Argentina se apresta a cruzar una barrera de violencia jurídica e institucional jamás ocurrida en ningún periodo histórico considerado “democrático”: en estos días Cristina Fernández de Kirchner será condenada a pena de prisión y le prohibirán para siempre ejercer cargos públicos.

Culminará así uno de los simulacros de juicio en su contra -la causa denominada “Vialidad”, que se refiere a obras públicas realizadas en Santa Cruz cuando ella gobernaba el país-, uno entre muchos de los juicios inventados para destruirla políticamente y eliminarla de la vida pública.

En lo inmediato, la dos veces presidenta de la República y actual vicepresidenta no será encarcelada y además podrá seguir ejerciendo sus derechos políticos, debido a que dentro del sistema judicial quedarán pendientes instancias de apelación que demorarán un tiempo indefinido hasta resolverse.

El fallo será emitido este martes, 6 de diciembre, y tendrá como responsables a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 2 de la capital federal. La acusación fiscal estuvo a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron doce años de prisión para la líder política y además “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”.

Los cinco nombrados -jueces y fiscales- forman parte de la fracción ultra-antikirchnerista que maneja el Poder Judicial de la Nación, y cuya jefatura funcional detenta la Corte Suprema de Justicia, todos como parte del bloque de poder económico y corporativo que pretende seguir dominando a la Nación argentina.

Además, al menos dos de ellos -el juez Rodríguez Uriburu y el fiscal Luciani- dentro de sus actividades recreativas personales jugaban al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Y a su vez el fiscal Mola, durante el gobierno macrista visitaba en la Casa Rosada al operador judicial clandestino Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay desde hace dos años. (Análisis del periodista Néstor Espósito en el diario cooperativo Tiempo Argentino, cuando en agosto pasado esas relaciones promiscuas se hicieron públicas y los mencionados funcionarios judiciales fueron recusados. Nota del 11/08/22). 

Conjeturas para los primeros días

¿Qué puede pasar después de la condena y proscripción de Cristina? Imposible saberlo, porque el futuro no puede adivinarse. Solamente se pueden algunos datos de la realidad y realizar conjeturas o suposiciones.

En principio, para el día en que se emita el fallo y los siguientes, hay convocatorias de algunos/as referentes públicos y de organizaciones sindicales, políticas y otras, para manifestarse en las calles e incluso realizar paros de trabajadoras/es en ciertos ámbitos del Estado.

O sea que desde el kirchnerismo y distintos espacios políticos, así como desde diferentes sectores de la sociedad civil, habrá una fuerte respuesta de repudio y algún grado de movilización -cuya importancia es indeterminable de antemano- contra la ofensiva de la camarilla judicial antidemocrática que representa a los intereses privilegiados locales y extranjeros.

Pero la maquinaria de acción psicológica sobre la opinión pública que la derecha detenta a través de las principales cadenas mediáticas y de los ejércitos de activistas en las redes digitales, tiene capacidad suficiente como para destrozar, propagandísticamente, el valor de la lucha popular.

Con un tono de “indignación cívica”, dicha maquinaria intentará que las movilizaciones y demás acciones de protesta sean percibidas en el imaginario social como una “resistencia” o “negativa” de “los K” a aceptar las decisiones de “la Justicia”. (Con la tramposa palabra escrita así, con mayúscula inicial, como hace el discurso dominante para instalar a la judicatura en un lugar de superioridad moral respecto del resto de los poderes públicos y del conjunto la sociedad).

Incluso es probable -aunque no seguro, habrá que ver- que también haya manifestaciones callejeras de la derecha y la ultraderecha, con presencia de ciudadanos/as autopercibidos/as como “independientes”, para respaldar el fallo contra la máxima referente del kirchnerismo y reivindicar las supuestas virtudes de esa (mal llamada) “Justicia”.

Más allá del corto plazo

En lo inmediato las reacciones que eventualmente se produzcan contra el veredicto, quizás se disipen rápidamente con el correr de los días y semanas debido a que el descontento popular por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en las economías familiares, generan condiciones poco propicias para que tales expresiones populares tengan una fortaleza más determinante.

Además, razones coyunturales como el desarrollo del Mundial de Fútbol y la proximidad de las Fiestas y el verano, contribuyen en esta época del año a desalentar la participación y movilización política, tal como lo han pensado los jueces que dictarán sentencia y sus invisibles pero reales mandantes.

Más allá de lo que ocurra en el corto plazo, la condena y proscripción de Cristina será el acto de violencia jurídica más alevoso que se habrá perpetrado contra una dirigente democrática y popular, por fuera de una dictadura.

Semejante ultraje al Estado de Derecho y a la convivencia pacífica dentro de un sistema político pluralista, agravará el clima de odio y agresiones que la derecha y la ultraderecha vienen generando, paulatina y crecientemente, desde hace más de una década. (Algunos antecedentes se remontan a dichos y hechos de los años 2007 y 2008, comentados en a fines de septiembre pasado en una columna de opinión similar a esta. Nota del 25/09/22). 

Dentro de esa espiral destructiva y antihumanista, hace tres meses un grupo de criminales intentó asesinar a la actual vicepresidenta de la Nación.

Luego del ataque terrorista -que debe considerarse así porque estuvo destinado a implantar el terror en el sistema político y en la vida cívica en general-, la respuesta del Poder Judicial fue una investigación negligente y una estrategia de encubrimiento a los/las responsables políticos/as. Estrategia sostenida y potenciada, además, por las grandes cadenas mediáticas y el conjunto de los poderes corporativos (en primer lugar, el poder empresarial-económico).

La violencia jurídica y comunicacional empujan a la violencia física criminal contra las personas. Si no se detiene esta escalada, una camarilla corrompida de jueces y fiscales estará entre los principales responsables -no los únicos- de una nueva etapa trágica de Argentina que nadie dice querer pero que muchos sectores poderosos están fomentando.