La semana pasada, del 7 al 11 de noviembre, se realizó en Buenos Aires la XV Conferencia Regional de la Mujer organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas (CEPAL) con apoyo de ONU Mujeres y otros organismos de la ONU. Desde el primer encuentro en La Habana en 1977, hace 45 años, la Conferencia Regional recibe a las máximas autoridades de género de América Latina y el Caribe. Por esa razón, es el principal foro intergubernamental sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la región.

Este año, la Conferencia Regional tuvo como eje de trabajo: “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación”, tema que fue decidido en el encuentro anterior, realizado en Santiago de Chile pocos meses antes de que se desatara la pandemia del Covid-19. Esto ha sido de suma importancia porque sabemos que la pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispusieron los gobiernos, y los consecuentes desequilibrios en las cadenas productivas y comerciales que provocaron inflación y crisis económica, profundizaron las desigualdades estructurales de género a través del aumento de la sobrecarga de trabajos domésticos y de cuidados que recayeron en los hombros de las mujeres. También sabemos que, en nuestro país, las mujeres dedican casi 7 horas diarias; esto significa el doble que los varones, según la Encuesta de Uso del Tiempo del INDEC. Esta sobrecarga de trabajo dificulta la dedicación a la formación y la capacitación permanente, el ingreso al mercado laboral, la participación gremial y política y disponer de tiempo libre y de ocio.

La Conferencia Regional tiene varios dispositivos de debate y búsqueda de consensos: las mesas de alto nivel, los eventos paralelos y especialmente el documento de acuerdos final que es consensuado por los Estados miembros. Por primera vez en esta oportunidad, se realizó un Foro Parlamentario en el que participaron legisladoras de varios países de la región y se anunció el tratamiento del proyecto de Sistemas Integrales de cuidados que tendrá inicio el próximo 24 de noviembre en la Cámara de Diputados de la Nación.

Por otra parte, los principales temas dejaron planteado el problema que refiere a cómo financiar los sistemas integrales de cuidados. Hubo un panel sobre las deudas, tanto soberana como las privadas, en el que se discutió cómo el sobreendeudamiento que sufren varios países de América Latina y el Caribe y las consecuentes medidas de ajuste fiscal que siguen recomendando las Instituciones Financieras Internacionales (como el FMI) afectan desproporcionadamente los presupuestos públicos en relación a las prioridades de cuidados y género, y con ello de manera negativa a las mujeres en toda su diversidad y las personas LGTBI+. También se abordaron temas vinculados a las deudas privadas que tienen las mujeres, especialmente las más empobrecidas, y que se vinculan a las derivaciones de la financiarización a nivel micro y la espiral de endeudamientos familiares por cuestiones de vivienda, equipamiento del hogar, conectividad, educación de los hijos y la creciente complejidad del gasto en materia de salud.

Otro de los paneles de alto nivel, discutió acerca de la importancia de concentrar esfuerzos para combatir la evasión y la elusión fiscal como una forma para movilizar recursos para financiar las políticas de cuidados en América Latina y el Caribe. Según datos de la CEPAL, la región enfrenta niveles muy elevados de evasión y elusión fiscal: alrededor de 335.000 millones de dólares se pierden al año en incumplimiento a los tributos vinculados a la renta (4,1 puntos del PBI) y el IVA (2,2 puntos del PBI). Estos fondos son vitales para poder movilizar recursos, redistribuir y avanzar hacia un horizonte que ponga en el centro al cuidado de las personas y el planeta y el camino hacia una sociedad igualitaria. Ello no sólo afecta las cuentas y presupuestos nacionales, sino también los de las jurisdicciones provinciales y municipales, afectando la cobertura y calidad de los servicios cuya prestación está a cargo del Estado.

El Compromiso Buenos Aires, consagrado a partir de los debates que se dieron en la última semana en dicha ciudad, avanza en consensos entre los Estados de la región para promover políticas integrales sobre los cuidados desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo a las mujeres en toda su diversidad y las personas LGTBI desde una perspectiva interseccional e intercultural.

Como integrante de las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Hacienda, y de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, y de la Bicameral con el Senado de Control de la Deuda Externa, considero de vital importancia que estas problemáticas se debatan y se tomen decisiones desde una perspectiva de género y derechos humanos. No hay posibilidad de avanzar en la erradicación de las violencias por razones de género sin voluntad política y sin financiamiento suficiente. Tampoco la hay si la propia sociedad consiente que los actores más poderosos evadan impuestos, otros los eludan, y hasta los de mejores remuneraciones no asuman la pertinencia y equidad de hacerse cargo -por ejemplo- del pago del impuesto a las ganancias, como los jueces.

A pesar de los avances de los años recientes, en la región de América Latina y el Caribe, en general y en la Argentina en particular, las mujeres y las personas LGTBI+ siguen expuestas a y afectadas por las desigualdades del sistema patriarcal que restringe el pleno goce de los derechos humanos y condiciona la autonomía económica, y la posibilidad de proyectar iniciativas personales y colectivas locales y regionales. A lo largo y ancho de nuestro territorio, con distinta intensidad, las desigualdades en la inserción y participación en el mercado laboral, la injusta división sexual del trabajo doméstico y de cuidados, y las dificultades para continuar y consolidar la trayectoria educativa y de participación social, afectan nuestras autonomías: la económica, la física, y la de tomar decisiones públicas.

El próximo 24/11 comenzaremos a discutir en la Cámara de Diputados, el Sistema Integral de Cuidados para nuestro país. Se conjugan proyectos de diputadas y diputados y uno propio del Poder Ejecutivo Nacional. Sabemos que uno de los principales nudos críticos de la desigualdad que nos afecta profundamente, es la injusta y desigual distribución de los trabajos de cuidados y esto se ha agravado profundamente durante y después de la pandemia. Y ello se combina con las desigualdades en materia previsional y en materia de ingresos y condiciones de trabajo. Las duras opciones del uso del tiempo escaso, las distancias, y los requerimientos vitales de niñas y niños reducen los derechos de las mamás en el marco del afecto y la responsabilidad familiar. Es por ello que, discutir y lograr sistemas integrales de cuidados y avanzar la eliminación de las barreras y brechas de género en el mercado laboral, son ejes estratégicos para un desarrollo federal que ponga al cuidado de las personas y el planeta -nuestra casa común- en el centro. Hacia ese horizonte de una sociedad más respetuosa de los derechos de todas y todos vamos.