Los debates presidenciales, esa tradición tan “americana”, siempre me han parecido, como espectador y como historiador, una notable pérdida de tiempo.

Suelen ser la apoteosis de la política cómo espectáculo. Un “reality show” donde todo: las palabras, las interrupciones y los gestos, está guionado y estudiado, manipulando la emoción de los televidentes. Lo casi completamente opuesto a un debate político.

Sin embargo, la noche del pasado 27 de junio, el primero (¿y tal vez el último?) debate Biden-Trump, más los sucesos de los días posteriores son de una naturaleza extraordinaria. Hemos pasado del “reality” al “horror show”.

Lo que un observador agudo describió como “un anciano mintiendo sobre los hechos y el otro no pudiendo recordar los hechos”, fue en realidad la demostración en “prime time” del ocaso de un sistema político.

Como hemos dicho en otras ocasiones, los EE.UU. no son una democracia como la definen los manuales.

Con una estructura de partido único dividido en dos secciones –Republicanos y Demócratas– es más bien una república oligárquica, donde los “donantes” y los lobistas establecen las candidaturas que luego son sometidas al voto de las y los ciudadanos que logren sortear los mil obstáculos para ser registrados como electores, tras campañas electorales cada vez más costosas y vacías de contenido.

Con todo, hasta fines del siglo XX fue una sociedad políticamente vibrante, con una libertad de expresión razonablemente extensa. Poco de eso queda en lo que va de este.

Los íconos periodísticos son hoy ventrílocuos al servicio del poder. El Washington Postes poco más que un vocero oficioso de la CIA y el New York Timesla cámara de eco de la élite financiera y el “estado profundo”.

En un país donde los gobiernos estaduales retiran de las bibliotecas públicas libros de historia sobre la esclavitud y la cultura afro, donde se prohíbe usar la palabra “genocidio” refiriéndose a Palestina y se persigue con leyes de antisemitismo a activistas judíos opuestos al sionismo, se ha superado hace rato la distopía orwelliana.

El debate del 27 de junio pintaba, ya antes de efectuarse, como una anomalía en una carrera electoral rara desde el comienzo, con los dos candidatos principales arriesgando terminar tras las rejas si perdieran la elección.

Se organizó en junio, cuando lo usual es en octubre. Sólo dos de los seis candidatos fueron invitados, Biden y Trump, que, aunque ganadores de las primarias, aún no fueron votados por las Convenciones de sus partidos. La republicana establecida para el 15 de julio y la demócrata, si llega a reunirse, para el 19 de agosto.

¿Qué sentido tenía? Los estrategas demócratas quizás pensaron poder explotar la reciente primera condena judicial en una de las innumerables causas penales que enfrenta Donald Trump y descontar la ventaja que éste les lleva en la mayoría de los estados claves.

O quizás fue la forma, torvamente cruel, de exponer la pobre condición intelectual de su octogenario candidato para forzar su retiro antes de la Convención.

Desde hace casi un año muchos analistas comentan las alarmantes señales de senilidad de Joe Biden y el creciente rechazo de los votantes demócratas a su reelección.

De golpe aquel jueves todo quedó súbitamente iluminado. Al día siguiente, a coro, los principales medios estadounidenses pidieron la retirada de la candidatura de Biden, descubriendo recién ahora la abismal caída de las facultades cognitivas del Presidente.

Comenzó entonces un culebrón que continúa mientras se escribe esta nota (el día del 248 aniversario de la Independencia de EE.UU.).

Entrada en pánico, la oligarquía demócrata está dividida entre quienes sostienen a viento y marea la continuidad de Biden y quienes reclaman su declinación, divididos a su vez respecto al nombre de su reemplazo y al complejo mecanismo de sustitución.

Como frutilla del postre, el lunes 1 de julio, la Suprema Corte de Justicia estadounidense sacó por mayoría (6 a 3) un fallo que otorga a Trump “inmunidad absoluta contra el proceso penal” para aquellas acciones oficiales que llevó a cabo durante su mandato como Presidente, abriendo una venenosa zona gris en la definición de acciones “oficiales” y “no oficiales”.

El fallo incidirá fuertemente sobre las tres principales causas abiertas a Trump: la de sus denuncias sobre supuesto fraude en las elecciones de 2020, la de incitación al asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y la de la retención de documentos secretos en su residencia en Florida.

Pero tiene consecuencias de mucho más largo alcance, transformando la figura del presidente de los EE.UU. hasta convertirlo en un monarca, terminando con el precepto de nadie por encima de la ley.

Además cimenta las facultades imperiales de su acción en el exterior.

Ni la ejecución de ciudadanos estadounidenses en el exterior, sin juicio previo, como ordenó en secreto el presidente Obama, ni la orden a luz pública por parte del presidente Trump de asesinar al general iraní Qasem Suleimani, miembro del gobierno de un país con el que no estaba en guerra, fueron nunca llevadas a juicio. Pero existía esa posibilidad legal, que desde ahora será simplemente imposible.

Todo está servido para que el martes 5 de noviembre de 2024, Donald Trump, de 78 años, un millonario supremacista blanco, misógino y fabulador, prometiendo soluciones mágicas e inmediatas para los serios problemas de la sociedad estadounidense (¿les suena?) asuma por segunda vez la presidencia de la mayor potencia militar del mundo.

El miércoles 6 de noviembre, mientras se deposite el polvo del derrumbe del sistema político de la “nación indispensable”, el torvo rostro del neo-fascismo asomará por las frías calles de Washington D.C.

Tal vez no, y asuma una persona que hoy desconocemos. La esperanza es lo último que se pierde.

* Me permito robar como título el del notable film de Liev Scheiber (2005) sobre la memoria, la guerra y el Holocausto en Ucrania.