Hoy los informes de la Auditoría General de la Nación admiten que justamente entre 2016 y 2018 se transformó en estructural la deuda de corto plazo, y definen la gestión de la deuda del gobierno de Cambiemos como “ineficiente”.

En esos años, y en el marco de las políticas instrumentadas hubo un irresponsable festival de emisiones de deuda en moneda extranjera que hizo crecer en un 58% el riesgo país, producto de la mayor exposición hacia acreedores privados, mayores costos financieros en moneda nacional y extranjera y un incremento de las vulnerabilidades. Por esos años creció en un 190% el stock de deuda en moneda extranjera, y más que se triplicó el costo financiero de las letras emitidas con respecto al total de ingresos públicos, entre 2,16% en 2015 y 7,71% en 2018. Del mismo modo, los intereses pagados respecto al resultado financiero pasaron de 3,85% en 2016 a 8,83% en 2018. Y en esa lógica de financiamiento de corto plazo, las tasas de interés pagadas crecieron tanto en pesos como en dólares, llegando el pago de intereses a representar el 8% del Producto Bruto Interno en 2018.

Esa insostenible situación, la ruptura de la cadena de financiamiento de corto plazo, y la proximidad del tiempo electoral, derivaron en la decisión amparada por aliados políticos continentales del Grupo de Lima y otros internacionales, en particular los EEUU, de acompañar la gestión del stand by más grande de la historia ante el FMI, cuyas consecuencias heredó el actual gobierno del Frente de Todos a partir del 10 de diciembre de 2019. Son las esquirlas de esa bomba lo que sufre la población trimestre tras trimestre cuando por la refinanciación de esa deuda de más de 44 mil millones de dólares se condicionan las políticas económicas y deben aprobarse las supervisiones en materia de déficit fiscal, emisión monetaria y disponibilidad de reservas internacionales en el Banco Central. El FMI quiere cobrar, también los bonistas privados que estuvieron en la fiesta.

A tales esquirlas se han sumado el impacto de la pandemia del Covid 19, con la parálisis de actividades en buena parte del 2020 por el distanciamiento social, que trajo consigo la caída del PBI, los mayores gastos estatales de salud y asistencia social, y luego el del aumento del precio internacional de la energía y los alimentos e insumos industriales y fletes, producto de la guerra desatada en febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania. El conflicto bélico ha generado la desarticulación de las cadenas productivas globales, ha desatado una inflación inédita en gran parte del mundo, y trajo consigo políticas monetarias ortodoxas orientadas a la suba de las tasas de interés internacionales para frenarla, que incrementan las deudas en moneda extranjera, encarecen y restringen el abastecimiento en materia de bienes de capital y dificultan el acceso al crédito a los agentes económicos públicos y privados. Un panorama sombrío que se extiende afectando a los países endeudados, dificultando su recuperación, retrasando la ejecución de obras públicas y limitando sus posibilidades de reducir la deuda social que los aqueja, toda vez que deben hacer frente a las deudas con acreedores privados e institucionales; tal el caso de Argentina y otros países latinoamericanos que sobreviven y procuran crecer, y lo hacen con la soga en el cuello.

El giro desregulatorio neoliberal de las últimas décadas al que adhirió plenamente el gobierno de Cambiemos a partir del 10 de diciembre de 2015, facilitó los mecanismos para operar en los mercados bursátiles (sobre todo de empresas, pero también de personas físicas y hasta de jurisdicciones subnacionales), eliminó los controles cambiarios e incorporó numerosos instrumentos financieros de creciente sofisticación (swaps, futuros, opciones, entre otros). Así, a partir del auge de la financierización, los créditos externos pasaron a ser concedidos en su mayor parte por agentes privados (bancos, bonistas, inversores institucionales), y no pocas veces alimentaron negocios puramente financieros, como el carry trade.

En la Argentina, el crecimiento del riesgo de mercado con las emisiones de deuda de corto plazo en moneda extranjera entre 2016 y 2018, que los Informe de la Auditoría General de la Nación han caracterizado como el producto de una gestión “ineficiente”, constituyen el resultado de comportamientos irresponsables del equipo de economistas más sólido de los últimos 50 años, al decir de Macri. Es su obra cumbre, la de gestores como Caputo, que nos dejó los bonos a 100 años como herencia. En su gestión de las finanzas públicas durante el gobierno macrista, fue creciendo el predominio de los acreedores privados sobre el sector público, pasando la composición de la deuda del 18% en manos de acreedores privados en 2016 a 53% en 2018.

Fue también la obra cumbre de Dujovne, quien negoció con el FMI cuyos responsables técnicos no supervisaron que era insustentable el monto de lo que otorgaban como crédito y más aún el plan de devolución y el destino a la fuga de divisas de la deuda tomada. El FMI fue permisivo, sino cómplice, de este festival que en el marco de la finacierización creó la telaraña de la mayor deuda de la historia para Argentina. Un festival que ya se había extendido en otros países del mundo; y que con los mecanismos sofisticados de endeudamiento y compra venta de deudas trajeron consigo crisis financieras como la del 2008, cuyas consecuencias aún persisten en el sistema económico internacional, en las economías reales, y que se reflejaron en los salvatajes selectivos a empresas y bancos, en las cuentas fiscales de muchos países endeudados y en los ajustes sobre las áreas más sensibles de los presupuestos públicos y de los de familias, atrapadas en la telaraña de hipotecas, prendas y deudas en cadena tomadas para acceder a bienes y servicios básicos.

Financierización y deuda: una combinación explosiva

En la financierización de las últimas décadas en el mundo, y así ocurrió en la Argentina de Macri, la movilización de recursos financieros pierde su anterior finalidad productiva: se va así a lo que François Chesnais (2017) define como “las finanzas en tanto que finanzas” (en inglés finance qua finance). En el curso de los últimos cuarenta años, ellas dan cuenta de los activos (acciones, obligaciones y derivados) en posesión de las sociedades financieras (bancos y fondos), pero también de las operaciones y lógicas de los departamentos financieros de las sociedades industriales y comerciales transnacionales, a partir de las cuales controlan a los Estados, las empresas y las familias.

Y así es que en un entramado perverso que se hace estructural en el capitalismo contemporáneo, la financierización se relaciona de manera estrecha con la deuda externa y la fuga de capitales, que generan ciclos de auge y crisis y agravan la tradicional restricción externa en los países periféricos como expresan Cibils y Allami en 2017. Esa dinámica conduce a una financierización subordinada, tal como señalan Marcó del Pont y Todesca (2019). Las economistas retoman expresiones de Powell: “en estos territorios, la lógica del capital global determina y cristaliza un tipo de inserción asimétrica y dependiente, con el dólar funcionando como una cuasi-moneda mundial”(Powell, 2013), situación que expone a las economías como la argentina al riesgo que supone el cambio de las condiciones de financiamiento de los países líderes y de sus agentes controlantes, en especial de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hoy revivimos esta situación.

Existe una amplia bibliografía de autores que analizaron a la financierización y deuda en América Latina y Argentina como parte de la lógica capitalista asociada a la globalización. En el caso argentino A. E. Calcagno (1985) inauguró los estudios contemporáneos referidos a la deuda externa definiéndola con precisión como “perversa” por las motivaciones, actores y mecanismos implicados en tiempos del régimen económico impuesto por la dictadura cívico militar de 1976 a 1983. Asimismo, diversos trabajos como la sucesión de los producidos por D. Aspiazu, E. Basualdo y M. Khavisse (1986), N. Brenta (2019, 2013), E. Basualdo, editor, junto a F. Barrera, L. Bona, M. González, P. Manzanelli y A. Wainer (2017); A. E. Calcagno, A. Calcagno, y E. Calcagno, (2018); F. Barrera y L. Bona, (2018); M. Schorr y A. Wainer (2018); M. Abeles, E. Pérez Caldentey, y S. Valdecantos, Editores (2018) y P. Chena y P. Biscay Coordinadores (2019), entre otros, profundizaron el estudio de la deuda externa argentina, dentro de la lógica de la financierización y la globalización capitalista.

Allí se advierte el papel de los agentes financieros, incluyendo al FMI, los bancos internacionales, las bolsas de valores, los fondos privados de inversión y los bonistas, y el complejo entramado de negocios con derivados que trajeron consigo las inversiones financieras que se han multiplicado desde los años 90. Estos flujos financieros generaron una permanente volatilidad en la economía mundial, que golpeó y continúa golpeando de manera muy especial a las economías emergentes.

En ese marco global es que la economía argentina reorientó su modelo de desarrollo a mediados de los años setenta en tiempos de la dictadura militar, dando un rol dominante al sector financiero y, dentro de éste, al sector privado local y al internacional, impactando fuertemente en la industria, en particular la manufacturera. Siguiendo esa lógica, en la década del 90 y como parte del Plan de Convertibilidad, se puso en marcha una reestructuración y descentralización del Estado nacional, y se privatizaron numerosas empresas de sectores estratégicos como la energía, el transporte, las comunicaciones y también los bancos públicos, incluso los bancos provinciales. Asimismo, se desregularon los mercados de bienes y servicios y se privatizó el sistema previsional con las AFJP.

En un marco de apertura externa comercial y financiera y de convertibilidad 1 a 1 del peso y el dólar, se incrementó el endeudamiento externo sin que sirviera, en lo esencial, para financiar la economía real o proyectos de desarrollo. Esos recursos fueron en cambio empleados para realizar ganancias financieras de corto plazo, para ser luego sacados del país, dando lugar a lo que se conoce como “fuga de capitales”. Se generó así una sucesión de entradas y salidas masivas de capitales que dio origen a ciclos de auge, crisis y depresión; en cada ciclo fue creciendo el saldo de la deuda pública externa, con múltiples consecuencias en materia de primarización, desarticulación y debilidad productiva, concentración económica, extranjerización empresaria y desigualdad distributiva. Y hasta apropiación de tierras y reservas de agua dulce.

Con las políticas de Macri, que hoy él y sus acólitos reivindican y sostienen que de ganar las próximas elecciones profundizarán, además de destruir y dar de baja pequeñas y medianas empresas y eliminar empleos, se tomaron deudas insostenibles y se cometieron “irregularidades” en el crédito con el FMI. Tales “irregularidades” las confirma la Auditoría General de la Nación a partir de sus recientes Informes contables, de crédito y de gestión presupuestaria.

Las causas de tales cuestiones están en el crecimiento del pasivo en moneda extranjera, en el riesgo cambiario y de renovación. Y las “irregularidades” las marca la AGN por la ausencia de dictamen del Banco Central, la falta de intervención del Presidente de la República y del Congreso y por la falta de documentación de respaldo. La conclusión de los Informes es que como se incrementó el riesgo de renovación y cambiario, la deuda se volvió “insostenible”.

Concluyendo

Son 25 Informes técnicos los que se elaboraron en la AGN a partir del análisis de las cuentas públicas sobre el ejercicio fiscal 2018. La ejecución presupuestaria tuvo un fallo “adverso”, los estados contables tuvieron una opinión “con salvedades”. Y de tales investigaciones se llega a la comprobación de que la deuda en relación al PBI creció del 56,5% al 85,2%; del 235% a 245% en relación al stock de reservas, y del 176% al 212% en relación a las exportaciones. Mientras tanto, se profundizó el riesgo cambiario, dado que más del 84,1% de la deuda se nominó en moneda extranjera, y también el riesgo de liquidez y renovación: el 30% de las emisiones entre 2019 y 2020.

El festival lo hicieron ellos, hoy lo pagamos todos, ellos han promovido la fuga de divisas. El gobierno argentino viene siendo extorsionado para forzar una devaluación y ajustes salvajes como a ellos les gusta, como accionar permanente. En ese marco, se suceden cientos y cientos de operaciones de sobrefacturación y subfacturación en el comercio exterior que detectan la Aduana y la AFIP; se impulsan operaciones de retención de cosechas y el contrabando desde sectores del poder económico, al tiempo que se estimula la violencia verbal y de procedimientos. Y hasta la Corte Suprema por ellos defendida, avanza sobre el Poder Legislativo modificando por un fallo la coparticipación federal de impuestos y violando la ley de Presupuesto 2023, al tiempo que protege a las empresas de medios para no declarar servicio público su actividad.

Las mayorías en la sociedad esperan juicio y castigo, esperan que se rompan los pactos del poder e impunidad entre el establishment financiero y los representantes políticos y judiciales que los protegen. Mientras, ellos acusan que la deuda hoy es impagable, y que el ahorro en pesos no cuenta con garantías de ser recuperado a sus vencimientos, sin ruborizarse ni asumir lo que Lacunzza, Ministro de la economía terminal de Macri hizo llamándolo reperfilamiento de los bonos en pesos cuando explotó la bomba de Cambiemos a partir de su derrota en las PASO a partir del 12 de agosto de 2019. Hoy protegen jueces, y defienden funcionarios. El pueblo argentino mayoritariamente apela al castigo ejemplar. Más allá de que los informes de la AGN hablen de “gestión ineficiente, “irregularidades” y “cuestiones observables”, políticamente todo eso constituye causal de castigo que esperamos no prescriba. El Congreso Nacional deberá intervenir en la cuestión y dar ejemplo de transparencia y valentía en sus resoluciones.

Al mismo tiempo, deberá imponer un castigo al violento diputado Espert que vive hablando de “meter bala y cárcel” a cuanto movimiento social demanda mejoras en ingresos, empleo, o situaciones habitacionales que son parte de la deuda social; a la diputada Villarroel que insulta a la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y a otras víctimas y denunciantes sin pudor en la Comisión de Juicio Político, desde su banca, sin mover un pelo, junto al libertario diputado Milei que escandaliza con sus declaraciones y propuestas que escalan violencia. En ese contexto, exigimos y esperamos pronta investigación y resolución del intento de asesinato de la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que la Dra. Capuchetti demora y que nos llena de vergüenza por la trama político judicial que supone.