La democracia ha dejado de existir en Argentina y en otros países de América Latina si se la piensa como a comienzos de los años ‘80, cuando un proceso histórico puso fin a las dictaduras basadas en el poderío militar que existían en la mayor parte del continente.

Desde entonces, abrevando en las fuentes de la democracia representativa concebida como lo fue en sus orígenes universales -donde un hito fundacional fue la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII- las nociones de “democracia” más generalmente admitidas en las sociedades occidentales del mundo, y aun por parte de corrientes ideológicas muy diversas, estuvieron asociadas a las libertades públicas, las garantías individuales, los derechos constitucionales, el debido proceso en las actuaciones judiciales, y la vigencia del Estado de Derecho en general. Eso se terminó.

Las decisiones que adoptan miembros de la judicatura -mal llamada “Justicia”- en nuestro país y en otros de la región, presentan desafíos a la reflexión y a la acción políticas. Sucede así porque se trata de fenómenos que nunca habían ocurrido con las características actuales, y por lo tanto exigen re-pensar muchos supuestos y maneras de comprender la política en general y la democracia en particular.

La principal novedad histórica es que los bloques de poder dominantes ya no acuden a la violencia explícita de los golpes de Estado ejecutados por militares. Eso ocurrió durante prácticamente todo el siglo XX. Hoy ejercen otro tipo de violencia, particularmente la jurídica y la mediático-comunicacional.

En esta última (la referida a las comunicaciones) se incluyen las redes digitales y sistemas de mensajería por telefonía móvil, que son determinantes para formatear los estados de ánimo sociales y las creencias en gran parte de la opinión pública.

Con esos instrumentos de poder se ataca a quienes lideran experiencias políticas contrarias a los intereses de las corporaciones locales y los centros de poder extranjeros, y se persigue en general a referentes o militantes de las fuerzas populares.

En nuestro país los blancos de ataque son Cristina Kirchner y diversos/as miembros de su espacio político, así como muchos/as luchadores/as de sectores sociales, territoriales y étnicos, desde Milagro Sala e integrantes de comunidades mapuche hasta dirigentes sindicales y cualquier participante de las luchas populares.

Desembozados

Dados los hechos de los últimos años, es comprobable que la “democracia” yo no equivale a un sistema que asegura las libertades públicas, las garantías individuales, los derechos constitucionales, el debido proceso en las actuaciones judiciales y en general la vigencia del Estado de Derecho.

Una hipótesis es que el nuevo régimen político que se está instalando en naciones como Argentina y otras de la región es el de las “dictaduras judiciales”: jueces y fiscales que tienen más poder que las autoridades democráticas elegidas por la ciudadanía.

En nuestro país, la fracción dominante del Poder Judicial está completamente desembozada. Actúa con el desparpajo y la alevosía de quien se sabe impune. No solo carece de todo escrúpulo y de cualquier apego a la legalidad, sino que además -o ante todo- se siente empoderada porque integra el bloque hegemónico junto con las corporaciones empresariales y mediáticas, y los demás poderes de facto.

De esa impunidad derivan las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidas a la conformación del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que maneja la selección y el desempeño de los/las jueces/juezas federales.

El asalto de “los supremos” sobre dicho órgano fue perpetrado en diciembre del año pasado, al derogar de facto una ley que regía desde hacía 15 años y reimplantar otra norma anterior que le otorga a la propia Corte la presidencia del Consejo. (Información de Télam, nota del 16/12/21). 

Y en un nuevo paso de su escalada sin límites por encima de las atribuciones del Congreso de la Nación, el tribunal acaba de designar como consejero de la Magistratura a un senador con el que tienen afinidad política (el cambiemita ultra-antikirchnerista Luis Juez), en lugar del que había sido nombrado para esa función por el propio Senado (el peronista kirchnerista Martín Doñate). (Artículo de elDiarioAr, nota del 08-11-22). 

Interrogantes y casos

¿Cómo hacen las fuerzas democráticas y sus líderes para protegerse de corporaciones judiciales facciosas y mafiosas, que detentan un poder casi ilimitado como el que tenían los militares en otras épocas? Responder a este tipo de interrogantes y, sobre todo, actuar en consecuencia, es una necesidad urgente para la defensa de los intereses populares.

El plan basado en las “dictaduras judiciales” que le pasan por arriba a los poderes democráticos, fue impulsado desde hace una década y media por Estados Unidos. En ese periodo ha sido exitoso para que los intereses imperiales y las oligarquías locales de América Latina desalojaran del poder a gobiernos populares, y para desgastar, en el oficialismo o en la oposición, a sus líderes y fuerzas políticas respectivas.

Mediante esa estrategia fue derrocado Manuel Zelaya en Honduras en 2009; en 2018 fue encarcelado y prohibido Lula Da Silva en Brasil; y en Ecuador a partir de 2017 persiguieron y proscribieron a Rafael Correa, quien debió exiliarse igual que otros/as dirigentes de su sector, y además desde hace cinco años está preso el ex vicepresidente Jorge Glas.

Posteriormente, en Honduras una década después fue elegida como presidenta Xiomara Castro, actual líder de un frente político progresista y además esposa de Zelaya. Y en Brasil, como se sabe, Lula acaba de ganar una reñida elección y el próximo 1ro. de enero debe asumir nuevamente el cargo que ya desempeñó entre 2002 y 2010.

Los casos hondureño y brasileño son indicativos de que las “dictaduras judiciales” pueden tener retrocesos, pero ello no elimina los daños infligidos a las respectivas naciones.

Sufrimientos para los pueblos, peores condiciones de vida para las clases sociales oprimidas, personas asesinadas por la violencia política estatal, atroces violaciones de derechos humanos, aumento de la criminalidad cotidiana, pérdidas para las economías nacionales, saqueo de recursos naturales, daños irreparables contra la naturaleza -como la deforestación de la Amazonia brasileña perpetrada bajo el gobierno de Bolsonaro- y deterioro de la soberanía de los países, son algunas de sus tremendas consecuencias.

Además, al menos en Brasil, otro perjuicio gigantesco ha sido el fortalecimiento de una extrema derecha que recientemente perdió la elección presidencial, pero obtuvo casi la mitad de los votos y tendrá un enorme poderío en el Congreso y las gobernaciones.

De todos modos, el poder imperial y las corporaciones locales no están “solos en el mundo” para hacer siempre lo que quieran. También existen las sociedades en su conjunto, con sectores que son politizados y frecuentemente organizados, dentro de una realidad dinámica que puede escapar aún al control de los más poderosos, y donde una parte considerable de la población respalda y defiende a las/los líderes perseguidas/os.