El gobierno ha decidido terminar con las moratorias para jubilarse cuando los años de aporte al sistema no alcanzan a los requeridos, que había establecido el gobierno peronista ante una realidad indiscutible: por un lado las amas de casa, ya que su importante trabajo de criar y educar hijos y mantener el hogar es tarea no remunerada y, por lo tanto, no tienen aportes jubilatorios y, por otro lado, más del 40% del trabajo en relación de dependencia en nuestro país es informal, no por culpa del trabajador sino porque es al único que tiene acceso (según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 85% de los informales no lo quisieron sino se ven obligados por no contar con otro trabajo). Se da principalmente en el trabajo doméstico, en el rural y en el urbano sin especialización

Se calcula que sin la moratoria sólo podrán acceder a la jubilación en término 1 de cada 6 mujeres y entre 3 y 4 hombres cada 10; muchos, incapacitados para seguir trabajado, sólo tendrían acceso a una pensión, por un monto que es fracción de la jubilación mínima (que no alcanza para sobrevivir). Es una especie de eutanasia o, desde otro punto de vista, es un ejemplo de la lucha cultural declarada por el gobierno: el neoliberalismo individualista, meritocrático y egoísta, que devuelve en función de lo aportado por cada uno, frente al concepto solidario de las generaciones activas para con las pasivas, que es la concepción que está atrás del sistema jubilatorio de reparto.

El problema fundamental está en la existencia de una economía informal generalizada. Según la OIT en el mundo 2.000 millones de trabajadores operan en la economía informal en forma total o parcial (el 60% de los trabajadores adultos) y representa el 35% del PBI de los países pobres y el 15% en las avanzadas; afecta principalmente al servicio doméstico, vendedores, taxistas y al sector servicios.

El término “economía informal” fue creado por el antropólogo Keith Harte en 1971. Según escribió Hart hace poco, “La economía informal comenzó hace unos cuarenta años como una forma de hablar de lo pobres del tercer mundo que vivían en las grietas de un sistema de reglas que no llegaba hasta ellos. Ahora el propio sistema de reglas está en duda. Todo el mundo ignora las reglas, especialmente las personas que está en la cima –los políticos y burócratas, las corporaciones, los bancos- y evitan ser considerados responsables de sus acciones ilegales. La privatización de los intereses públicos es probablemente universal pero la novedad del neoliberalismo es que, mientras que la alianza entre dinero y poder solía ser encubierta, ahora se celebra como una virtud, envuelta en la ideología liberal. La economía informal parece haberse apoderado del mundo, disfrazada de retórica de libre mercado” (citado por Galliano, Alejandro: “La máquina ingobernable”, 2024, pg.210).

La mayor informalidad se encuentra en América latina y en África y afecta, en particular, a las mujeres (a nivel mundial sería el 68%, cifra que en África llega 83%) y al servicio doméstico (sería informal el 80% del total). En nuestro país, según un estudio de la Universidad de Córdoba, el ser mujer aumenta en 65% la posibilidad de ser pobre y en 90% el de trabajo informal.

Toda la economía se ve afectada por la informalidad, ya que no crece por su baja productividad, porque genera sueldos menores y sin protección social y está acompañada de un menor nivel educativo.

Según dice el neoliberal peruano Hernando de Soto, los pobres (por los informales) no son proletarios sin empleo sino empresarios sin capital (…) Su actividad genera riqueza no registrada. Es cierto que generan riquezas que se apropian otros; no son trabajadores con derechos sociales ni tampoco empresarios, son explotados por un sistema injusto e ilegal que, para colmo, ahora los va a castigar negándoles la posibilidad de jubilarse.