El 10 de este mes se cumplieron 39 años desde el fin de la dictadura genocida, pero los ideales democráticos son prostituidos cada día por otro tipo de poderes que determinan verdaderamente la vida de la sociedad.

Como frecuentemente el árbol no deja ver el bosque, quizás sea útil recordar que en las sociedades capitalistas -como lo son actualmente casi todas en el mundo, aunque con múltiples variantes- el poder de los dueños del capital está completamente por encima del resto de la población.

Por eso las grandes corporaciones empresariales tienen más influencia para imponer su voluntad y defender sus negocios que los propios gobiernos o que el Estado en general. La defensa del bien común que debiera ser obligatoria para cualquier autoridad democrática, choca siempre contra los intereses de los poderes económicos.

Pero además nuestro país sufre desde mediados de la década pasada una degeneración de las bases éticas y jurídicas de su sistema político, y ese proceso no se explica solo por el conflicto básico entre democracia y capitalismo sino por el poderío que desplegaron e impusieron las corporaciones judiciales y mediáticas.

En realidad, la democracia que conocimos en Argentina a partir de diciembre de 1983, se terminó en igual mes de 2015. (Las fechas no son exactas, sino indicativas de importantes cambios históricos. Este tema fue analizado en una columna de opinión publicada en hace cuatro años, cuando se cumplían 35 del fin de la dictadura. Nota del 10/12/2018). 

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación no solo hubo un cambio de gobierno sino también de régimen político. A partir de allí se instauró un régimen de derecha en el cual, tanto el Poder Ejecutivo surgido de las elecciones como los poderes económicos locales y extranjeros más el conjunto de las corporaciones, tomaron el control del Estado para representar los intereses del bloque económico y social dominante.

De forma paulatina fueron perdiendo vigencia -no totalmente pero sí como tendencia predominante- las libertades políticas, derechos ciudadanos, garantías constitucionales, posibilidades de defensa en juicio y ejercicio libre de la acción cívica. El resultado fue una degradación del Estado de Derecho, con consecuencias tales como crímenes perpetrados por personal estatal armado, existencia de presas/os política/os y simulacros de juicio para encarcelar a dirigentes y militantes populares.

Tres años del Frente de Todos

El siguiente cambio de autoridades surgidas del voto ciudadano, es decir con la asunción del Frente de Todos (FdT) en el Ejecutivo nacional en diciembre de 2019, no revirtió la situación anterior: las corporaciones judiciales y mediáticas afianzaron su poderío, y fueron -y son- acérrimos saboteadores de las decisiones del gobierno.

Debido a la falta de transformaciones en ambos planos -el de la judicatura y el de los medios- el presidente Alberto Fernández es muy criticado a través de medios de comunicación afines al kirchnerismo y por usuarios de redes digitales con similar posición política.

Sin embargo nadie de la coalición gobernante, ni en la campaña electoral del ‘19 ni en el transcurso de la gestión del FdT, han formulado públicamente propuestas o iniciativas acerca de cómo podrían encararse semejantes desafíos. Con qué respaldo social y acumulación de la fortaleza política indispensable, con cuáles instrumentos legales, cómo hacerlo sin mayorías parlamentarias, qué validez podrían tener decretos que inmediatamente serían anulados por la propia corporación judicial, etcétera.

Más allá de las responsabilidades respecto de por qué la ofensiva corporativa se mantuvo y creció todavía más en los últimos tres años, lo concreto es que al finalizar este 2022 el entramado judicial y mediático que la actual vicepresidenta de la Nación llamó “mafia”, se exhibe con devastadora capacidad de daño. Y además con la ventaja de la impunidad, que es un factor multiplicador de su poderío.

Solo en diciembre, han perpetrado la condena y proscripción de Cristina Kirchner que fomentaron durante más de una década, y la reciente confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de que Milagro Sala seguirá detenida (Reporte de la agencia pública de noticias Télam, nota del 15/12/22). Tanto la líder política nacional como la líder popular jujeña son víctimas de la judicatura antidemocrática y del aparato comunicacional de la derecha.

Además, esos mismos poderes de facto están consumando el encubrimiento corporativo del viaje y las reuniones clandestinas en Lago Escondido que exhiben la alevosa promiscuidad entre jueces, fiscales, espías, funcionarios porteños del Pro, jerarcas del conglomerado empresarial Clarín y el ultra-millonario magnate inglés Joe Lewis.

Cómplices en Lago Escondido

Los integrantes del grupo que realizó el viaje secreto desde Buenos Aires a la estancia que Lewis usurpa en territorio argentino, fueron los siguientes: Julián Ercolini, juez en lo Criminal y Correccional Nº 10 (miembro de la camarilla conocida como “Comodoro Py”); Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño; Carlos Alberto Mahiques (padre de la persona del mismo apellido antes mencionada), juez de la poderosa Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez nacional en lo Penal Económico; Pablo Cayssials, juez nacional en lo Contencioso Administrativo Federal; y Leonardo Bergroth, miembro durante el macrismo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); y Tomás Reinke, experto en comunicación y presidente de la empresa especializada Mediabit S.A.

En el aeropuerto de Bariloche fueron recibidos y llevados hasta la mansión del magnate inglés por Pablo Casey, directivo del Grupo Clarín y sobrino del jerarca máximo Héctor Magnetto; y por Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín. (CEO es la sigla en inglés de “Chief Executive Officer”, nombre usado para designar a un altísimo cargo dentro de una empresa, que en castellano puede denominarse “director ejecutivo”).

Sobre todos ellos, y de forma particular sobre quienes ocupan cargos públicos, el juzgado federal de Bariloche lleva adelante una investigación por presuntos delitos, como el pago y aceptación de “dádivas”. Las actuaciones están bajo responsabilidad de la jueza -de reconocida trayectoria- Silvina Domínguez, titular del juzgado federal en Zapala pero que actualmente subroga (es decir que sustituye en la titularidad, la cual está vacante) en la dependencia judicial barilochense. Interviene asimismo en el caso la fiscal María Cándida Etchepare.

Las tareas investigativas han sido importantes hasta el momento, e incluyeron días atrás un allanamiento en la mansión de Lewis y el secuestro de celulares y documentación. (Información de la periodista Irina Hauser en Página 12, nota del 14/12/22). No obstante, el desempeño del juzgado y la fiscalía de Bariloche pueden resultar inútiles.

En todos los casos hasta ahora conocidos que comprometieron a empresarios poderosos y/o a figuras de la derecha político-institucional (macrismo y aliados), se impone finalmente el encubrimiento por parte de la fracción antidemocrática del Poder Judicial, cuyo accionar se retroalimenta con la acción psicológica sobre la opinión pública realizada minuto a minuto por las principales cadenas de medios de comunicación porteños que tienen penetración en todo el país.

Además, una parte de la sociedad conoció en las últimas semanas los “chats” de Telegram que intercambiaron los “viajeros” a Lago Escondido cuando empezó a trascender lo ocurrido, pero esas comunicaciones en principio carecen de valor legal probatorio debido a que no fueron obtenidas mediante procedimientos lícitos.

Allí se muestra que los cómplices armaban estrategias para ocultar los hechos, negar y/o disimular delitos, falsificar pruebas, y planificar represalias violentas contra periodistas que habían revelado la información y también contra el jefe de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), en este último caso por supuestamente haber filtrado las conversaciones para su difusión pública. (Uno de los primeros que publicó las filtraciones a comienzos de diciembre, incluyendo referencias al origen del material, fue el periodista Horacio Verbitsky en el portal que él dirige, El Cohete a la Luna. Nota del 04/12/22). 

Lo que ocurra finalmente con la investigación de las reuniones clandestinas en la estancia de Lewis entre poderosos personajes de la judicatura, el empresariado y la derecha partidaria, puede confirmar el dominio de la compacta alianza corporativa que tiene sometido al pueblo argentino, o bien empezar a marcar alguna fisura en semejante poderío.

Por ahora, y solo teniendo en cuenta la condena y proscripción de Cristina Kirchner más la ratificación de la prisión contra Milagro Sala, queda claro que las mafias judiciales y mediáticas están en pleno auge y gozan de absoluta impunidad.