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Entre el martes 25 y el miércoles 26 de octubre de 2022, después de 20 horas corridas de sesión legislativa, y después de 32 horas de reuniones informativas y de debate de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con exposiciones de ministros, secretarios/as y funcionarios nacionales de primera línea, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Presupuesto y Cálculo de Recursos nacional 2023. Ello se logró más allá de los votos negativos de la Coalición Cívica, de los libertarios y de la izquierda en el tratamiento en general, y de otros sectores de Juntos por el Cambio, la izquierda y otras fuerzas políticas en el tratamiento en particular, en algunos de los casi 140 artículos- El oficialismo cedió ante algunas demandas, pero consiguió casi todo lo buscado, y se introdujeron 30 modificaciones al Proyecto presentado por el PEN. De este modo, se empezó a despejar la incertidumbre respecto a contar con la herramienta imprescindible de proyección fiscal nacional, tanto en materia de ingresos como de gastos de la Administración pública y de las empresas del Estado, la asignación de recursos a las provincias, a la seguridad social, a la inversión pública, a los subsidios a la energía y al transporte urbano, y a la previsión en el pago de deudas, entre otros.
En tiempos de alta inflación, el debate por los recursos y la distribución del gasto en la Argentina, se ha desarrollado en un escenario mundial en el que la guerra viene afectando el funcionamiento de los mercados de alimentos, como de insumos industriales y combustibles, dislocando el abastecimiento y cuestionando la organización mundial de la producción desplegada en cadenas de valor fragmentadas en el espacio global. Además, las políticas dispuestas para frenar la inflación desatada a nivel internacional, han traído consigo la suba de las tasas de interés y con ello van proyectando el fantasma de la recesión. El mundo cruje, y reina la incertidumbre en los Estados, en las corporaciones y en las bolsas, y ello intensifica las tensiones comerciales entre países y regiones, y las pujas distributivas entre el capital y el trabajo. Adicionalmente, profundiza la heterogeneidad entre los propios trabajadores y sus organizaciones, y entre grupos sociales. Los organismos financieros internacionales reaccionan mal y tarde frente a este drama, e imponen viejas recetas monetaristas, ineficaces e injustas.
Indicadores macroeconómicos y proyecciones: números del Producto, y el comercio exterior
Revisión por inflación y prioridades del gasto
El Presupuesto votado ha incluido una cláusula gatillo por la cual, si la inflación en los dos primeros cuatrimestres de 2023 supera en un 10 % la estimación anual proyectada del 60%, el PEN debe elevar al Congreso Nacional en el mes de septiembre una reestructuración del Presupuesto 2023, tanto en recursos como en asignaciones de partidas y gastos.
Las prioridades de política presupuestaria de gastos responden a cinco pilares: 1) Infraestructura, 2) Salud, 3) Educación, 4) Ciencia e Innovación y 5) Inclusión Social Activa con Perspectiva de Género. Asimismo, el Proyecto con media sanción detalla la política de inversión pública, la estimación de los recursos y gastos tributarios, el financiamiento Público y la coordinación fiscal con las provincias. Contempla también un apartado al análisis del gasto por finalidad y función y de las categorías transversales al presupuesto nacional, que son: 1) la igualdad entre los géneros, 2) niñez y adolescencia, 3) atención de personas con discapacidad y 4) ambiente sostenible y desarrollo climático. Si bien se elaboró en un contexto mundial cargado de incertidumbre y de amenazas recesivas, el Presupuesto propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos de la población y al fortalecimiento del mercado interno. Los destinos del gasto tienen los siguientes ejes:
1. La inversión en infraestructuraocupará un rol preponderante por su efecto multiplicador sobre la economía y su contribución al aumento en la productividad del sector privado
2. Salud:Se continuará robusteciendo el sistema de Salud. Esto conlleva la ampliación de infraestructura, la suficiente provisión de insumos y las partidas para garantizar una evolución epidemiológica favorable
3. La Educaciónserá prioridad en todos sus niveles: infancia, escolar y universitaria. Esto implica expandir la infraestructura, garantizar el sistema de becas y continuar fortaleciendo los ámbitos digitales.
4. Ciencia e innovaciónserá una herramienta para vincular el desarrollo tecnológico y los programas de gestión con los distintos sectores de la economía.
5. Inclusión Social Activa con Perspectiva de Género. Los programas estarán focalizados en fortalecer las políticas soberanía alimentaria, el fomento al empleo y capacitación laboral y políticas de prevención, asistencia y erradicación de las violencias por motivos de género
En el análisis más preciso en Comisión, se detectaron algunas asignaciones especiales que tenían fondos menores a los deseados, y por ello, después de recibir demandas puntuales y del intercambios con el PEN y entre las fuerzas políticas participantes de los debates parlamentarios, y en consulta con los gobiernos provinciales que también deben formular los presupuestos de sus respectivas jurisdicciones, se confeccionó una planilla, indicada en el artículo 122, por la que se incrementan los gastos en $322.575 millones. Ello incluyó partidas para educación, asistencia alimentaria, regularización de barrios populares, y para la protección de bosques nativos, entre otras prioridades. Se incluyen también los pagos proyectados de deuda externa e interna del Estado. Los gastos en salud se definieron con un crecimiento en términos nominales de un 85.9%, y en Ciencia y Técnica de 128.6%, como uno de los más destacables. A continuación, se presentan en un cuadro las previsiones adicionales de gastos que se incorporaron como Art. 122:
El debate por ganancias y privilegios
Respecto a lo que no se logró aprobar, lo más relevante fue la fijación del impuesto a las ganancias sobre los elevados ingresos de jueces, juezas y magistrados/as en actividad o jubilados y jubiladas nacionales y provinciales, artículo que llevaba el número 100 e incluía a empleados/as judiciales con haberes superiores a los 330.000 pesos. El artículo no es una embestida al Poder Judicial. Simplemente busca que los integrantes de este Poder sean tratados igual que el resto de la sociedad. La cuestión generó una particular expectativa y también resistencia sectorial, y motivó un paro de actividades del Poder Judicial para oponerse. El paro fue dispuesto por los sindicatos del sector en los días previos a la sesión legislativa, tiempo en el que también se opusieron discursivamente los sectores de mayor peso en dicho Poder. El artículo establecía que los jueces y magistrados/as, y los y las empleadas ingresados a la actividad antes de 2017, paguen el impuesto a las ganancias por sus elevados niveles de ingresos. Los y las que ingresaron a la actividad a partir de 2017 lo pagan, según lo dispuesto por una ley votada hace algunos años. La inclusión en el Proyecto de un artículo referido al pago de dicha contribución, aunque contaba con acuerdo en el dictamen de mayoría, no fue convalidada por el plenario. Muchos antecedentes para revisar y reflexionar y privilegios por corregir.
La votación mostró que faltaron 18 voluntades a favor para lograr sancionar dicho artículo del Proyecto, que buscó introducir algún grado de equidad en las cargas impositivas, y cuya recaudación se estimó en un monto similar al del Aporte extraordinario de las grandes fortunas dispuesto por única vez en pandemia, 240 mil millones de pesos anuales a valores de hoy. Ello, a pesar de que en los dos artículos siguientes se definían los destinos de dicha recaudación: becas estudiantiles y otros gastos de prioridad nacional en tiempos de múltiples desigualdades estructurales, y de desequilibrios macroeconómicos y sociales producto del impacto de la guerra desatada entre Rusia y Ucrania, más el arrastre de la pesada herencia de la deuda que el macrismo contrajo con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso. La solidaridad no abunda y el juego de intereses corporativos primó; trabajadores judiciales y otros defendieron en las bancas a sus representados y a un grupo de privilegiados por encima del conjunto de millones de trabajadores/as. La diferencia de niveles salariales y derechos entre ellos continuará; no deja de ser una debilidad en la construcción política en tiempos de democracia formal y múltiples necesidades insatisfechas que golpean a trabajadores y trabajadoras informales, monotributistas, receptores de asistencia social y alimentaria, jóvenes, niños y niñas, ancianos/as, trabajadoras de cuidado, y madres solas al frente del hogar.
El debate por las retenciones a las exportaciones, el subsidio al transporte urbano y la tasa de seguridad aeroportuaria
Después de horas de debate sobre las retenciones a las exportaciones, en las que se escucharon defensas corporativas acerca de la propiedad privada de la tierra y sus producciones e ingresos, y críticas a la supuesta voracidad fiscal, no se logró contar con los votos suficientes para delegar facultades al PEN para subirlas, en particular a las exportaciones de soja, incluso en tiempos de elevados precios internacionales de las materias primas producto del escenario bélico, y de este modo quedarán en el 30%, pudiendo aumentarse sólo hasta un 3% como rige hasta el presente. Ni se suben ni se bajan, un empate técnico y político, y en muchos casos la avaricia a la vista.
Otro rubro largamente discutido ha sido el gasto en subsidios al transporte urbano. Finalmente, después de largo debate y duros intercambios con el Ministerio de Economía y los gobiernos provinciales, se asignaron $ 85.000 millones destinados al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del país, en procura de reducir las visibles inequidades entre el interior y el área Metropolitana de Buenos Aires, que se traducen en notables diferencias en las tarifas de los servicios.
En otro orden y en función del cumplimiento de las normas internacionales de seguridad aeroportuaria, y los costos que ello implica en materia de procedimientos, el Estado nacional cubrirá parte del gasto y se dispuso una tasa de seguridad aeroportuaria que se adiciona al costo de los pasajes aéreos y que estará a cargo de los pasajeros/as.
Ciencia y Tecnología:
A partir del año 2019, el gobierno nacional ha colocado a la Ciencia y la Tecnología como una de sus prioridades y ha tomado decisiones presupuestarias que privilegiaron al sector. Estas decisiones permitieron que se recupere buena parte de la caída de la inversión que entre el 2015 y el 2019 significó una pérdida de la participación de la Ciencia y la Tecnología del 0,35 al 0,22 por ciento del PBI. La aprobación por unanimidad de la Ley de Financiamiento de la Ciencia y Tecnología en el año 2021 nos da la oportunidad de llevar adelante políticas de mediano y largo plazo que permitan una creciente inversión en el sector. Ello acompaña el desarrollo productivo.
En línea con esas políticas, el presupuesto de la función Ciencia y Tecnología se incrementa a valores constantes en un 32 por ciento, alcanzando los 500.921 millones de pesos que corresponden al 0,34 por ciento del PBI que es lo que fija como objetivo la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. En el Proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el PEN al Congreso Nacional y que no fue aprobado, los recursos destinados a Ciencia y Tecnología fueron previstos en 187 mil millones de pesos. A partir de decisiones administrativas complementarias suscriptas a lo largo del año; hoy el presupuesto en Ciencia y Tecnología se encuentra cercano a los 240 mil millones de pesos. Hay que aclarar que una buena parte del Sistema Científico TecnológicoArgentino no pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y sus fondos están previstos en las cuentas de otras reparticiones, organismos y empresas nacionales. La CNEA, el Inta, el Inti, el Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto Antártico Argentino, etc. pertenecen a otros Ministerios, y ello también comprende partidas de las universidades nacionales. En síntesis, el Presupuesto Nacional 2023 de la función Ciencia y Tecnología crece, a valores constantes o sea en términos reales el 32 por ciento. En el caso puntual del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el crecimiento a valores constantes, es del 9,8 por ciento.
Educación:
En Educación, analizando los gastos por finalidad y función cabe integrar aquellos gastos que proceden de distintas fuentes. Una gran parte se encuentra en la jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro, pues, como bien informó varias veces el Secretario de Hacienda, allí se contabilizan los aumentos relativos a los salarios de las distintas jurisdicciones.
Haciendo estos cálculos, en el Presupuesto original las partidas dedicadas a Educación y Cultura crecen un 0.2% en términos reales. Pero, además, a partir del debate en Comisión, se incorporaron $ 95.166 millones al presupuesto del Ministerio de Educación. Como resultado del dictamen y luego como resultado de incorporaciones logradas en el tratamiento final, se mantiene el peso sobre PBI del Gasto en Educación y Cultura de la Administración Nacional de modo que no sea inferior al 1,33 por ciento, y se lo hace crecer en términos reales un 5,7%.
Art. 12 Universidades Públicas
Crédito de $752.482.394.720 para financiar gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales. Las Universidades Nacionales deberán presentar información sobre asignación y ejecución de recursos que se les transfieren ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación. Se definen además aumentos salariales en el año 2023 para personal docente y no docente, sobre liquidaciones correspondientes al mes de noviembre 2022.
Art. 13 Sistema Educativo Nacional
En el Ejercicio Fiscal 2023 se asignarán los recursos coparticipables para garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional por el plazo de 5 años (ley 26.075 art. 7 y ley 26.206 arts. 9 y 11), siguiendo fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a las provincias y a la CABA. Acorde al-Art. 11 Ley 26.206 se debe avanzar: Fines y objetivos de la política educativa nacional, asegurar educación de calidad con igualdad de oportunidades, garantizar educación integra, inclusión educativa, acceso y condiciones, valores éticos y democráticos, fortalecer la identidad nacional, entre otros.
Queda pendiente desarrollar el contenido de los más de 100 artículos restantes: En una próxima entrega se ha de reseñar el tratamiento del Presupuesto 2023 en el Senado y hacer referencia a la distribución entre provincias, obras, otros destinos como las Empresas Púbicas y la deuda.
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