Quienes creímos que el Parlamento argentino pondría un freno a los exabruptos de Milei después de la aprobación de la ley Bases, nos hemos decepcionado. Es que no aprendimos la lección histórica de las claudicaciones del Poder Legislativo en Argentina, cuyo régimen constitucional presidencialista resta significativamente equilibrio a la interacción republicana de los tres poderes que la componen. Desequilibrio acicateado por sobornos, algunos de ellos muy notorios.

Una breve recordación de esas agachadas, incluso sin ser exhaustivo, sirve para encontrar coherencia de funcionalidad del Congreso ante los avances del Poder Ejecutivo nacional.

El primer paso fue en aquella Semana Santa de Raúl Alfonsín, en 1987, cuando tuvo que acudir adonde se refugiaban los golpistas a escuchar sus demandas respecto de los Juicios por la Memoria, Verdad y Justicia que el mismo Alfonsin había iniciado. Al volver a la Casa Rosada supimos de la impunidad de los golpistas cuando el presidente dijo que la casa estaba en orden y deseó Felices Pascuas para todos. A eso le siguieron las leyes de Punto final y Obediencia Debida en el mismo correlato inicial, que legitimaba el compromiso que el presidente había formulado a quienes se habían alzado contra la legalidad democrática.

El Parlamento apoyó al Presidente que, en declaraciones posteriores, admitió que con su flexibilidad había salvado el derramamiento de sangre y la eventual pérdida del sistema democrático, recién recuperado, en manos de los golpistas.

Después fue la ley Dromi de reforma del Estado, llamada así por su autor, el ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, durante el gobierno de Carlos Menem, que fueron las primeras de las numerosas privatizaciones entregadas a vil precio de innumerables empresas públicas para poder pagar la deuda externa. Se entregaron las empresas al saqueo ocasional de la voracidad financiera internacional, pero la deuda siguió vigente y con ello nuestra virtual y efectiva dependencia con los entes acreedores.

Algo parecido sucedió con la Convención Constituyente de 1994 de Santa Fe, en que hubo cláusulas que el Parlamento permitió que fueran no abiertas, o secretas, y que se aprobaran así, a libro cerrado. Esto motivó el escándalo de la renuncia del obispo Jaime de Nevares (en la ocasión, diputado constituyente por Neuquén), quien denunció con su renuncia esa maniobra inaceptable.

Años después Fernando De la Rúa llenó el cartón de las transgresiones, con la Banelco, para obtener la sanción de la ley de Reforma Laboral.

Por su parte, Mauricio Macri burló la consulta al Parlamento todas las veces que pudo, con sus decretos de necesidad y urgencia. La más grave fue el préstamo solicitado al FMI por 53 mil millones de dólares, que lo hizo sin consultar al Congreso como manda la Constitución Nacional para contraerlo.

Como si se hubiese tratado de una falta menor, en este momento todo ese dinero lo debe la Nación, en su conjunto a través del Estado nacional, cuando esa misma Nación no estaba notificada de la gestión del empréstito que hoy tiene validez legal.

Y recientemente, el Parlamento sanciona una ley abiertamente inconstitucional con el apoyo de argumentos pueriles como decir que hay que darle al gobierno las herramientas que demanda para gobernar, como si ya no se hubiese podido ver de qué es capaz este presidente investido de un poder casi absoluto.

Igual se le concedieron facultades legislativas y ya anuncia que volverá a la carga con las privatizaciones, sobre todo por aquellas que tuvo que conceder que las sacaría del texto para que la ley saliera aprobada. Ya ha anunciado que volverá a proponerlas.

Tantas claudicaciones no nos llevarán a buen puerto, la corrupción a cielo abierto que demandó la aprobación de la ley es demasiado para la ética pública. Sin embargo, se festejó la aprobación de la ley Bases como un trofeo que hubiese sido logrado legítimamente.

La más dura conclusión resulta de saber que el Parlamento y su comportamiento como cuerpo es un emergente de lo que en definitiva es una parte de la sociedad argentina con sus principios y sus valores.

Es un espejo que urge limpiar para que refleje una mejor imagen de nuestras instituciones republicanas.