“Miren con qué facilidad se genera una noticia mundial. Eso lo convierte (al hecho) en más alevoso”, dijo el pasado jueves (02/03) el intendente de Rosario, Pablo Javkin, apenas se desatóla conmoción en su ciudad, en todo el país y también a nivel internacional por el ataque a tiros contra un supermercado perteneciente a la familia de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

El dato de que el jefe comunal rosarino hiciera referencia a lo “alevoso” del atentado, formó parte de sus críticas, que implícitamente conllevan graves denuncias, contra “los que tienen armas, (tienen) la capacidad de hacer inteligencia criminal, los que pueden evitar que desde la cárcel (donde están detenidos algunos de los principales jefes de bandas de narcotráfico) se cometan delitos, pero no lo hacen. Entonces, es muy fácil para esas bandas hacer esto”. (Crónica del diario La Capital, de Rosario. Nota del 02/03/23). 

(Información del contexto: Javkin tiene 51 años y de joven integró la Unión Cívica Radical. Luego se convirtió en dirigente de la Coalición Cívica-ARI, y desde 2018 formó un partido local llamado “Creo”. Llegó a la intendencia en 2019 tras haber sido candidato del Frente Progresista Cívico y Social, FPCyS, la coalición santafecina formada en sus comienzos por el Partido Socialista provincial aliado con el radicalismo, y que gobernó Santa Fe por varios periodos y también, hasta hoy, la ciudad de Rosario).

Por otro lado, desde la tarde anterior al violento suceso en el supermercado de la familia Roccuzzo, gran parte de Argentina sufría un apagón en el suministro de electricidad. Durante la noche del miércoles al jueves, y concretamente en la madrugada de este último día, mientras millones de familias y empresas esperaban que volviera la luz, tuvo lugar el ataque contra el comercio ligado a la esposa de Messi.

Acerca del gigantesco corte de electricidad, de inmediato se supo que había sido causado por incendios de campos que afectaron a redes de alta tensión en el distrito bonaerense de Campana, lo cual a su vez -en medio de aumentos del consumo provocados por nuevas jornadas de fortísimo calor en muchas provincias- determinaron la interrupción preventiva del servicio en gran parte del territorio nacional.

El ministro de Economía, Sergio Massa, expresó públicamente el mismo miércoles sus sospechas sobre la “intencionalidad” de los incendios, y presentó una denuncia judicial “a fin de investigar, perseguir y en su caso detener” a los responsables del siniestro que derivó en el enorme corte eléctrico nacional. (Reporte de la agencia pública de noticias Télam. Nota del 02/02/23). 

Hechos relegados

Entre ambos hechos, es decir el ataque al supermercado rosarino y el apagón que abarcó a zonas de todo el país, quedó atrapada la atención, el enojo, la preocupación y la indignación de la población.

Muy relegado en el interés social se ubicó el discurso de Alberto Fernández pronunciado el miércoles ante la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de la cláusula constitucional donde se dispone que un/una presidente/a debe exponer cada 1ro. de marzo ante el plenario de las cámaras de Senadores/as y Diputados/as para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

También quedó relegado el gran avance legislativo logrado por el gobierno de la Nación y por el Frente de Todos, más unos pocos sectores aliados, que el martes (28/02) sancionaron la ley del Plan de Pago de Deuda Previsional conocida como “moratoria previsional”.

La norma permitirá que las personas en edad de retirarse de la actividad laboral pero que no llegan a cumplir los 30 años de aportes requeridos para hacerlo, puedan regularizar su deuda y así acceder a la jubilación. (Se informa sobre detalles del tema en la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Anses. Acceso a página de Anses). 

La nueva “moratoria” para jubilarse beneficiará a unas 800.000 personas, en su mayoría mujeres. La ley se sancionó a pesar del sabotaje de Juntos por el Cambio y los demás grupos parlamentarios afines a su ideología (entre ellos los pequeños bloques encabezados por Javier Milei y José Espert), que primero boicotearon la sesión -se negaron a concurrir- para que la Cámara no pudiera deliberar, y una vez que el oficialismo consiguió el quórum sumando algunos apoyos, el conjunto de la derecha y la ultraderecha fueron a la sesión para oponerse y votar en contra. (El listado de los/las legisladores/as que se opusieron a la ley, consta en una noticia del sitio informativo Minuto Uno. Nota del 28/02/23). 

Negociados privados criminales

El ataque a tiros contra el supermercado rosarino de la familia Roccuzzo fue una expresión más de la gravísima situación de violencia, provocada fundamentalmente por bandas de narcotráfico, que la ciudad sufre crecientemente desde hace más de dos décadas. Sin embargo, simbólicamente representa un agravamiento que quedará marcado en la historia por perjudicar emocionalmente a Lionel Messi, lo cual le otorga un impacto mundial que hasta ahora no había tenido.

A su vez, el corte de electricidad, siempre molesto y eventualmente de consecuencias graves o muy graves para las familias -por los trastornos que provoca a las personas enfermas, a los hogares que no tienen agua acopiada, a quienes viven en un edificio y no pueden movilizarse si no funciona al ascensor, etcétera-, y también muy dañino para toda actividad productiva y laboral, esta vez tuvo una magnitud y extensión geográfica mucho peor de lo que es frecuente. Apenas superado por el “apagón del siglo”, bajo el gobierno de Mauricio Macri, en el Día del Padre (16 de junio) de 2019. (Puede leerse un reciente recordatorio del portal Infobae, nota del 01/03/23). 

De todas formas, en ninguno de los dos casos debe perderse de vista que son hechos políticos. Y lo son en diversos sentidos: porque las condiciones para que ocurran son propiciadas por la acción o inacción de los poderes públicos a lo largo de muchos años; porque desafían a las autoridades actuales de todos los niveles -sobre todo de la Nación y de la provincia de Santa Fe- a encontrar respuestas eficaces; y porque generan un estado de ánimo colectivo que puede tener traducción en el voto ciudadano cuando se realicen elecciones dentro de pocos meses.

Al mismo tiempo, aludir al carácter “político” no solo implica considerar los aspectos referidos al Estado y a quienes ocupan cargos públicos, sino también a corporaciones empresariales que disputan poder precisamente en contra del Estado, para sostener sus negocios tanto legales como delictivos.

Ejemplo uno. Siempre que existe un copamiento por parte del narcotráfico en la vida cotidiana de la gente común del pueblo y en la vida política de una sociedad, es porque también existe de forma subterránea un entramado económico, sobre todo de sectores financieros y del mercado inmobiliario, para ingresar en el circuito legal las gigantescas fortunas obtenidos mediante la comercialización clandestina de drogas prohibidas. Eso es capitalismo salvaje extremo, criminal contra los seres humanos.

Ejemplo dos. En los incendios de campos que se producen cada vez con mayor asiduidad en el país, además de los individuos que eventualmente provoquen los siniestros, suelen estar involucrados intereses de grandes empresas que buscan destruir bosques u otros tesoros naturales para plantar allí cultivos de alta rentabilidad. Eso también es capitalismo salvaje extremo, criminal contra la naturaleza y contra los seres humanos.

Todo es político. La violencia en Rosario y un apagón eléctrico como el ocurrido en la semana recién transcurrida -hechos muy distintos entre sí-, involucran disputas de poder de grandes intereses económicos que están en contra del bien común de la población.

Enfrentar situaciones como estas y procurar soluciones lo más urgentes posible, es obligación prioritaria de las autoridades del Estado. Incluidos de forma prioritaria los poderes judiciales federales y de cada provincia, y el conjunto de las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Justamente dos tipos de estructuras estatales que frecuentemente están corrompidas por las bandas criminales.

Pero en la raíz de los problemas existen gigantescos negociados del sector empresarial privado, que todo funcionario/a público/ca decente y democrático/a debe estar dispuesto a combatir con valentía, eficacia y profundo compromiso con los intereses populares, más allá de los miedos personales -muy legítimos y comprensibles-, las conveniencias y las comodidades de ocupar cargos públicos.