1. Consideraciones preliminares:

El Presupuesto nacional 2023, cuyo Proyecto de Ley se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional plantea proyecciones macroeconómicas que traducen una extrema prudencia en un escenario internacional de alta incertidumbre. Por caso: un crecimiento del Producto Bruto Interno del 2,0%, un crecimiento de la Inversión del 2,9%, de las exportaciones del 7,1%, de las Importaciones del 2,0%, del Consumo privado del 2,0%, y del Consumo público del 2,0%.

Queda incluido en el mismo el cumplimiento de las pautas fijadas por Ley producto de la refinanciación de la deuda pública externa con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 2022 tomada por el gobierno de Cambiemos en 2018, vía un Stand By por U$S57 mil millones que no pasó por el Congreso Nacional, ni cumplió lo establecido en la Ley de Administración Financiera del Sector Público 24,156, ni con las exigencias del propio FMI. El gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019 comunicó al FMI que no tomaría los U$S12 mil millones que faltaban enviar al gobierno argentino, de modo que hubo que refinanciar U$S45 mil millones de dólares, a lo que se agregó la reestructuración de la deuda en pesos y en dólares con bonistas bajo legislación nacional y extranjera. Del acuerdo con el FMI que hoy es Ley, resultan las duras supervisiones trimestrales sobre déficit fiscal, reservas de divisas y emisión monetaria.

Transcurridos los primeros meses de 2020 fue necesario reformular el Presupuesto y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para incorporar las ampliaciones de gastos por la Pandemia COVID 19 y sus fuentes de financiamiento, que implicaron asistencias a familias, empresas, y provincias, más los gastos en salud, y moratorias impositivas al tiempo que se incorporaron los cambios que introdujeron en las finanzas públicas las disposiciones de la Ley 27.541 de Solidaridad y Recuperación Productiva que declaró la emergencia económica, financiera, social y previsional al inicio de la gestión del Frente de Todos. Luego se incluiría en el Presupuesto 2021 la continuidad de los gastos producto de la pandemia, el impulso a la recuperación productiva superado el aislamiento preventivo y obligatorio, y como ingreso al fisco se incluyó el monto estimado del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas por única vez en tiempos de pandemia y sus destinos para financiar los gastos sanitarios y de vacunación, los de asistencia a las Micro y Pequeñas Empresas, los de producción y distribución de gas, los de urbanización de barrios populares y la mejora y ampliación de cobertura de las Becas Progresar.

En diciembre de 2021 la oposición en el Congreso rechazó el Presupuesto 2022 por lo que la ejecución de gastos ha requerido la sanción de Decretos asignando recursos a partir de la coordinación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ello ha generado demoras de gestión en programas, sin perjuicio de que se debió hacer frente a los pagos de deudas internas y externas y enfrentar los desajustes que devinieron de la situación bélica mundial, como la elevación del costo de la importación de gas y de gas oil. Para 2023 y en función de encauzar la economía y garantizar la inclusión social, se han fijado líneas prioritarias para impulsar la recuperación productiva y del empleo centradas en el ordenamiento fiscal, una menor transferencia a las provincias, mayor inversión pública, en construcción de infraestructura, en educación, salud, y ciencia y tecnología, un incremento en las exportaciones, la sustitución de importaciones, en particular de la energía, el control riguroso de la sobrefacturación de importaciones y la evasión fiscal, y el equilibrio comercial y fortalecimiento de las reservas de divisas del Banco Central.

2. Los pilares del gasto y la inversión pública en el Proyecto de Presupuesto 2023:

1. Infraestructura: la construcción de obras públicas tendrá un rol preponderante por el efecto multiplicador sobre la de la economía y en el impulso al mejoramiento de la productividad de la actividad del sector privado: es el caso de las inversiones energéticas, como el gasoducto Néstor Kirchner etapas I y II, más de 40 obras para la construcción de gasoductos en provincias, y los aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Santa Cruz; las obras viales, ferroviarias, en puertos para cargas y en remodelación de aeropuertos; en 41.500 viviendas del PROCREAR y 47.000 del Plan Casa Propia y otras iniciativas; Habilitación de 10 nuevos puertos, y obras del Canal Punta Indio de 143.900 km, y del Canal Magdalena. Regularización dominial y urbanizaciones de barrios populares, provisión de agua potable y cloacas, 663 obras en todo el país que ya están iniciadas; plantas potabilizadoras y de tratamientos de residuos (Programa GIRSU), y programas de conectividad, entre otras.

2.Salud: se continuará fortaleciendo el sistema de salud. Ello conlleva la ampliación de infraestructura sanitaria en todo el país, la provisión de equipamientos e insumos y las partidas para garantizar el funcionamiento del Sistema Sanitario Federal en la Post pandemia, reconociendo la creciente complejidad de la atención sanitaria, la demanda de nuevos equipos técnicos y de capacitación, y las partidas para garantizar una evolución epidemiológica favorable en todo el país, previendo contra todas las enfermedades trasmisibles. Vacunas e insumos. 117.000 millones de pesos, que incluyen 38 millones de dosis en el Plan Nacional de Vacunación; 26.000 mil millones de pesos en acceso a medicamentos; 47.000 millones de pesos en tratamientos de atención primaria y 300 mil botiquines distribuidos; Hospitales y transferencias de recursos: 112.711 millones de pesos, destinados a los hospitales Alejandro Posadas, Garraham, El Cruce, SOMMER, SAMIC El Calafate, obras del Hospital Norpatagónico y otros. Plan Sumar con 30.000 millones de pesos con los que se cubren 20 millones de personas, y 21.000 Millones de pesos en el Programa Respuesta al VIH, para cobertura de medicamentos a 68.000 pacientes.

3. Educación será prioridad en todos sus niveles, desde la educación inicial, primaria, media, terciaria y universitaria. Para ello se seguirá expandiendo la infraestructura en escuelas y jardines, promoviendo el sistema de becas y la inclusión digital. Esto implica expandir la infraestructura escolar, los espacios universitarios, los hospitales escuela, los laboratorios, las obras de conectividad y las bibliotecas, las radios universitarias, las salas de conferencias y sus equipamientos audiovisuales, fortaleciendo los ámbitos digitales, la seguridad de los edificios, etc. Educación universitaria: 748 mil millones de pesos; Becas Progresar: 138.000 millones de pesos (1,5 millones de becas); Plan Conectar Igualdad, traducido en 1 millones de computadoras y 50 mil escuelas conectadas: 121.000 millones de pesos; Incentivo Docente: 125.000 Millones de pesos, más la aplicación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y el Desarrollo del Plan Nacional de Ciencias. Fortalecimiento de Jardines de Infantes: 37 mil millones de pesos, invertidos en 69.000 metros cuadrados, que representan 440 aulas y espacios comunes. Programa Recuperación Volver a la escuela post Covid, que beneficiará a 405.000 estudiantes y a 45 000 escuelas con jornadas extendidas.

4. Ciencia e Innovación: La ciencia e innovación son una herramienta clave para vincular el desarrollo tecnológico y los programas de gestión con los distintos sectores de la economía, aplicando la Ley economía del conocimiento, la recientemente aprobada de Promoción de la Bionanotecnología, y la que tiene media sanción de la Cámara de Diputados referida al Crédito Fiscal para la innovación tecnológica con preferencias para las PyMEs, que en muchos casos son proveedoras de empresas electrónicas, de telecomunicaciones, software y servicios informáticos, hidrocarburíferas, de maquinaria agrícola, de la industria automotriz o la biofármaco, entre otras. Muchas de ellas en rubros que implican exportaciones con alto valor agregado, y empleos de calidad. Es el caso también de las innovaciones en satélites, radares, computadores, motores para electromovilidad, vacunas, etc. Con los recursos a afectar, se potenciará el desarrollo de las capacidades científicas y tecnológicas, para incrementar la productividad de la economía y diversificar la matriz de producción nacional.

Los destinos previstos marcan la siguiente inversión: Recursos Humanos y Promoción de investigación en CyT $112.000 millones de pesos; Carreras de investigadores: más de 13.000 (+1.000 respecto a 2022). Y la provisión, renovación y ampliación de infraestructura y financiamiento de actividades de creación de conocimiento científico y tecnológico. El Programa de Federalización de las políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación tendrá un presupuesto de $51.000 millones de pesos, y abarcará 9.716 proyectos subsidiados Promueve la vinculación entre el sistema científico tecnológico y el sector socio productivo y ambiental en todo el territorio nacional. Asistencia y fortalecimiento del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT). A ello se agregan el Plan de Desarrollo Nuclear con un presupuesto de 36.000 millones de pesos, que incluye el Proyecto CAREM Fase II y la construcción de un Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA 10 cuyo desarrollo involucra a la CONAE y al INVAP Provincia de Buenos Aires y Río Negro. Y el Plan de Actividad Espacial que tiene un presupuesto de 13.000 millones de pesos, el cual incluye la construcción del satélite lanzador Tronador II, que es fundamental para la conectividad satelital e involucra actividades del INVAP Río Negro y de organismos científicos de la Provincia de Buenos Aires.

5. Seguridad social e Inclusión: Los programas se centran en fortalecer la protección social y la alimentación, en el fomento del empleo y la cooperación laboral; y en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género. Jubilaciones y pensiones 100.137.000 millones de pesos y 6,8 millones de beneficiarios; Pensiones no contributivas: 970.000 millones de pesos y 1,4 millones de beneficiarios. Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo: 1.500.000 millones de pesos y 4,5 millones de beneficiarios niños, niñas, adolescentes y gestantes. Plan Potenciar Trabajo: 586.000 millones de pesos, y 1,3 millones de beneficiarios; Seguridad Alimentaria: 442.000 millones de pesos y 2,4 millones de tarjetas Alimentar. Programa Acompañar: 48.000 millones de pesos y 106.000 personas asistidas.

3. La cuestión de los subsidios económicos de la Administración Nacional:

El Proyecto de Presupuesto 2023 plantea una reducción de los subsidios: a la energía que incluye la segmentación de tarifas y la reducción de la cobertura de las deudas de CAMMESA y otras, y al transporte urbano (-22%), que derivarán en que las jurisdicciones subnacionales deban asumir parte de esos gastos. Las reducciones propuestas han generado debate y pueden introducirse cambios por reclamos de las provincias. Fuente: Proyecto Presupuesto 2023 En millones de $

Los subsidios por el gas mantendrán un rumbo positivo, creciendo en términos nominales un 85% entre 2022 y 2023 para continuar financiando a ENARSA con la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, y también en valores nominales un 237% de incremento para financiar parte de la producción adicional de las compañías en el marco del Plan Gas Ar en su nuevo esquema 2020-2024. Tales subsidios representan un 5,3% y un 91,6% de variación real año a año respectivamente, acorde a la inflación proyectada en el Presupuesto del 60%. Los objetivos de estos subsidios son claramente estratégicos para el abastecimiento energético a partir de la producción incremental, la sustitución de importaciones de GNL, el transporte y la exportación como gas natural y a futuro como gas licuado en la medida que se concrete la construcción de la planta de licuefacción convenida entre YPF y la compañía estatal malaya Petronas. Vale destacar asimismo el refuerzo a los fondos fiduciarios que totalizan 29 (FONDEP, FOGAR, RENABAP, PROCREAR, De Infraestructura de Transporte y otros), la mayor inversión de las empresas públicas y de sociedades con mayoría estatal y de los 7 otros entes nacionales AFIP; INSSJyP, y otros).

4. Deuda pública externa. El sube y baja a partir de lo que Macri nos dejó

Hacia fines de 2015, cuando concluyó su gestión Cristina Fernández de Kirchner, el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno central era muy manejable; el pago anual promedio de los siguientes 5 años era algo menor a U$S5 mil millones. Ello se observa en el siguiente gráfico elaborado por el macroeconomista Alfredo Calcagno.

Gobierno central. Amortización de la deuda externa, pagos previstos para los siguientes 5 años, a diciembre de 2015 (millones de U$s)

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Datos trimestrales de la deuda, disponible en este enlace.

En nuestra memoria han quedado grabados los episodios de extorsión de los fondos buitres a las autoridades argentinas hasta fines del 2015, el papel de Juez Thomas Griesa, la del mediador Daniel Pollack, la lucha del ex Ministro de Economía Axel Kicillof y su equipo a nivel internacional contra la estafa que ello significó y que tuvo la complicidad del sistema financiero internacional, y luego la facilidad con la que Macri definió pagar la deuda exigida por los tribunales y los representantes de los fondos que no habían entrado en las negociaciones de deuda de los períodos anteriores. Con el argumento de que con ello se salía del default contrajo nueva deuda con las entidades financieras. J.P. Morgan y Deustche Bank en marzo de 2016. Su gobierno consiguió en esa fecha el aval por ley de la Cámara de Diputados al acuerdo con los fondos buitres para endeudarse por hasta u$s 12.500 millones, cuya mitad sería utilizada para realizar el pago al contado a los fondos buitres, que acordaron recibir el 150% de la deuda original. Al respecto, hoy algunos políticos optan por el olvido.

La película continuó con el carry trade durante la gestión y el Stand by con el FMI suscripto en 2018 por U$S45 mil millones, y luego ampliado a U$S 57mil millones. Así, sobre el final del gobierno de Mauricio Macri, los vencimientos por la amortización de capital de la deuda externa del Gobierno central eran virtualmente imposibles de pagar. Por una parte, los montos anuales promedios para los siguientes 5 años superaban los U$S 17 mil millones. Por otra parte, se había cerrado el acceso al crédito externo, de modo que no era posible tomar nueva deuda para pagar la anterior. Por consiguiente, el nuevo gobierno se veía obligado a reestructurar con urgencia su deuda externa, si quería evitar caer en un default en el corto plazo. En esas circunstancias, resulta necesario traer a la memoria los muy elevados pagos al FMI comprometidos por la gestión Macri para 2022 y 2023. Y cuesta creer que ese demencial estado de deuda y de compromiso de pago contraído a costa del pueblo argentino fue evaluado como sustentable por el staff del FMI y su Directorio Ejecutivo Esa anomalía, claramente enmarcada en cuestiones de la geopolítica y avalada por el gobierno de los Estados Unidos, justificaron que, con una macro insustentable, y sin cumplir los indicadores habituales de solvencia para recibir un préstamo, y más aún de esa envergadura, los funcionarios otorgaran el acceso excepcional a los recursos del Fondo a la Argentina. Además, los fondos se usarían para la fuga de divisas y el pago de deudas privadas. Por estos años los responsables de esas decisiones en el organismo aún no las han podido explicar técnicamente de modo convincente. Los pagos comprometidos fueron expuestos por el macroeconomista Alfredo Calcagno en el siguiente gráfico:

Gobierno Central: Amortización de la deuda externa, pagos previstos para los siguientes 5 años, a diciembre de 2019 (millones de u$s)

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Datos trimestrales de la deuda, disponible en este enlace

La administración de Alberto Fernández reperfiló con éxito los vencimientos de la deuda pública externa. Llevó a cabo la renegociación en dos etapas. Reestructuró primero la deuda consistente en bonos y títulos públicos (en agosto de 2020). La Argentina reemprendería el pago de amortizaciones de capital de esa deuda a partir de 2025. Sin embargo, los vencimientos comprometidos con el FMI excedían la capacidad de pago del país, aun en el marco de un hipotético regreso a los mercados internacionales de capital.

A fin de encaminar una reestructuración con mayor viabilidad de cumplimiento, y comprometiendo en la negociación con el FMI la no realización de programas de reformas estructurales de privatización y ajuste estatal tradicionalmente impuestos por el organismo en los procesos de refinanciación de deudas, el gobierno de Alberto Fernández acordó un programa de Facilidades Extendidas con el FMI en marzo de 2022 cuyas implicancias se prolongan en los próximos años, comenzando con pagos de intereses y a partir de 2026 con amortizaciones de capital del programa. El cumplimiento de las metas acordadas en materia de déficit fiscal, emisión monetaria y reservas internacionales con supervisiones trimestrales por parte de los evaluadores del FMI reinstaló condicionamientos a la política económica argentina. Como contrapartida, los desembolsos recibidos a partir de cada supervisión aprobada en el marco de ese programa servirían para cubrir los pagos comprometidos en el acuerdo Stand-By de 2018 refinanciado en 2022. Durante 2021, el gobierno pagó con reservas internacionales los primeros vencimientos de capital (además de los intereses, que venían siendo servidos desde 2018). Sin embargo, en 2022 obtendrá un financiamiento neto positivo del FMI, que compensa parcialmente los pagos netos realizados con anterioridad al nuevo acuerdo. Quedan reflejados los compromisos de pago de intereses en el Presupuesto 2023, que se suman a otros compromisos con otros acreedores internacionales y por bonos y títulos públicos, junto a los de un déficit fiscal primario que no supere el 1,9%, y las pautas de reducción de la emisión monetaria y de aumento de las reservas en divisas en el Banco Central. El gráfico tomado de la elaboración del macroeconomista Alfredo Calcagno muestra la evolución proyectada de deuda del gobierno central desde 2022 hasta 2026 tanto en los pagos a agencias internacionales, que incluyen el FMI, como en el pago de bonos y títulos públicos y otros. La historia continuará, la proyección de crecimiento y distribución enfrenta la incertidumbre global.

Gobierno Central: Amortización de la deuda externa, pagos previstos para los siguientes 5 años menos los nuevos desembolsos del FMI, a diciembre de 2021 (millones de u$s)

Fuente: Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, Datos trimestrales de la deuda, disponible en este enlace