajo cultivo en un régimen de explotación intensiva con densidad de explotación y vida de relación, control de crecientes que aseguren al hombre que no ha de desaparecer el esfuerzo de muchos años en un instante, navegación, y formación de lugares de esparcimiento donde el individuo del lugar tenga acceso barato e inmediato para lograr un descanso que es necesario en el plano físico y espiritual”. En definitiva, era un nuevo paisaje el que imaginaban para la región los artífices de aquella ley discutida, consensuada y aprobada por el Congreso Nacional a mediados de los sesenta.

Paradójicamente, el inicio de la construcción de las represas se concretó a expensas de relegar la mayoría de esas aspiraciones que, cifradas en el carácter multipropósito de las obras, habían sido consensuadas localmente en un momento fundacional para las provincias de Río Negro y Neuquén o, para usar un topónimo acuñado al calor del optimismo regionalista, para el Comahue. En efecto, fue el desconocimiento de las aspiraciones regionales y la orientación de todo el proyecto al abastecimiento energético de Buenos Aires lo que marcó el inicio de la construcción del complejo Chocón-Cerros Colorados. Ello se logró mediante la creación de HIDRONOR, una empresa mixta que además de construir las represas las administró con un criterio eficientista enfocado casi exclusivamente en la producción de energía.

Muchas de las aspiraciones y expectativas regionalistas que habían quedado en el camino fueron recogidas por organismos provinciales de planificación como el COPADE que, manteniendo la apuesta por la industrialización, intentó catalizar en Neuquén los beneficios de las represas, creando, por ejemplo, una fábrica de cemento Portland en Zapala que no solo alimentó las obras, sino que tuvo un efecto multiplicador evidente. El COPADE se encargó también de relocalizar Picún Leufú, luego de que el pueblo quedara expuesto a las aguas del embalse de El Chocón. El nuevo trazado, encargado al arquitecto polaco S. Gassowski es un ejemplo de las virtudes de un pensamiento urbanístico que se proponía dar respuesta a la topografía, al clima y a ciertas características socioeconómicas del medio local. Virtudes comparables pueden encontrarse en la Villa El Chocón que, con su centro cívico, su sistema de acequias y senderos peatonales y su trazado adaptado al paisaje costero constituye una pieza urbana de gran calidad,una verdadera New Towndel desarrollismo argentino que espera ser reconocida como patrimonio arquitectónico y urbano y que bien podría convertirse en una atracción tan importante como la de los dinosaurios. A pesar de haber sido desalojadas y desmontadas siguiendo una lógica casi extractivista, los campamentos de Rincón Chico y Villa Alicurá, fueron diseñados siguiendo los dictados funcionales y morfológicos de asentamientos permanentes, lo que les habría permitido convertirse en nuevos centros urbanos: ¿acaso no podrían volver a poblarse hoy mismo?

Una gestión centralizada a cargo de las provincias podría significar la posibilidad de unificar criterios en el modo en que se usan los embalses y se urbanizan sus costas, cuestiones libradas hoy al mercado y a la especulación inmobiliaria, cuyos degradantes resultados están a la vista. La accesibilidad a los entornos de las represas, conjuntos que en algunos casos fueron diseñados con criterios paisajísticos, se encuentra actualmente condicionada y restringida por barreras y obstáculos interpuestos por diferentes empresas concesionarias. Esa fragmentación en la administración de obras atenta contra la unidad constitutiva del proyecto e impone restricciones tan arbitrarias como desafortunadas. Ello ha dificultado pensar en forma integrada y ambientalmente sostenible a una diversidad de actividades que pueden desarrollarse en los embalses: navegación, piscicultura, recreación, etc., lo que se ha traducido en que sean privativas de unos pocos, impidiendo así la posibilidad de planificar la reapropiación de estos entornos por el resto de la población local y por los turistas.

No es necesario agregar que el control provincial de las represas representaría también la posibilidad de concretar proyectos de riego que constituyen una de las grandes deudas de la gestión de HIDRONOR. Tampoco es necesario aclarar el papel clave que desempeñan las represas, por un lado, en el control de crecidas, lo que explica que se hayan urbanizado grandes extensiones dentro de los valles, y por el otro, en el abastecimiento de agua a centros urbanos como Neuquén, ciudad que llega a consumir unos 700 litros de agua por habitante cada día.

No hemos terminado de enumerar las muchas prestaciones de las represas y de sus embalses y ya resulta obvio que volver a entregar separadamente cada una de estas obras a empresas dedicadas exclusivamente a la producción de electricidad implica una renuncia imperdonable a la posibilidad de promover avances significativos en la realidad económica, social, cultural y ambiental de Neuquén y Río Negro y a hacerlo, además, de un modo que integre virtuosamente todos esos aspectos, tal como lo imaginaba la planificación regional. Pero no se trata solo de volver a los consensos sobre esos beneficios fraguados en los años sesenta. Se trata, además, de dar respuesta a nuevos desafíos como el de una gestión que, en primer lugar, refuerce el concepto de cuenca, tan importante a la hora de monitorear ríos y embalses, pero mayormente desaprovechado a la hora de resolver el fraccionamiento jurisdiccional impuesto por distintas empresas —y también diferentes municipios— en la búsqueda de soluciones a problemas que se repiten dentro de un mismo valle. Una gestión que, además, permita remediar importantes pasivos ambientales desperdigados en un amplio radio en torno de las represas, como parte de una política que valorice paisajísticamente corredores fluviales de gran interés y potencialidad para ambas provincias. Sin embargo, en los últimos tiempos, la preocupación se ha centrado más en la energía, naturalizando una postura que podríamos calificar casi como de soberanía energética, donde lo que importa es la posibilidad de conseguir electricidad más barata.

En definitiva, lo que hemos tratado de decir hasta aquí es que, como argumento para reclamar el control local de las represas, el de la energía resulta insuficiente. En primer lugar, porque actualmente el sector energético está protagonizado incuestionablemente por el petróleo y el gas. Y, en segundo lugar, porque lo que importa no es sólo la energía sino también lo que se quiere hacer con ella, y aquí, frente aquel horizonte de desarrollo integral que la planificación dibujaba, existe hoy un vacío evidente. En la pura coyuntura de los tiempos actuales no pareciera lícita la posibilidad de proyectar, de planificar, de imaginar; mucho menos de hacerlo con un sentido social e inclusivo.

El haber perdido de vista las múltiples oportunidades —no sólo en materia de energía— que es capaz de abrir el control de las represas, ha proyectado una sombra sobre el reclamo actual, quitándole fuerza más allá de los planteos de los gobiernos provinciales. Basta con pensar en el tímido acompañamiento social que esos reclamos han tenido, tan diferente de las movilizaciones de 1966, organizadas por el Comité Pro Chocón-Cerros Colorados creado con el fin de impedir que se priorizara la construcción de Salto Grande por encima de las represas patagónicas. Es que no sólo los gobiernos, también la prensa y los ciudadanos y ciudadanas del Comahue han perdido de vista el horizonte promisorio que dibujaban las represas y que en el pasado gozaba de tanto consenso como idea de un futuro común. No es difícil advertir que la falta de un consenso sobre ese futuro con el que contribuían las represas —piezas centrales de un nuevo paisaje— ha debilitado la reivindicación del control local de las obras. Pesan sobre esa falta de consenso factores históricos: no sólo las propias represas, sino también la agenda social y territorial a ellas asociada ha ido perdiendo relevancia dentro de la esfera pública local desde la privatización de los noventa. Pero también hay que decir que esa falta se debe a la escasa capacidad que ha habido a nivel local para delinear una estrategia mucho más ambiciosa, capaz de recuperar el optimismo y las expectativas regionales cuya traición fue parte fundamental del devenir histórico de las represas; capaz, por lo tanto, de tomarse una justificada revancha.