Hace más de dos meses que se viene convocando a los legisladores opositores a sesionar en el Congreso Nacional sin otra respuesta que las diatribas, mientras la violencia escalada a partir del mes de septiembre de 2022 sigue su curso con nuevos capítulos. Tal vez la carroza pase por la Cámara de Diputados de la Nación el 28 de febrero y se logre que sus ocupantes opositores -si recuperan la memoria sobre las obligaciones de debatir y legislar-, bajen y den quorum para reconocer los derechos de los y las trabajadoras que, teniendo la edad para jubilarse dispuesta por las leyes vigentes, carecen de los años de aportes previsionales suficientes. Recorrer canales de TV haciendo política espectáculo y no sentarse en el recinto legislativo es degradar la democracia peligrosamente.

Sancionar la ley de Moratoria Previsional que implica el pago de los aportes faltantes es una urgencia nacional. Es otra de las asignaturas pendientes de un sistema de economía y de vida desigual en la Argentina en tiempos de democracia política, en la que nos avergüenza la proporción del trabajo precario/informal, como también son inadmisibles los indicadores de pobreza e indigencia infantil, el déficit habitacional, la segregación territorial y el acceso restrictivo en muchos casos a los servicios básicos como el agua potable y la electricidad. Sectores corporativos y dirigentes opositores no se sonrojan por ello; defienden sus privilegios, patrimonios y ganancias, estafan en el comercio exterior, fugan divisas, empujan la devaluación del peso y presionan por la rebaja o exención de los aportes patronales y por la eliminación de las indemnizaciones por despido. Conciben a los y las trabajadoras como enemigos en un claro discurso y posicionamiento de clase.

La previsión social: principios, fundamentos y dinámicas de inclusión y equidad

La previsión social como expresan numerosos trabajos de organismos del desarrollo es un aspecto central de las políticas sociales y laborales que genera impactos significativos en diversas dimensiones económicas y del bienestar de las personas. Por ello, el debate sobre la seguridad social, y sus interrelaciones con la eficiencia, la equidad y la justicia social, cuenta casi en forma permanente con una importante visibilidad en las agendas políticas y sociales. Este es el caso de Argentina, que posee más de cien años de historia en materia de previsión social, y destaca por la organización de los y las trabajadoras en la defensa de sus derechos, habiendo sufrido por ello persecuciones, exilio y cárcel.

Tanto la OIT como la CEPAL tradicionalmente han considerado el tema de la previsión social como de suma relevancia. Así lo demuestran un gran número de documentos emitidos por ambas organizaciones, y en especial dos informes producidos en la década pasada. Por el lado de la OIT, se destaca –entre otros- el informe de la Conferencia Internacional del Trabajo 2011 (CIT, 2011), “Seguridad social para la justicia social y una globalización equitativa”, que se utilizó para la Discusión recurrente sobre la protección social (seguridad social), vinculada con la Declaración de la OIT relativa a la justicia social para una globalización equitativa. Esta Declaración, la tercera en la historia del organismo, y elaborada a posteriori de la crisis económica y financiera mundial del 2008, expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización e institucionaliza la agenda de Trabajo Decente. Tanto en el informe como en los debates de la CIT 2011, quedó plasmado el extendido consenso y la necesidad de impulsar la consolidación de un piso de protección social vinculado con el concepto de los derechos ciudadanos, mediante el cual se busca garantizar tanto un nivel mínimo de seguridad económica como el acceso a un conjunto de servicios esenciales. El piso de protección social constituye la base sobre la cual los países construyen sus sistemas de protección social. Por el lado de la CEPAL, en el informe correspondiente al trigésimo tercer período de sesiones en 2010, “La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir”,se promueven estrategias de políticas públicas para superar la heterogeneidad productiva con igualdad social desde un enfoque de derechos.

Una rigurosa revisión de antecedentes, permite señalar que los Estados de bienestar más avanzados en el mundo muestran un complemento entre igualdad, protección social, solidaridad instituida y disposición positiva de los agentes. De esta forma, la igualdad social y el dinamismo económico pueden transformar la estructura productiva para superar la heterogeneidad estructural y el insuficiente desarrollo relativo con que cuenta América Latina y el Caribe. Asimismo, promueve la construcción de una nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad, en la cual los desafíos de la seguridad social resultan de gran relevancia. Estas cuestiones son parte del actual debate en Europa, y son la expresión de la resistencia de los y las trabajadoras frente al avance de las derechas que vuelven a los gobiernos y a distintos espacios de poder con amenazas de devastar los sistemas de protección social, y lo hacen con discursos y programas propios del fascismo.

Los sistemas de seguridad social han surgido hace más de un siglo en el mundo, tiempo en el que comenzaron siendo contributivos; y se extendieron a un progresivo universalismo no contributivo en el transcurso de la segunda guerra mundial, en particular en Inglaterra con la propuesta sanitaria y de seguridad vital de Beveridge, y a partir de ello en otros países de Europa y América del Norte, y en la Argentina. De este modo los presupuestos públicos fueron complementando los aportes de empresarios y trabajadores/as. En el país han constituido siempre una bandera de equidad levantada y construida con acuerdos sociales e instituciones específicas por el peronismo, por los sindicatos y otros sectores de la vida política como el socialismo desde inicios del siglo XX, que la defendió entre sus principios, impulsando junto con ello las mutuales y cooperativas. Tales sistemas son un elemento fundamental de las políticas sociales, puesto que impactan positivamente en la calidad de vida de las personas y las familias, generando beneficios tanto económicos como sociales. Garantizan condiciones de prevención en materia de salud, y estabilidad emocional y vital a las personas, en particular al final de la trayectoria laboral prolongando su esperanza de vida. En especial estimulan la autonomía de las mujeres, las que a partir de los ingresos por jubilaciones y pensiones que el sistema garantiza fortalecen su capacidad de decidir y de consumir acorde a sus necesidades y aspiraciones ligadas a la protección de la familia, y el derecho a la recreación y al descanso seguro en tiempos de retiro.

Siguiendo con la revisión de antecedentes, en el campo académico pueden citarse importantes aportes de especialistas argentinos en la temática en relación al mundo del trabajo, las brechas de género y las desigualdades que resultan de los sistemas diferenciales de retiro y pensiones y que se exponen en numerosas publicaciones. Entre ellos destacan trabajos de Claudia Danani y Susana Hintze de la Universidad Nacional de General Sarmiento; de Fabio Bertranou experto incorporado en la Organización Internacional del Trabajo; y de Oscar Cetrángolo, Eduardo Chavez Molina, Sergio Carpenter, Jorge Tirenni, Cristina Ruiz, Alejandro Casalis, y otros investigadores e investigadoras sobre la cuestión, como Natalia Guinzburg, Sol Minoldo, y Yamila Nadur, entre otras. Unos y otras coinciden en sus consideraciones señalando que los regímenes previsionales, en tanto prestaciones por jubilaciones y pensiones, representan un aspecto central del sistema de seguridad social y producen efectos en el bienestar tanto en el corto como en el largo plazo. Reducen las desigualdades que resultan del funcionamiento de los mercados de trabajo respecto a las necesidades vitales de hombres y mujeres, y construyen instituciones que aportan al respeto de los derechos humanos. Estos regímenes cuentan con mecanismos redistributivos eficaces, que permiten contribuir a la generación de una sociedad más justa, integrada y equitativa. Asimismo, tienen implicancias significativas para el logro de la igualdad de género posibilitando, a través de su diseño, sistemas previsionales solidarios que disminuyan las inequidades internas y externas al sistema entre varones y mujeres. La oposición política parece no abreva en estas fuentes.

Yendo a antecedentes producidos por organismos vinculados al trabajo, en las conclusiones de la 98° Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (2009) relativas a la igualdad de género, se advierte que se menciona a la seguridad social como una herramienta poderosa de lucha contra la pobreza y la desigualdad y que son las mujeres las que se encuentran particularmente vulnerables a la exclusión social. Esa realidad la ha mostrado con mayor dureza la pandemia del COVID 19, por sus implicancias en el trabajo de cuidado y el impacto en el empleo. La importancia de analizar las políticas públicas desde una perspectiva de género se relaciona con la posibilidad de garantizar, a partir de las mismas, un acceso igualitario efectivo y las mismas oportunidades entre los géneros. Ello por cuanto, existe una relación directa entre el funcionamiento del mercado de trabajo y los sistemas de pensiones contributivos, en los cuales el acceso a las prestaciones está estrechamente ligado con los aportes y contribuciones realizados por los/las trabajadores/as y empleadores/as a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones las reformas que han sufrido los sistemas previsionales, han tenido resultados negativos hacia las mujeres debido a que en su diseño no se ha tomado en cuenta la perspectiva de género. Así lo señalan Jiménez Lara, Quezada García y Huete García en 2014. Sostienen los autores que resulta difícil -sin embargo- incluir la perspectiva de género en los sistemas de pensiones ya que las desigualdades tienen su origen en aspectos muy variados. En términos del diseño de un sistema previsional más inclusivo, surge el debate acerca de la relevancia del pilar contributivo de los sistemas de pensiones y como menciona la CEPAL (2006), se torna necesaria la búsqueda de una cobertura generalizada y equitativa a través de mecanismos de solidaridad destinados a los/as aportantes de menores ingresos, velando por integrar los sistemas contributivos y no contributivos. La volatilidad macroeconómica y los cambios en las políticas económicas, y en particular en los tiempos de crisis, reducen los derechos laborales, engrosan las cifras de trabajadores informales y dificultan en lo micro contar con los suficientes aportes personales y patronales para garantizar las jubilaciones alcanzada la edad definida en las leyes. Ello también muestra frecuentes cambios cuando se aumentan los años trabajados como exigencia. Y en lo macro debilitan a las cajas previsionales, y al sistema previsional argentino en general. Atentan contra su sustentabilidad. En los años 90 la privatización a través de las AFJP fue un mazazo al corazón del sistema previsional.

Los sistemas de previsión social, es sabido que tienen como objetivo principal, la suavización del consumo a lo largo de la vida, garantizando así un ingreso en etapas no productivas de los individuos como puede ser la vejez o la invalidez. Esto podría lograrse de manera individual si, como mencionan Bertranou, Cetrángolo, Grushka y Casanova en “Encrucijadas de la Previsión Social en la Argentina” (2011), existiera certidumbre sobre las trayectorias laborales y los individuos conocieran sus ingresos futuros o pudieran saber cuánto tiempo vivirán luego de su retiro. Debido a que resulta imposible predecir individualmente estas variables, aparece la necesidad de que los ahorros para consumo futuro tomen la forma de un seguro donde se comparte el riesgo con otros individuos. Su eje es la solidaridad social, y el Estado como relación social y responsable de la gestión de políticas debe garantizarlo. Si bien el seguro previsional podría ser implementado de forma privada, la intervención del Estado en la previsión social se justifica según Barr por la introducción de dos motivos adicionales que se relacionan con el alivio de la pobreza y la redistribución del ingreso (Barr, Diamond, 2008). Estos dos objetivos permiten revertir inequidades generadas en el mercado de trabajo y por lo tanto resultan fundamentales a la hora de realizar un análisis con perspectiva de género ya que son las mujeres, las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Por ello, es el Estado, el responsable de diseñar mecanismos para revertir estas diferencias.

En lo que se refiere al esquema de acceso al sistema de previsión social, el mismo puede tomar una forma contributiva (Bismarkiano), ó no contributiva (de carácter más universal ó Beveridgeano). En la mayoría de los países de la región y en nuestro país en particular, el esquema es fundamentalmente contributivo, basando su financiamiento mayoritariamente en aportes y contribuciones, razón por la cual se encuentra estrechamente ligado con la trayectoria laboral de cada individuo. Las mujeres se encuentran en desventaja con respecto a los varones en el acceso, calidad y permanencia en el mercado de trabajo, relacionado ello con las tareas de cuidado, insertándose mayoritariamente en empleos flexibles y con altas tasas de informalidad. Hoy son una elevada proporción de los 800 mil argentinos y argentinas que demandan con urgencia la sanción de la Ley de Moratoria Previsional.

En conclusión:

1. La indiferencia y la hipocresía de algunas fuerzas políticas en la Argentina, siguen negándole los derechos previsionales y generando incertidumbre y angustia. Su política fueron las PUAM, calculadas a partir de un porcentaje cercano al 80% del ingreso mínimo vital y móvil, que significaron ingresos de indigencia. A la deuda externa que contrajeron de modo irregular, reconocido ello hasta por la Auditoría General de la Nación, y en niveles inéditos, le suman la deuda social, y la negación de acompañar el tratamiento del ´proyecto del Ley con media sanción del Senado sobre Moratoria previsional, comportamiento político de claro castigo a los sectores vulnerables.
2. Las mujeres son las más castigadas

Si bien año a año las tasas de participación laboral de las mujeres han aumentado, continúan siendo “las principales perceptoras de pensiones no contributivas y pensiones derivadas de los derechos adquiridos por su cónyuge o pareja, cuya cuantía por lo general cubre sólo las necesidades básicas”según Jiménez Lara, Quezada García, y Huete García, 2014. Es necesario realizar en este sentido, un análisis y una propuesta de política que no se limite solamente a la cobertura sino también a la calidad de las prestaciones. Una porción importante de las mujeres, se insertan en el sector informal de la economía, en trabajos precarios o no calificados como ser el servicio doméstico, donde al mismo tiempo los salarios son más bajos y las tasas de informalización muy altas, limitando las posibilidades de acceso a una pensión al momento del retiro. Aún las mujeres que se insertan en el sector formal, reciben menor remuneración en promedio que los varones dado que, como menciona Esquivel (2007), existe un indicio de discriminación desfavorable a las mujeres en el mercado de trabajo. Sin embargo, las brechas salariales y de acceso no se relacionan exclusivamente con el funcionamiento del mercado de trabajo, sino que tienen fundamentos, entre otras cosas, en la organización del cuidado dentro del espacio doméstico, que como mencionan Esquivel, Faur y Jelin (2012) tiene implicancias significativas en lo que se refiere al logro de la igualdad de género, al ampliar las capacidades y opciones entre hombres y mujeres o al confinar a las mujeres a los roles tradicionales asociados con la feminidad y la maternidad. En este mismo sentido las autoras plantean que: “con remuneración o sin ella, se espera que sean las mujeres las que se dediquen y se responsabilicen por las tareas de cuidado” (2012, p. 20), situación que obstaculiza el acceso de las mismas a otros espacios, como ser el educativo y el mercado laboral, y en consecuencialimita su capacidad de cotización y de acceso a una pensión de calidad. Es entonces el Estado, el responsable de revertir estas inequidades desde el diseño de las políticas públicas inclusivas con enfoque de género.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer adoptada en 1979 por Naciones Unidas ha alcanzado en 1994 rango Constitucional en nuestro país. En la misma se establece un marco general de acción para enfrentar las situaciones de discriminación sufridas por las mujeres, y en particular se dispone a los Estados Partes a “Garantizar el efectivo acceso de las mujeres a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar (…)”(Art. Nº11).

En función de ello, para terminar, solo queda exigir que la carroza que pasea opositores por los canales de Tv porteños llegue pronto al Congreso Nacional, donde ellos y ellas ocupen las bancas que pagan los y las contribuyentes y se dignen sin caretas a debatir sobre política económica y social, y sobre el respeto a los derechos asociados a la vida humana, en vez de ufanarse defendiendo a sectores judiciales denunciados, a contrabandistas y a fugadores de divisas.