El anuncio de Mauricio Macri de que no será candidato presidencial este año, debería servir para clarificar al conjunto de las fuerzas democráticas y populares cuál es el verdadero poder al que se enfrentan los sectores que aspiran a representar los intereses de la mayoría de la sociedad.

Quizás por pereza intelectual o por limitaciones ideológicas para elaborar conceptos y pensamientos complejos que actúen como una guía para la acción política, a partir de la etapa de gobierno 2015-2019 se alude a “Macri” o al “macrismo” como el espacio contrario a los intereses del pueblo. Es un profundo error.

Macri puede ser la figura más destacada dentro de una coalición política -como lo fue desde que ganó primero la candidatura y luego la elección general hace casi ocho años-, pero también puede no serlo, como ocurrirá a partir de ahora. El problema central no son los dirigentes que personifiquen en cada situación específica una alternativa de poder, sino los intereses que representan.

El sector que tuvo el control del Poder Ejecutivo nacional entre 2015 y 2019, y que ha mantenido fuera del gobierno una sólida fortaleza política y social, no se sustentaba ni se sustenta solo -ni principalmente- en Mauricio Macri, sino en el conjunto del bloque de poder dominante.

Se trata del bloque de poder oligárquico, representativo de las minorías socialmente privilegiadas que se incautan, en su mayor parte, de la riqueza producida por la población en su conjunto.

Está formado por el empresariado propietario de grandes volúmenes de capital y las clases sociales por ellos integradas, así como por los intereses del capitalismo trasnacional con epicentro en Estados Unidos (EU). Esos sectores se expresan a través de corporaciones económicas, mediáticas, judiciales, del espionaje, militar-policiales, etcétera, las cuales despliegan su poderío tanto dentro de Argentina como en el exterior.

A mediados de la década pasada consiguieron, por primera vez en la historia, tener una expresión partidaria con chances de disputar el poder en las instituciones del Estado cuyas autoridades surgen del voto ciudadano: el gobierno de la Nación, el Congreso, las gobernaciones y legislaturas provinciales, y las intendencias y demás órganos municipales.

Dicha expresión partidaria se llamó “Cambiemos” y posteriormente fue denominada “Juntos por el Cambio”. Cuando esa coalición llegó al gobierno nacional respaldada por una mayoría electoral, junto con las corporaciones antes mencionadas instauró un régimen político de derecha destinado a restituir los intereses que representaban -los cuales habían perdido poder durante la etapa kirchnerista 2003-2015- y de prolongarlos hacia el futuro.

Sufrieron un traspié al ser derrotados por el Frente de Todos en los comicios presidenciales de 2019, pero mantuvieron un peso considerable en el Parlamento, más el gobierno de la capital federal y tres gobernaciones (Mendoza, Jujuy y Corrientes), y también las intendencias de grandes ciudades de la mayoría de las provincias, incluidas varias del populoso Conurbano que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Por fuera de las estructuras del Estado que dependen de los resultados electorales, conservaron intacto su poderío corporativo. El Poder Judicial y las cadenas mediáticas de derecha fueron/son el baluarte para ejercer el sabotaje contra el gobierno del peronismo y sus aliados, hasta el extremo criminal de haber boicoteado en su momento los cuidados contra la amenaza del Covid y las campañas de vacunación.

Además, minuto a minuto promueven el odio contra Cristina Kirchner y todo el kirchnerismo. Así generaron un ánimo social violento, determinante para la aparición de una banda terrorista que el 1 de septiembre de 2022 quiso asesinar a la vicepresidenta de la Nación. Posteriormente, en pocos meses el Poder Judicial y los medios de comunicación de su misma ideología se encargaron de encubrir todo, para garantizar la impunidad de los/las responsables políticos y empresariales del intento magnicida.

Ultraderecha surgida en la pandemia

Actualmente, el bloque dominante está en plena elaboración de una estrategia electoral-institucional para los próximos años, sin tener ahora a Macri como mascarón de proa. El ex presidente, un sujeto ególatra con la vanidad herida y lleno de rencor por haber perdido la elección de 2019, recoge todavía un rechazo social mayoritario que lo obligó a dejar de lado sus ambiciones de volver a ser presidente, al menos en este turno.

Pero los hechos de la realidad colectiva son dinámicos e imprevisibles, y la pandemia ha transformado a la sociedad de una manera hasta el momento insondable. En ese marco han crecido en todo el mundo los grupos políticos de ultraderecha, promotores de un capitalismo cada vez más salvaje, cruel e inhumano, y resueltos a eliminar las conquistas civiles, los derechos individuales, las garantías constitucionales y el conjunto de las libertades democráticas.

En Argentina las caras más visibles de esa novedosa manifestación del extremismo ultra-capitalista y violento son Javier Milei y José Espert. Ambos obtuvieron votos suficientes como para ingresar a la Cámara de Diputados en 2021. Hoy son dos dirigentes con un caudal potencial de votos que necesariamente deben sumarse a los de Juntos por el Cambio, con la mira puesta en derrotar al peronismo y sus aliados.

Los sectores dominantes ya no están representados unicamente por la alianza macrista-radical-carrioísta (por Carrió), sino que deben incluir a los grupos extremistas surgidos durante la pandemia. Una alianza de las derechas más la ultraderecha será la nueva expresión electoral-institucional que en el futuro inmediato defenderá los intereses de las clases dominantes locales y la hegemonía de Estados Unidos en América Latina y el mundo.

El bloque de poder oligárquico, más allá de Macri, puede tener como candidato/ta presidencial a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal. Eso se definirá en las elecciones primarias del 13 de agosto. La Unión Cívica Radical, a su vez, podrá revalidar sus mandatos en Mendoza, Jujuy y Corrientes, y probablemente obtener otras gobernaciones importantes, como la de Santa Fe, con la actual senadora Carolina Losada. Esta legisladora, a su vez, en lugar de postularse para la gobernación santafecina podría ser la precandidata a vicepresidenta en la fórmula encabezada por el porteño Larreta.

Como puede observarse, los nombres y las personas son susceptibles de cambiar según múltiples circunstancias. Eso es lo menos importante en las disputas de poder. Lo fundamental es que el bloque de poder oligárquico tendrá una representación político-institucional más allá de Macri.

En consecuencia el peronismo y sus aliados, aglutinados en el Frente de Todos -o lo que quede de él, con la denominación que tuviere-, así como las demás fuerzas democráticas y populares, deberán aprender alguna vez que enfrentan a poderes locales y extranjeros que están muy por encima de los nombres escritos en las boletas electorales.