Hace cuatro meses, el 10 de Marzo, publicamos en este medio una nota titulada “Los 10 puntos de Milei”, donde se analizaba la propuesta de Milei para “un nuevo pacto fundacional” del país, a firmarse en Córdoba, con los gobernadores de las provincias, el 25 de mayo siguiente, Como no se logró para la fecha señalada la aprobación de la “Ley de Bases”, el gobierno postergó la firma del ”Acta de mayo” al próximo 8 de julio, esta vez en Tucumán.

En esa nota hacíamos un paralelismo entre el programa del neoliberalismo, conocido como “Consenso de Washington”, dado a conocer por John Willamson en 1989, en un resumen de 10 puntos, con un enorme paralelismo con los 10 puntos de Milei.

A pesar del corto tiempo transcurrido desde esa nota, dado la importancia del tema para el país y su futuro, creo que es conveniente repetir los conceptos expresados entonces y analizar los cambios que ha tenido la propuesta en estos dos meses.

Los 10 puntos actuales son:

1. “La inviolabilidad de la propiedad privada”

Corresponde al 10 del Consenso de Washington. La intención es borrar la concepción moderna basada en el respeto a la propiedad privada pero sujeta a cumplir una función social. Así fue incorporada a la Constitución Argentina de 1949 (Art. 38), sintetizado por el constituyente Sampay “ningún derecho individual referido a bienes materiales puede ser ejercido dando preeminencia al interés privado sobre el bien social”. La Constitución de 1949 fue borrada por un simple decreto durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu de 1956.

De todas formas, vuelve a tener rango constitucional a partir de 1994, que da ese carácter a los convenios internacionales, dado que en el Pacto de Costa Rica, al que adhirió Argentina, en el artículo 21 expresa: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social”.

Además, la reforma constitucional incorporó un nuevo derecho de naturaleza comunitaria, la propiedad indígena (Art.75 inc. 17) y la Ley 26.737 del año 2011, estableció un Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que fija un límite a la concentración y extranjerización de las tierras rurales, un fenómeno de las últimas décadas de aristas preocupantes, en particular en nuestra Patagonia.

El incluir como punto del consenso a la inviolabilidad de la propiedad privada puede implicar un atraso de más de 150 años en el pensamiento jurídico, volviendo al siglo XIX con su concepción de propiedad absoluta o, lo que sería más grave, ser señal de una decisión de atacar a los derechos de propiedad comunitaria de los pueblos ancestrales y de eliminar las restricciones establecidas por la Ley 26.737.

2. ”El equilibrio fiscal innegociable”;

Si durante la última pandemia hubiera existido una clausula como la propuesta, el país, con la disminución de ingresos fiscales producto de la merma de actividad, hubiera vivido una catástrofe sanitaria, como ocurrió en Ecuador (en este caso producto de la dolarización). Sería criminal quitarle al estado la posibilidad de afrontar los gastos de una emergencia de cualquier tipo para no caer de déficit. Además, el déficit razonable es una herramienta muy útil para combatir la recesión económica, reemplazando así, con el gasto público a la merma de demanda privada.

Si se considera al equilibrio fiscal como un objetivo, es más razonable una redacción como la de Williamson (1° punto del Consenso): “Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales en relación con el producto interno bruto”.

3. “La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25 por ciento del PBI”

El gasto público en los países desarrollados respecto al total del PBI, particularmente los europeos, es alto (datos de 2022): Francia 58,3%, Italia 56.1%, Bélgica 53,5%, Finlandia 53,3%, Austria 53,2%, Alemania 49,5% Y Suecia el 47,5%; Japón el 42,7%, mientras que América está en un nivel levemente inferior: Brasil 45,4%, Canadá 41,43 y Estados Unidos 36,25%. En Argentina el gasto representa el 37.3% del PBI, similar al de Estados Unidos.

En cambio, en muchos países latinoamericanos es bajo: Chile 26,3%, Costa Rica 19,5%, República Dominicana, 18.5%. En este aspecto, Milei prefiere asimilarnos a estos países (o a Ghana, 27,1% o a Angola, 22,5%.

De todas formas, por anarco-capitalista (como se define el presidente) que piense una persona y crea que el origen de todos los males está en el estado (la catalogó como “organización criminal”) pensar que se puede bajar el gasto público 12 puntos es una locura: implicaría suspender definitivamente a la obra pública, despedir a gran cantidad de emplead públicos y desfinanciar la educación y la salud pública. Y convertir en crisis económica la profunda recesión que estamos sufriendo.

4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.

Se reemplaza así un punto polémico: el de la reforma del sistema político, que estaba inicialmente y que generaba resistencia en las Provincias. De todas formas, elude la enseñanza terciaria y universitaria, porque tiene en mente el arancelamiento y privatización del sistema.

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos, y promueva el comercio

Corresponde al punto 3 de Williamson. Es cierto que nuestro país necesita una reforma impositiva, pero una reforma que vuelva al sistema más progresivo (Que sea proporcional a la capacidad contributiva de los contribuyentes) y no regresivo, como en la actualidad (por la importancia de los impuestos al consumo, como el IVA, pagan proporcionalmente más lo que menos tienen), Es decir, hay que incrementar el impuesto a las ganancias a quienes más ganan (y no al sueldo de los trabajadores) y, fundamentalmente, el impuesto a los bienes personales, cuya recaudación es irrisoria (hay que aumentar la alícuota, revisar la cotización de los bienes, en particular los inmuebles rurales, y ejercer un control real para evitar la elevada evasión actual.

Sin embargo, no parece ser una modernización el sistema lo que se busca, sino justificar la reposición del impuesto a las ganancias sobre el sueldo de los trabajadores y jubilados y aliviar la presión impositiva sobre los que más tienen, llevando la recaudación a un importe compatible con la reducción del gasto público prevista en el punto anterior.

6. La discusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual “que padecen las Provincias”.

Agregó al texto anterior la frase “que padecen las Provincias”. Se trata de un acuerdo al que voluntariamente adhirieran todas las jurisdicciones (provincias más Capital Federal) que no es fácil de lograr por los intereses encontrados que tienen, especialmente los que derivan de la “cabeza de Goliat”, que denunciara Martínez de Estrada, sobre la preeminencia de Buenos Aires, modelo que se repite en Neuquén con su capital. Está la zona Centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) que tiene, por su capacidad productiva, una elevada recaudación tributaria; la zona Norte con su pobreza y la Patagonia, con su riqueza potencial pero que requiere apoyo para su desarrollo. Se requiere una fórmula de distribución que responda a esas tres problemáticas y tenga el apoyo de todos, lo que no es fácil de lograr y que será muy difícil de obtener en un futuro próximo.

7. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.

Pretende justificar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y, al mismo tiempo, busca terminar con la resistencia de los habitantes a la explotación a cielo abierto de la minería, en defensa de su medio ambiente, como ocurrió en Chubut. La crítica al RIGI ya se hizo en otra nota,

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

Cuando la derecha habla de “reforma laboral moderna” está buscando la eliminación de los derechos que se fueron logrando luego de largas luchas ocurridas durante más de un siglo, buscando así bajar los costos laborales y aumentar la tasa de ganancia. Es un punto imposible de acordar.

9. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron.

Se eliminó, a pedido de las Provincias, “y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación”, que abría el camino a la vuelta de las AJP. De todas formas, y a pesar del rechazo en el Congreso, se está pensando en eliminar las jubilaciones que ingresan por moratoria; parece imposible que eliminen las vigentes por el derecho adquirido, pero sí las futuras; de esta forma se desconoce el derecho a jubilarse a las amas de casa, como si el atender el hogar y criar a los hijos no fuera trabajo, y se pretende ignorar que casi el 40% de la fuerza laboral está en “negro”, sin que la patronal haga los registros y aportes correspondientes; se desconoce, además, que la financiación del sistema se hace con el aporte de los trabajadores registrados pero también con impuestos que pagamos todos, de forma que todos (registrados o no) contribuimos con la financiación del sistema.

Además, lo que es muy grave, desconoce abiertamente el carácter solidario del sistema previsional. Es un punto totalmente inaceptable.

10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser la protagonista del mercado global.

Es el punto 6 del Consenso de Washington. La apertura externa fue la política que aplicaron las tres experiencias neoliberales que hubo en el país y que terminaron todas con el mismo resultado: destrucción de la industria nacional, crisis, desocupación y endeudamiento externo. También en Estados Unidos ocurrió algo similar: por seguir la apertura comercial que recomienda el Consenso de Washington está desapareciendo la industria manufacturera y zonas enteras que otrora fueron emporios industriales entraron en crisis y los salarios reales cayeron, lo que justifica el apoyo político del que aun hoy cuenta el expresidente Donald Trump con su propuesta de “primero Estados Unidos” y la reindustrialización del país. El consumo se mantuvo merced al endeudamiento creciente de la población.

Resulta imposible de aceptar esta reedición del fracaso.

Por último, se crea un “Consejo de mayo” para “discutir el grande, augusto y sagrado objeto de la refundación de la patria”, que es como califica el propio proyecto a la aprobación de un programa neoliberal obsoleto, integrado por un presidente, un representante del ejecutivo, uno por la Cámara de Diputados, uno por el Senado, uno por las Provincias, uno por las entidades gremiales y uno por el sector empresario. En resumen, los 10 puntos son propuestos para la firma y no para la discusión. No se trata, entonces, de un contrato acordado por las partes sino un contrato de adhesión a un programa conservador-neoliberal que ya ha fracasado en el país y el mundo.