Carlos Alberto Rozanski fue Juez de Cámara Federal. Y también ejerció la presidencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como docente en las universidades nacionales de La Plata y de Mar del Plata y en la Universidad de Buenos Aires.

En un artículo periodístico que publicó en el diario Página/12, bajo el título “Los jueces y la magnitud del mal” sostiene que nuestro país vive una tragedia judicial y que comprender su real dimensión “es indispensable para encontrar algún camino que nos permita superarla”.

En ese sentido, -agrega- el “lawfare” es la versión moderna del fascismo, con otros métodos, para la instalación del mismo modelo de saqueo que en la dictadura genocida.

Para explicar qué es el concepto, Rozanski recurre a su creador, el estadounidense Charles Dunlap, y explica que consiste en el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que lograrse con la aplicación de la fuerza militar tradicional.

Algo debe saber Dunlap del tema, porque fue general de división y procurador general adjunto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ahora ya está jubilado y es director ejecutivo del Centro de Derecho, Ética y Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de Duke, en Carolina del Norte.

Es curioso el camino que ha seguido la expresión “lawfare”, que en los Estados Unidos suele utilizarse para cuestionar las limitaciones que el ejercicio del derecho les impone a las acciones bélicas desmedidas y abusivas de las fuerzas armadas.

Entre nosotros, en cambio, el término es entendido como la guerra jurídica que se lleva a cabo para socavar o desprestigiar la carrera política de alguno o de varios dirigentes. Lo más frecuente es que ocurra con políticos que revistan en la oposición, aunque esos límites parecen no regir en la Argentina, donde los propios dirigentes oficialistas manifiestan que se sienten perseguidos y agraviados por el poder judicial.

La situación de la vicepresidenta Cristina Fernández es una de las más llamativas. Pero para probar que la estrategia no es exclusiva de nuestro país, también podría considerarse el caso de Lula Da Silva, en Brasil. Se trata de dos líderes con importantes cuotas de adhesión popular que fueron (y son) objeto de acusaciones en tribunales.

Ya en 1975 los australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans señalaban que una especie de guerra llevada adelante en los tribunales estaba sustituyendo la búsqueda de la verdad, que debería ser el propósito de la Justicia. Entre las tácticas más habituales de esas prácticas están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública, o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos.

Para una funcionalidad más plena de estos procedimientos, son valiosas y necesarias las acciones de operadores políticos y mediáticos, dedicados a escarnecer a las víctimas escogidas, pero también a ultrajar a una ciudadanía que ve degradada hasta límites oprobiosos la calidad de sus instituciones.

El abogado Maximiliano Rusconi explica que, una vez que un sector es elegido como enemigo, “la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir” a sus integrantes.

¿Quiénes operan para esto?

En su referida columna periodística, el exjuez Rozanski señala un conjunto de nombres propios y dice que recorrer ese “listado de algunos de los personajes que protagonizan la actual tragedia, da escalofríos”.

En la nómina que confecciona aparecen entre otros el fiscal Diego Luciani, autor de un alegato -dice Rozanski- que quedará en los anales de la pornografía judicial, y también el presidente del tribunal que juzga a la vicepresidenta, Rodrigo Giménez Uriburu, así como el juez Mariano Llorens, quien ordenó dejar en libertad a los líderes de la violenta agrupación Revolución Federal.

Magistrados en la picota: García Uriburu, Llorens, Luciani.

En relación con este hecho, el diputado de Unidad Ciudadana Leopoldo Moreau opinó que estamos ante una situación excepcional en la vida política de la Argentina, porque nunca antes desde un sector del poder judicial se hostigó y estigmatizó a un dirigente político como viene ocurriendo con Cristina Fernández. No hay precedentes en la historia de una persecución de este volumen, aseguró.

A su criterio, ese bloque del poder judicial no solo actúa como guardaespaldas de Mauricio Macri, sino también de potenciales asesinos, y ese hecho es absolutamente inédito en la historia institucional de la Argentina.

Según Moreau, Cristina no tiene ninguna garantía en nuestro país y, por eso, debería recurrir a tribunales internacionales.

No es que estas circunstancias no se conozcan en el resto del mundo, pero una decisión como la que propone el legislador expondría con toda crudeza la desconfianza existente entre representantes de los poderes del Estado.

Esta es la situación bajo la que discurre la realidad argentina, con un lawfare que condiciona la vida cotidiana de nuestro país.

Carlos Rozanski, el jurista impugnador.

Carlos Rozanski, a quien mencionamos al abrir esta Aguafuerte, indica que ese fenómeno de guerra jurídica es el que llevó al poder a Mauricio Macri. Mediante esa maniobra, añade, se logró, por primera vez en la historia, que un individuo ligado al mundo de la mafia internacional, accediera al cargo más alto de un Estado.

Todo lo que señala es profundamente perturbador porque lo dice un académico que, además, es un hombre del derecho. Expresa que en la justicia federal se encuentra enquistada una organización criminal que está ingresando a un grado de paroxismo peligroso.

Y para escarnio de los que observamos los acontecimientos también consigna que, tanto los que portaron las armas del intento de magnicidio, como sus financistas e ideólogos, están siendo investigados de manera sesgada y deliberadamente desincriminante.

Mientras tanto la violencia verbal de los grupos neofacistas no se detiene y continúa amenazando con una escalada que pueda ir más allá de lo puramente simbólico.

No es racional ni prudente mirar para otro lado o desconocer los vínculos que existen entre esos comportamientos y ciertas decisiones de la Justicia que contribuyen a generarlos o los fogonean.