Quizás fue la única ocasión en la historia argentina -confirmar o no esa conjetura sería un trabajo para historiadoras/as-, pero con certeza nunca había sucedido un pronunciamiento semejante en la etapa democrática iniciada hace 39 años en Argentina (aniversario que se cumplirá el próximo 10 de diciembre).

El dato histórico es que por primera vez una líder política y además altísima funcionaria de la República antes y ahora -la dos veces ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- realizó de forma pública una impugnación tan profunda acerca de la estructura institucional misma del Poder Judicial.

En un momento de su discurso del pasado 17 de noviembre, durante el imponente acto por el Día de la Militancia en el estadio Diego Maradona de La Plata, Cristina dijo que los/las integrantes de la judicatura “(…) están sentados ahí de por vida, como una rémora monárquica”.

De inmediato se preguntó: “En una sociedad democrática, ¿cómo puede ser que haya gente que decide sobre la libertad y el patrimonio de los argentinos y que sus cargos sean eternos? ¿Qué tiene esto de democrático y de contemporáneo?”, dijo, para luego contestar ella misma: “Nada. (Son solo) Rémoras y dispositivos de control de la voluntad popular”. (Crónica del diario Ámbito, nota del 17/11/22). 

Las alusiones al tema durante el discurso fueron muchas más, pero solo las definiciones indicadas en los párrafos anteriores podrían constituir el punto de inicio para una gran movilización de las fuerzas democráticas y populares -no solo en el sentido de manifestarse en las calles, sino de “movilizar” una acción política pensada para el ahora mismo y también para el futuro cercano o lejano- a fin de impulsar cambios rotundos en el Poder Judicial.

Por el momento no ocurre nada de eso. Las críticas de Cristina al sistema judicial -mal llamado “justicia” o, peor aún, “Justicia” con mayúscula inicial- han sido reiteradas en sus discursos de los últimos años, particularmente cuando ejerció su defensa ante tribunales que la acosan y planean condenarla, proscribirla y eventualmente encarcelarla, como parte de los mecanismos antidemocráticos que ella misma se ha encargado de describir y denunciar.

Sin embargo, a pesar de esa insistencia de la líder política y hoy vicepresidenta, ni siquiera las dirigencias y militancias kirchneristas, como tampoco los medios de comunicación y periodistas que tienen algún grado de adhesión hacia ese sector, han tomado el asunto como prioritario o siquiera como destacable para su incorporación a la agenda pública.

“Partido” judicial

La única innovación conceptual y terminológica lanzada por Cristina que las/los dirigentes, militantes y comunicadoras/es políticamente afines suelen tomar en consideración, es denominar “partido judicial” al Poder Judicial.

La denominación de “partido” es audaz y muy pertinente porque contiene un sentido radicalmente crítico. Denuncia la total falta de imparcialidad de la fracción judicial hegemónica, y como contracara le atribuye una parcialidad -una “parte”, por eso un “partido”- establecida para defender privilegios e intereses dominantes, que ejerce su poderío en contra del bien común y el bienestar general de la población, violando para ello las normas del Estado de Derecho.

Sin embargo, puede objetarse el hecho de que al sistema judicial se lo considere como un “partido”, ya que su poder es mucho mayor al de los partidos. Estos últimos compiten en elecciones y deben ganar la adhesión ciudadana, traducida en votos, para ocupar espacios ejecutivos o legislativos en la función pública.

En cambio, el aparato de jueces/juezas y fiscales tiene el privilegio de constituir un poder permanente. De facto. De hecho. De prepo. Porque aun cuando la designación de cada uno de ellos/ellas surja de mecanismos previstos en la Constitución y las leyes, luego el ejercicio de la función queda librado a una completa discrecionalidad que se transforma en impunidad absoluta para hacer cada uno/una lo que se le antoja.

Los famosos “mecanismos de control”, también previstos en la Constitución y las leyes, se han mostrado completamente inútiles para frenar la corrupción ideológica y la violencia jurídica de una gran cantidad de jueces/juezas y fiscales/as.

La última demostración de semejante descontrol es que el Consejo de la Magistratura de la Nación, es decir el órgano que selecciona a los/las jueces/juezas y luego vigila su conducta y eventualmente puede destituirlos/las, ha sido copado por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo responsable de la bancarrota ética y legal de lo que debiera ser un servicio de justicia.

Entonces, si los propios jerarcas principales de un poder corporativo y antidemocrático son los que se encargan de controlar a los estamentos inferiores de esa misma estructura, el resultado no puede ser otro que el empeoramiento continuo de una situación que de por sí es gravísima. Como expresa sabiamente el dicho popular: “Con amigos así, ¿quién necesita enemigos?”.

Y considerar que el Judicial es un “partido” constituye un involuntario elogio, aunque al mismo tiempo sea una crítica filosa y audaz que implica un cuestionamiento profundo.

Porque al menos los partidos deben presentarse a elecciones periódicamente y conseguir apoyo ciudadano para obtener poder en las instituciones del Estado, mientras que los/las jueces/juezas y fiscales/las permanecen en sus cargos de forma vitalicia, ganan fortunas con remuneraciones que les paga toda la sociedad, gozan de jubilaciones de privilegio y se niegan impúdicamente a pagar impuesto a las Ganancias.

Otros asuntos trascendentes

Las definiciones de la líder del kirchnerismo respecto de la judicatura hasta el momento han caído en “saco roto”, incluso dentro del propio sector político que la tiene como referente.

En cambio, han sido resaltados y rescatados otros asuntos trascendentes que Cristina, como gran pedagoga de masas, procura instalar en la discusión social. O al menos en los ámbitos propios y propicios, ya que las cadenas mediáticas de derecha, justamente por esa condición, manipulan los contenidos periodísticos y ocultan todo aquello que no conviene a la ideología de sus medios.

En el acto del 17 de noviembre, de manera inédita pero extraordinariamente necesaria, la vicepresidenta también lanzó la temática de la “seguridad” para que se incorpore a las conversaciones, discursos y propuestas del Frente de Todos.

También, y de forma prioritaria teniendo en cuenta el atentado contra su vida que sufrió el 1 de septiembre, hizo un llamado a la reconstrucción del “pacto democrático” que el conjunto de la Nación adoptó al finalizar la dictadura genocida en diciembre de 1983, para que las diferencias políticas jamás puedan saldarse mediante la violencia.

Los asuntos que la ex presidenta y actual vice lanzó a la consideración pública fueron diversos, y abarcando a aspectos muy distintos de la acción política y las necesidades del pueblo y del país.

Desde la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios -incluyendo la exhibición de un cuadro respecto de en qué momentos históricos las/los trabajadoras/es alcanzaron su mayor prosperidad- hasta la advertencia sobre la necesidad de resguardar recursos naturales como el litio, los hidrocarburos y el agua, así como el control de la ruta fluvial del Paraná (que mal denominó “Hidrovía”, ya que esta es la marca comercial de la empresa que explota actualmente esa vía de tránsito de embarcaciones, determinante para el comercio exterior de nuestro país y también para que prosperen -o no- el contrabando y el narcotráfico).

Desde la defensa de las empresas del Estado, y también del sistema público y solidario de jubilaciones en contra de la estafa de la jubilación privada -es la primera vez que alguien responde con argumentos ante la nueva embestida de propaganda privatizadora por parte de la derecha y la ultraderecha-, hasta los peligros para la democracia en Argentina y en toda América Latina, y la advertencia de que “la década de la pospandemia viene fulera, muy fulera”.

(La transcripción literal de la alocución, así como el video para apreciar la trasmisión completa del discurso en el Día de la Militancia, se encuentran accesibles en la página web oficial de la vicepresidenta. Posteo del 18/11/22). 

Muchos y trascendentes temas dejó planteados la principal dirigente política argentina en su segunda aparición pública luego de sufrir un intento de asesinato. Algunos de esos temas han tenido repercusión en el conjunto del peronismo y del Frente de Todos, pero otros quedaron en la nada.

Incluso, como es habitual, gran parte de los análisis e interpretaciones se solazan en frotar la lámpara de Aladino para saber si Cristina será o no candidata. Ese aspecto es de vital importancia a futuro pero también lleva implícita la trampa de frivolizar el debate político y convertirlo en un entretenimiento vacuo, mientras hay urgentes y estratégicos asuntos que discutir y encarar para el corto, mediano y largo plazo.

Uno de ellos es el funcionamiento del Poder Judicial, el cual ha degenerado la misión que la sociedad le confiere -teóricamente- para aplicar la Constitución y las leyes, y se ha convertido, por el contrario, en un aparato al servicio de los intereses privilegiados, las clases sociales acomodadas, las grandes empresas locales o trasnacionales y los factores de poder extranjeros.

Para ejercer ese poderío en contra de la paz, del pueblo y de la democracia, los jueces/juezas y fiscales/as ocupan cargos “eternos” que constituyen una “rémora monárquica”. Como bien dijo Cristina.

Aunque sus valientes y esclarecedoras palabras no “movieron el avispero” del debate y la movilización -al menos “movilizar” las ideas-, ni siquiera en el espacio político que ella misma lidera.