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19/03/2023

Electricidad: el modelo privatizador sigue intacto

Electricidad: el modelo privatizador sigue intacto | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

Argentina es víctima del sistema eléctrico privatizado hace 30 años. Desde 2020 Amado Boudou impulsa la estatización de todos los servicios públicos. Senadores/as de Neuquén, Río Negro y Chubut proponen estatizar siete centrales hidroeléctricas y los gremios de la energía se pronunciarán sobre el tema.

Miguel Croceri

El hecho de que la provisión de electricidad se interrumpiera durante una cantidad de horas y días insoportables para la calidad de vida de las personas, y peor aún durante una terrible ola de calor, en la ciudad de Buenos Aires, reinstaló en la agenda pública -aunque sea en mínima medida y transitoriamente- el debate sobre el modelo de servicios eléctricos que nuestro país tiene y cuál sería el deseable.

Desde hace tres décadas el pueblo argentino es víctima del modelo privatizador implantado en los años ‘90, durante la catástrofe neoliberal perpetrada por el gobierno de Carlos Menem y respaldada, salvo honrosas excepciones, por toda la dirigencia justicialista de aquella época.

En los últimos días el gobierno de la Nación se vio obligado a emitir algunas señales en el sentido de que no permanece ajeno al sufrimiento de cientos de miles de porteños/as y habitantes de las ciudades y localidades que rodean a la capital federal, en el aglomerado urbano que en las ciencias sociales se denomina AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

Este jueves (16/03), el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) denunció penalmente a los directivos de la compañía Edesur -concesionaria en la zona sur de capital federal y el AMBA- por los delitos de “defraudación de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos”.

Previamente, el organismo regulador comunicó el pasado martes que enviará al Congreso un informe sobre la prestación del servicio por parte de Edesur “y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión”. La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que “una vez que esté el informe completado, en los próximos 90 días, el Estado evaluará la quita de concesión” a la mencionada empresa. (Reporte de la agencia pública de noticias Télam, nota del 16/03/23). 

El tema vuelve cada vez que hay cortes eléctricos prolongados en la zona metropolitana, pero después todo queda en la nada. Argentina es prisionera de las condiciones ultrajantes que el capitalismo trasnacional, con la complicidad del gobierno y el Congreso de hace 30 años, le impusieron al país para beneficiar por siempre y para siempre a las compañías privadas y, en la otra cara de la moneda, que las argentinas y argentinos se tengan que aguantar cualquier humillación de las empresas eléctricas (y lo mismo respecto de las demás firmas privadas que explotan la concesión de servicios públicos esenciales).

Una de las condiciones ultrajantes consiste en que, ante cualquier intervención del Estado frente a ellas, las empresas extranjeras presenten demandas ante un simulacro de tribunal del Banco Mundial llamado “Ciadi” (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones).

Ese “tribunal” simula arbitrar conflictos entre inversionistas privados por un lado y Estados nacionales por otro, pero prácticamente en la totalidad de los casos resuelve a favor de las empresas. Así, los países -a través de sus Estados- deben pagar decenas o cientos de millones de dólares a empresas extranjeras respecto de las cuales tomaron algún tipo de decisión en defensa de los intereses generales de la población.

(A través de su web oficial, el organismo del Banco Mundial se presenta de forma amable e inocente ante quien quiera consultar sus características y funcionamiento. Acceso a página web del Ciadi). 

Estatización de los servicios públicos”

El tema de qué hay que hacer con los servicios públicos privatizados en la oleada capitalista salvaje (normalmente llamada “neoliberal”) de los años ‘90, vuelve cada vez que hay cortes eléctricos prolongados en la zona metropolitana pero después todo queda en la nada.

Uno de los poquísimos dirigentes que ha planteado una iniciativa superadora y audaz hacia el futuro, es el ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía Amado Boudou. En abril de 2020, en plena tragedia mundial y nacional por el Covid, afirmaba que cuando se lograra superar la pandemia había que estar “listos para la reconstrucción” de una sociedad y una economía devastadas, y una de las medidas concretas que proponía era la “estatización de los servicios públicos”.

Mediante un documento escrito en la cárcel, donde fue preso político del poder oligárquico y de la derecha ideológica, Boudou decía: “El acceso a los servicios públicos forma parte de una nueva generación de derechos humanos. Es realmente absurdo que existan empresas de servicios públicos en manos privadas. Tienen que ser públicas y no entrar en la discusión de la ‘nacionalización’. Lo central es que los precios de los servicios -tarifas- sean determinados por fuera de la lógica del mercado”.

Agregaba que “los mecanismos de privatización o concesión ponen a estas actividades fuera de los parámetros que harían aceptable la lógica de competencia: no hay riesgo, no hay innovación, la inversión la hace el Estado, la ‘comercialización’ está asegurada. Lo único que hacen estas empresas en manos de capitales privados es ‘bajar costos’, despidiendo trabajadorxs y precarizando el empleo mediante la tercerización. En el mismo sentido eluden impuestos, utilizan supuestos servicios internacionales para sacar dólares del país, y contratan a los mega estudios globales contables y de auditoria para saltar las leyes locales”.

También advertía que “sus directivos viven haciendo lobby para que la regulación estatal los favorezca en contra de los usuarios. (…) Además, para un país como Argentina, se convierte en un mecanismo legal de fuga de capitales y un factor de presión para el atraso cambiario. Todas estas cuestiones estratégicas para el país no pueden estar sujetas a la codicia de un puñado de personas”, afirmaba Amado Boudou hace tres años.

(En su momento Va Con Firma publicó una reseña de las ideas del ex vicepresidente y ex ministro, con acceso al documento completo que escribiera desde la prisión, poco antes de quedar en libertad aunque con prohibición de ejercer cargos públicos de por vida. Nota del 08/05/2020). 

(Por aquella época, estando todavía prisionero, Boudou no solo sufría el habitual escarnio del Grupo Clarín y las demás cadenas mediáticas de derecha, sino también las burlas canallescas y miserables del periodista Alejandro Bercovich. Informe de El Destape, nota del 13/05/2020). 

Vencen las concesiones de centrales hidroeléctricas

El modelo privatizador del sistema de electricidad en Argentina tiene uno de sus pilares en siete centrales hidroeléctricas construidas en ríos de las provincias de Neuquén y Río Negro, y en un caso de Chubut. Son concesiones que vencen en el presente 2023, es decir 30 años después de haber sido adjudicadas.

Se trata de las generadoras de energía situadas en las represas de Alicurá (Neuquén/Río Negro), El Chocón y Embalse Arroyito (Neuquén, Río Negro), Planicie Banderita (Neuquén), Piedra del Águila (Neuquén), Futaleufú (Chubut) y Pichi Picún Leufú (Neuquén).

En noviembre del año pasado, el senador por Neuquén Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana, Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para que, al vencer las respectivas concesiones, el Estado nacional “pudiera retener el 51% de las acciones” de las compañías a través de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima). La administración quedaría a cargo de la Nación y de las provincias poseedoras del recurso natural.

El proyecto del legislador neuquino cuenta además con las firmas de las/los senadoras/es Silvia Sapag (Neuquén), Martín Doñate y Silvina García Larraburu (Río Negro), y Carlos Linares (Chubut), todos/as del bloque Unidad Ciudadana, interbloque Frente de Todos. (Información del diario cooperativo Tiempo Argentino, nota del 24/11/2022). 

A comienzos de este mes, en sintonía con su proyecto de ley, Parrilli solicitó formalmente a la secretaría de Energía que no prorrogue las concesiones hidroeléctricas que vencen este año. Lo hizo en una nota enviada a la titular de dicha secretaría, Flavia Royón.

El senador por Neuquén destacó allí que “desde que se privatizaron las represas, la renta que han tenido los concesionarios no ha redundado en inversiones para el mejoramiento y expansión del sistema eléctrico. En consecuencia la potencia no ha aumentado, sino que se ha reducido del 43 al 25 por ciento de su participación en el sistema eléctrico argentino”.

Resaltó además “que las concesionarias han tenido abultadas ganancias durante todos los años de concesión, que han transferido al exterior la mayor parte de las mismas, y que según los informes del Banco Central, han sido parte de la extraordinaria fuga de divisas que tuvo el país durante los años 2016 a 2020”, denunció Parrilli. (Información de Página 12, nota del 03/03/23). 

Por otro lado, se anunció que a fines de este mes la confederación de sindicatos de la energía emitirá “un documento con planteos de los trabajadores en materia energética, entre ellos la situación de las represas sobre el río Limay que están en proceso de vencimiento de sus concesiones”.

La entidad sindical -formalmente llamada Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda)- está presidida desde este mes por el dirigente sindical neuquino y ex senador nacional Guillermo Pereyra.

El 28 de marzo la Catheda se referirá a las represas de la región en un acto en la ciudad de Centenario, en un predio recreativo del gremio petrolero, al cual asistirá como invitado Hugo Moyano. (El diario Ámbito informó del tema a principios de mes, cuando Pereyra asumió al frente de esa confederación. Nota del 08/03/23). 

El tremendo malestar en barrios de Buenos Aires y otras ciudades del área metropolitana por cortes de luz insoportables obligó a que hubiera gestos públicos del gobierno nacional, especialmente a través del ENRE.

Mucho antes de eso, el ex vicepresidente Amado Boudou lanzó su audaz iniciativa para que todos los servicios públicos vuelvan a la esfera estatal.

A su vez, senadores/as de Neuquén, Río Negro y Chubut propusieron que las centrales hidroeléctricas emplazadas en sus territorios y cuya concesión vence este año, en adelante tengan mayoría accionaria de Estado y sean administradas por la Nación y las provincias involucradas. Y además, los gremios del sector energético se pronunciarán sobre el tema.

Son iniciativas valiosas, aunque todas en mayor o menor medida requieren de una acumulación de poder popular muy grande. Nadie sabe si en esta ocasión, una vez más, todo quedará en la nada.

Por el momento, sigue plenamente vigente el modelo privatizador eléctrico implantado hace tres décadas, por el cual el pueblo sufre a diario y la Nación en su conjunto está sometida al poderío del capitalismo trasnacional.

29/07/2016

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