En las últimas horas del viernes 14 de febrero reciente (hacia el final de la semana en que había cumplido catorce meses de gobierno), y por decisión y responsabilidad suya, Javier Milei inició un periodo de descomposición de su propio capital político.

La estafa con la criptomoneda $Libra empezó a deteriorar el respaldo social que ostentaba el gobierno hasta ese instante. Un respaldo que probablemente no fuera mayoritario o asimilable el 56 % de los votos que obtuvo el ganador del balotaje presidencial de 2023, pero que de todos modos era políticamente muy importante.

Comenzó entonces -hace menos de 10 días- un proceso de autodestrucción de la fortaleza del oficialismo que está en pleno desarrollo, por lo cual nadie sabe cuál será su desemboque en el corto plazo, y mucho menos en el mediano y largo tiempo histórico.

Pero el gobierno de Milei es la cabeza institucional de un régimen de extrema derecha quesiguió perpetrando acciones devastadoras, aún con un gobierno “a la defensiva” por haber quedado en evidencia ante el país y el mundo.

Desde esa situación de debilidad relativa, y cuando estaba por subirse al avión para disfrutar su noveno viaje a Estados Unidos desde que fue elegido presidente, Milei lanzó el decreto para convertir al Banco Nación en una sociedad anónima.

Esta nueva ofensiva para destruir al Estado desde adentro, tal como exclamó impunemente meses atrás el jefe del régimen, puede ser perpetrada con algún grado de legalidad porque rigen las “facultades delegadas” que le aprobó una mayoría parlamentaria al sancionar la denominada “ley Bases” a mediados del año pasado.

Esa vez la aprobación contó con el voto favorable de la senadora por Neuquén Lucila Crexell (aliada, en esa ocasión, del gobernador Rolando Figueroa), e igualmente de la senadora por Río Negro Mónica Silva (cuyo referente es el gobernador Alberto Weretilneck). En Diputados votaron a favor la/los neuquina/nos Pablo Cervi (Unión Cívica Radical), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Nadia Márquez (La Libertad Avanza), así como los/las rionegrinos/as Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro), Aníbal Tortoriello y Sergio Capozzi (ambos del Pro), y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza). (Información destacada por el diario Río Negro cuando en agosto se reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI. Nota del 23/08/24). 

La arremetida actual del gobierno contra el Banco Nación, según reportes periodísticos, incluye el cierre de sucursales y el despido de trabajadores/as, incluso antes de su privatización. (Crónica de Inbofae, nota del 21/02/25). 

La Asociación Bancaria, el sindicato de empleados/as de bancos liderado por Sergio Palazzo -también diputado nacional de Unión por la Patria-, inició de inmediato acciones de esclarecimiento público y asambleas de trabajadores/as como primeros pasos de un plan de lucha que prevén será “por largo tiempo”. (Declaraciones de Palazzo a la Radio AM-750, nota del 20/02/25). 

Dentro y fuera del Congreso

Gran parte de la opinión pública argentina quedó perpleja y/o indignada el pasado jueves, cuando el Senado no consiguió formar una comisión investigadora de la estafa con la criptomoneda $Libra. Por imperio de las normas vigentes hacía falta una mayoría especial de dos tercios de la Cámara a fin de tratar el tema en esa sesión, y faltó solo un voto para llegar al número necesario.

La posición determinante que bloqueó toda investigación parlamentaria provino de seis senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), que responden a los gobernadores de ese partido Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Valdés (Corrientes). (Crónica del diario La Nación, nota del 21/02/25). También repitió su alineamiento con el mileísmo la senadora neuquina Lucila Crexell, quien votó en contra de que se creara la comisión investigadora. (Tema detallado por el diario LM-Neuquén, nota del 20/02/25). 

A pesar del desprestigio que envuelve a Milei y sus cómplices por el escándalo cripto, el gobierno puede sostener sus principales proyectos legislativos por el funcionamiento de la “alianza U + D”, o sea de la ultraderecha más las derechas que se consideran a sí mismas como “moderadas”, “republicanas”, “defensoras del federalismo” o con otras adjetivaciones indulgentes. (La conformación de esas mayorías cómplices, que le permiten al oficialismo compensar su casi nula fuerza parlamentaria, fue objeto de una columna que publicó hace diez meses. Nota del 07/04/2024). 

Y también en pleno “escándalo cripto”, el gobierno tuvo otro triunfo parlamentario: una amplia mayoría de senadores/as sancionó la ley antes aprobada en Diputados por la cual se suspenden, al menos este año, las elecciones PASO (primarias abiertas simultáneas y obligatorias). (Informe del diario cooperativo Tiempo Argentino, nota del 20/02/25). 

Afuera del Congreso, pero en idéntico contexto político, y debido a la alianza funcional entre el gobierno nacional de Milei y el gobierno porteño de Jorge Macri, una vez más el pasado miércoles (19/02) fueron atacados violentamente por la Policía un grupo de jubilados/as y otras personas que protestaban. (Crónica de Diario Con Vos, nota del 19/02/25). 

La naturalización de la impunidad represiva, acerca de la cual no existen ni siquiera críticas por parte de la oposición institucional, es una muestra más de la fortaleza del oficialismo.

Por el momento, la única maniobra que se frustró porque la cripto-estafa modificó en parte el clima político, fue que el Senado no trató el ascenso de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia. Existe la posibilidad de que Milei acuda, como ya hizo Mauricio Macri, al nombramiento inconstitucional por decreto, pero eso le causaría nuevos problemas. (Más detalles, en el portal La Política Online. Nota del 20/02/25). 

Si se repasan distintos acontecimientos ocurridos en los últimos días, que tienen características muy diferentes entre sí pero todos están vinculados por su enorme trascendencia para la vida colectiva, se advierte que los intereses dominantes permanecen fortalecidos y activos más allá del daño presidencial auto-provocado.

De Estados Unidos a la Patagonia

En el plano internacional, las apoyaturas del régimen gobernante en nuestro país se pusieron a prueba durante la visita de Milei a Estados Unidos.

Hay hechos de extraordinaria importancia que también rápidamente se tornan “naturales”, y que sin embargo constituyen datos de una realidad contemporánea jamás vivida en ninguna época anterior de la historia.

Una de ellas es que el presidente argentino tenga como aliado político y de negocios al empresario que ha acumulado una fortuna (valuada en casi 400.000 millones de dólares) nunca antes alcanzada por nadie en toda la existencia humana. Y que además ese oligarca planetario -Elon Musk- sea hoy un funcionario del gobierno estadounidense que, al menos en la gestualidad pública, toma como ejemplo al mandatario argentino en lo referido a sus políticas para destruir al Estado, todo lo cual está expresado en la violenta y atroz metáfora de la motosierra.

(A través de un reporte de su corresponsal en Washington, Román Lejtman, el portal Infobae explicó el viernes la “empatía ideológica” de Milei con el gobierno estadounidense y con el ultra-millonario Musk, así como el estado de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Nota del 21/02/25). 

En nuestro país, mientras tanto, los principales jerarcas empresariales aplauden el plan económico y a la vez lamentan el “estilo” presidencial que acarrea eventuales riesgos políticos para sus negocios. Pero no creen que el cimbronazo por la cripto-estafa pueda alterar el panorama general. (En un informe sobre el tema que publicó elDiarioAr, “un importante referente del sector petrolero” le dijo a la periodista Natalí Risso que “si un inversor de afuera está pensando en invertir en Vaca Muerta o en minería, yo te aseguro que este escándalo no lo va a hacer cambiar de posición”. Nota del 21/02/25). 

Paralelamente, el “capitalismo de libre empresa” fomentado por Milei consolida el hecho de que gran parte de la Patagonia esté bajo control de empresarios extranjeros que actúan por fuera del Estado de Derecho y permanecen ocultos a la visibilidad social, como es el caso del magnate inglés Joe Lewis, usurpador de una parte del territorio de la provincia de Río Negro desde hace más de dos décadas.

(A finales del gobierno de Alberto Fernández, las autoridades impulsaron acciones legales para declarar la “nulidad” de la sociedad comercial mediante la cual se compraron miles de hectáreas en la zona de Lago Escondido. Información del diario Ámbito, nota del 05/10/2023). 

Recientemente se supo que el aeropuerto privado de Puerto Lobos, ubicado cerca de la localidad rionegrina de Sierra Grande y que tiene dimensiones similares al Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, fue vendido por Lewis a una empresa que tendría vínculos con capitales de Emiratos Árabes Unidos.

La información fue revelada por Magdalena Odarda, actual diputada provincial en Río Negro, quien además advirtió que el aeropuerto “no paga ningún tributo porque, para los funcionarios, no existe”. (Reporte de la agencia ADN-Sur, nota del 20/02/25). 

También Odarda, una dirigente que desde hace 20 años ha accionado judicialmente contra Lewis y ha puesto el tema en los primeros lugares de su acción política, dijo por otra parte a hace una semana que los devastadores incendios en decenas de miles de hectáreas de la Patagonia podrían tener “una relación directa con la extranjerización de las tierras”. (Nota del 16/02/25). 

Exactamente a mediados de este mes Argentina fue sacudida, políticamente, por un suceso que protagonizó el presidente de la Nación y derivó en una colosal estafa financiera de repercusión mundial.

La inesperada situación autodestructiva del gobierno abre mejores posibilidades para acumular fuerzas por parte de aquellos sectores que rechazan y resisten la devastación del país.

Sin embargo, el brutal ataque político y económico contra el Banco Nación; las miserias morales e ideológicas de una parte considerable de las/los integrantes del Congreso; la violencia gubernamental contra gente común del pueblo que ejerce su derecho a la protesta; los alardes de poder que Milei consigue realizar en Estados Unidos aun cuando su figura está en el centro de un escándalo internacional; y el continuo y ocultado despojo territorial en la Patagonia -entre otros infinitos hechos visibles o invisibles para la opinión pública-, exhiben la vigencia de poderes permanentes que están por encima y más allá de un presidente por el momento debilitado, víctima de su propio fanatismo extremista y de su habitual impunidad para hacer y decir hasta lo más aberrante, alevoso y violento.