El más serio intento por destruir el campo popular acometido por las clases dominantes y su títere grotesco, es poco serio. La economía se derrumbó, la pobreza escaló a más del 50 por ciento de los argentinos -según algunos estudios, al 70 por ciento-, el país se ha quedado sin divisas y sin crédito, la inflación sigue siendo muy alta, el valor del dólar es insostenible y una nueva devaluación volvería a disparar la espiral inflacionaria. ¿Hasta cuándo?

El poder disciplinador, el que reemplazó a las dictaduras militares pero sigue condicionando a la democracia, el que combina la prensa canalla, el poder judicial servil y los servicios de inteligencia, acaba de lanzar una nueva cortina de humo: el culebrón Alberto, una telenovela por entregas destinada a tapar el fracaso del gobierno y sembrar el terror. Una bomba arrojada sobre el movimiento popular y llamada a impedir la construcción de una alternativa a este modelo monstruoso.

Pero en un país donde todos son pecadores y los que no tienen pecados saben que tampoco están a salvo porque en cualquier momento se los pueden inventar, no hay ninguna certeza de que dentro de algún tiempo los supuestos canallas de hoy no se vayan a convertir en víctimas. Después de todo, en un país donde la práctica obligada es violar la ley, los poderosos para enriquecerse y el resto para defenderse, ¿quién no tiene un cadáver en el ropero? Además, los verdugos también dejan huellas dactilares.

La canallada de la semana del gobierno de Milei fue con las provincias de Neuquén y Río Negro. Las ignoró olímpicamente al tomar la decisión de reprivatizar las centrales hidroeléctricas emplazadas en ríos de la región. Mucho se había venido hablando y haciendo para que, vencidas las concesiones otorgadas hace 30 años, en el gobierno de Menem, las centrales pasaran a poder de los estados provinciales o estos tuvieran efectiva participación en la decisión sobre su destino.

Más allá de las declaraciones de distintos funcionarios de la presente y la anterior administración local, la Legislatura de Neuquén tenía aprobada una resolución instando a la Cámara de Diputados de la Nación a traspasarle a la provincia el dominio de las represas, fundada en la calidad de estas de propietarias de los recursos, según lo que establece el artículo 124 de la Constitución Nacional (“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”).

Pero con esta gente que gobierna hoy no hay caso.

Entre otras cosas, con lo conocido esta semana quedará en el camino la vieja reivindicación de la Tarifa Comahue, que libraba a los habitantes de la región del costo de transporte desde el gran centro de distribución en la provincia de Buenos Aires, ya que esa energía se produce acá (!!!).

A partir de ahora, de restituirse ese justo beneficio quitado durante las privatizaciones de Menem, tendría que ser sufragado por las propias provincias productoras. Más arbitrario no se consigue.

Pero en una muestra más de su política de hechos consumados, el gobierno de LLA no se detuvo a considerar la petición de las provincias y las excluyó de la decisión de reprivatizar las centrales emplazadas sobre sus ríos. Ni siquiera se detuvo a analizar que tanto Cerros Colorados, como Alicura, Piedra del Aguila y El Chocón-Arroyito son centrales construidas con recursos de todos los argentinos y que están totalmente amortizadas, por lo que no sería ningún privilegio traspasarlas a las provincias donde están emplazadas y son propietarias del recurso que las hace funcionar.

Para poder hacerlo con mayor discrecionalidad Milei traspasó por decreto las acciones de Enarsa y Nucleoelectrica Argentina, propietarias en los papales de las hidroeléctricas, a una serie de sociedades anónimas que, de acuerdo a lo previsto, en un plazo de 6 meses las entregarán a la secretaría de Energía y esta, ya sin control ninguno -para esto servían las “facultades extraordinarias” de la ley Bases-, las volverá a privatizar.

El argumento que sustenta esta felonía es que Enarsa es deficitaria. Y lo es, pero no porque las represas del Comahue sean deficitarias sino debido a que Enarsa importa el gas licuado que consumen los argentinos y que con justo criterio para un país que lo posee en abundancia y lo necesita para su desarrollo hasta ahora estaba subvencionado.

Como todo, este manotazo era demasiado grueso para que pasara así nomás. Saltaron los gobernadores y el gobierno de Milei tuvo que aceptar reunirse con ellos para escucharlos. En la reunión se habló del canon por el uso del recurso hídrico propiedad de las dos provincias, e inclusive de la posibilidad de opinar sobre regalías y tarifas.

En realidad, lo que va a hacer el gobierno de Milei es beneficiar, como ocurre con las petroleras y gasíferas protegidas por el RIGI, a las empresas hidroeléctricas argentinas y extranjeras, o nacionales asociadas con estas últimas, que encontrarán en el agua del Comahue otra fuente para incrementar sus exponenciales ganancias, ahora multiplicadas por la drástica e inicua eliminación de los subsidios. Más riqueza para los poderosos y más pobreza para los consumidores y las provincias. Como diría Atahualpa: el agua será de nosotros pero las represas son ajenas.