El coordinador del Parlamento Mapuche, Orlando Carriqueo, aseguró que el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, que tuvo como resultado la detención de siete mujeres mapuches, algunas de ellas junto a sus bebés, "es un delito de lesa humanidad" y amplió que "es la coyuntura de un problema estructural que es no reconocer el genocidio y no reparar eso en tierras, a pesar de las leyes".

Consideró que "el Estado quiere seguir exterminando indígenas porque le es un problema para su política extractiva" y bregó porque el gobierno nacional se siente en una mesa con las comunidades. En ese sentido, explicó que enviaron una carta al papa Francisco "porque es el único que puede abrir las puertas del diálogo".

En una entrevista con , Carriqueo denunció que detrás del desalojo "hay un pacto entre el gobierno provincial y el gobierno nacional", en el que la Nación responde a la provincia "porque necesita votos para el Presupuesto y el bloque de Juntos Somos Río Negro le da esos votos".

Además, aseguró que hay una relación directa entre los pedidos para militarizar territorios en conflicto y el aumento de la violencia política que llega a expresiones graves como el atentado contra la vicepresidenta. "Nosotros venimos denunciando hace dos años que hay un sector de la derecha que está desestabilizando la democracia", aseguró el referente, en relación al grupo Consenso Bariloche, "que está ligado al Pro, un partido político antidemocrático, militarista, violento, que no es republicano".

-Pidieron al papa Francisco que interceda ante los ataques contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. ¿Qué esperan del papa?

-Lo primero que quiero decir es que hay un pacto entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. En ese acuerdo, el gobierno provincial le pidió el desalojo de la comunidad Lafken. Después viene todo lo que nosotros denunciamos, que es un delito de lesa humanidad porque ataca un rewe, un sitio espiritual del pueblo, por eso hay tanto enojo. Han atacado la espiritualidad de un pueblo y eso es un delito de lesa humanidad. Para romper ese acuerdo, nosotros hemos puesto todo el esfuerzo para que grandes figuras como el Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, o el relator de Naciones Unidas, con quien me he comunicado y está dispuesto a interceder en este diálogo intercultural. Eso es algo que el Estado no abre. El Estado abre el diálogo con sus propias premisas y sus propios reglamentos. Eso tiene que cambiar. Le escribimos al Papa porque es el único que puede abrir las puertas del diálogo. El gobierno nacional siempre fue tibio y en esa tibieza cedió a la política de la derecha, a la política que planteaba (Patricia) Bullrich, pero claramente le ha significado un montón, como perder a una ministra. Nosotros hemos planteado una interpelación al ministro (de Seguridad). Si hubiese seriedad en el gobierno, el mismo bloque de Diputados interpelaría al ministro. Esto es un delito de lesa humanidad.

-Dijo que hay un pacto entre el gobierno nacional y el de la provincia de Río Negro. ¿Por qué cree que el gobierno nacional cede ante el pedido de la provincia?

-Porque necesita votos para el Presupuesto y el bloque de Juntos Somos Río Negro le da esos votos que necesita Y después otros acuerdos que tienen que ver con la minería, que es una política que nosotros rechazamos; el hidrógeno verde, al que también rechazamos y pedimos la consulta previa; el gasoducto Néstor Kirchner, que tiene que pasar por territorio comunitario, con lo cual hay que habilitar la consulta previa. Por eso nosotros no queremos hablar solo de lo que está pasando en Mascardi. Quizás ese es el primer punto del diálogo que tenemos que tener, pero queremos hablar de Quemquemtrew, de que nos levanten los permisos de cateo minero en toda la provincia a las siete comunidades que hemos presentado el amparo; queremos que haya una comisión investigadora de tierras para solucionar, por ejemplo, el conflicto de Newen Mapu en Catriel. Lo que pasa en Lafken Winkul es un emergente de un conflicto social histórico. Es la coyuntura de un problema estructural que es no reconocer el genocidio y no reparar eso en tierras, a pesar de las leyes, porque acá lo que no hay es una voluntad política de entregar tierras.

¿Cómo cree que se podrían solucionar las disputas de recuperación territorial? En ese sentido, ¿qué tan útil es el relevamiento territorial?

-La ley de relevamiento territorial es una herramienta necesaria para las comunidades que tienen territorio o han tenido posesión pero no soluciona todos los problemas territoriales de las comunidades. El proceso político que tienen que darse los gobiernos es reconocer el genocidio. Eso va a abrir un debate en toda la sociedad. Va a implicar, también, a cada familia replantearse su identidad. Hay una discriminación estructural que deviene de no reconocer eso. Como los cambios también vienen de los debates sociales, reconocer el genocidio va a permitir que esa discusión se amplíe en la sociedad y que entonces no sea la tercera guerra mundial entregar veinte hectáreas de tierra a una comunidad, o 600 hectáreas o 2 mil hectáreas. En realidad, si uno analiza en términos cuantitativos, la incorporación de toda la Patagonia al Estado argentino hace 143 años significó 143 millones de hectáreas, de Río Negro para abajo. Si sumamos La Pampa son 184 millones de hectáreas que eran comunitarias. Uno tiene que dimensionar que cada conflicto, que a veces son por 20 o 40 hectáreas, nos significan a nosotros una vida, la militarización.

-El Parque Nacional Nahuel Huapi posee 710 mil hectáreas, de las cuales la comunidad reclama entre 11 y 15 hectáreas. ¿Hay un problema de escasez de tierras o se trata de enviar un mensaje disciplinador a las demás comunidades?

-Es para aleccionar y eso es parte de lo que está pasando hoy. Las políticas extractivas de los gobiernos pretenden pagar la deuda externa a costa de los territorios comunitarios y ese es otro conflicto. Están viendo en Jujuy, en Salta, la oposición de las comunidades a que se rompa su territorio. Lo que no hay es una comprensión de lo que significa para nosotros el territorio. Para nosotros el territorio no es plata. Cuando se plantean políticas extractivas tienen que saber que van a ser contrarias al derecho indígena y a lo que piensa cada comunidad. Todo eso se mezcla y son un montón de cuestiones que marcan que hay muchos intereses detrás de esta violencia institucional.

-¿Cómo evalúa la reacción de la sociedad ante el desalojo, la detención de siete mujeres y algunos niños, y el traslado de algunas de ellas a Ezeiza?

-Nosotros venimos denunciando que se violaron todos los derechos al debido proceso, a la defensa, derechos de la mujer, de la niñez, el derecho comunitario de respeto un rewe, el espacio espiritual de una machi... Por eso insisto en que lo que se está cometiendo en Argentina, y que tiene la condena no solo de los pueblos de Argentina, de las comunidades, sino a nivel internacional, es la falta de respeto a los derechos humanos cuando Argentina históricamente ha levantado esas banderas. Las denuncias que ha hecho el CELS, (Adolfo) Pérez Esquivel, la APDH, no son cualquier cosa. Ellos están viendo que se están vulnerando los derechos. El Estado quiere seguir exterminando indígenas porque le es un problema para su política extractiva, es un problema de distribución territorial, pero quiero dejar en claro que el problema territorial no es solo de las comunidades, es abarcativo de la sociedad en Argentina. Ningún trabajador o trabajadora puede comparar tierras ni en Neuquén ni en Bariloche, porque la tierra está acaparada, está privatizada. Esto fue un proceso histórico que se fue dando después de la "campaña al desierto". Hoy toda la tierra está privatizada, cercada y sobre todo extranjerizada en la Patagonia. El problema no es el pueblo mapuche tehuelche en la Patagonia, que tiene miles de años, muchos más que el Estado, sino el problema es la extranjerización de la tierra. Y la extranjerización a través de empresarios, entre ellos, ingleses. Argentina tuvo una guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas y hoy el gobierno de Río Negro defiende a Lewis y cada vez que hay un fallo adverso a Lewis ellos apelan. Nosotros en la mesa de diálogo también vamos a pedir que se abra el paso Tacuifí. Corresponde que mapuche y no mapuche compartamos el lago, porque los lagos no son privados, son comunitarios.

-¿Cómo funciona el mecanismo mediante el cual políticos, funcionarios judiciales y medios de comunicación van construyendo a las comunidades como violentas?

-Eso es histórico. El primer discurso que se plantea para avalar la violencia es que nosotros venimos de Chile y que matamos a los tehuelches y nos quedamos con el territorio. Este discurso lo plantea Estanislao Zeballos en la Cámara de Diputados para avalar la "campaña del desierto". Otro argumento que se usa ahora es la RAM. La RAM no existe, no existió nunca, es una organización que inventó Patricia Bullrich y que hoy ha reflotado Aníbal Fernández, que volvió a subir el informe RAM a la página del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando eso había sido descartado por la anterior ministra (Sabina) Frederic y también fue descartado por el CELS. Siempre para avalar la violencia institucional hay que generar, primero, el clima. Segundo, el plafón: elegir el momento. Acá el momento fue elegido particularmente. El 4 de octubre de 1878 la Cámara de Diputados aprobó los fondos para iniciar la "campaña al desierto". Son muchas casualidades juntas. Yo estimo que es un plan criminal. Por eso son delitos de lesa humanidad, porque es un acuerdo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional para atacar a una comunidad indígena. Para eso se ideó un plan y se contó con el apoyo de la justicia. Es gravísimo a nivel institucional. Si hubiese seriedad en la política argentina habría un juicio político al presidente y a la gobernadora. Pero la democracia es un armado con muy poco equilibrio.

-¿Cómo ve la situación en el corto plazo?

-Espero que el gobierno se siente a dialogar porque me parece que hay mucho en juego para seguir insistiendo en la criminalización y en la violencia. Soy un convencido de que la violencia la impone el Estado. No somos las comunidades las que impusimos la violencia. Hasta 1900 las personas apresadas eran llevadas a Buenos Aires y las repartían para mano de obra. Entonces, que se siente a dialogar, que lo haga públicamente, con veedores internacionales. Acá hay una negativa a dialogar porque hay un plan criminal. Nosotros estamos dispuestos a no denunciar ese plan criminal pero que se siente a dialogar.

-La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, acaba de decir que habría que llevar a las fuerzas armadas a Rosario y a la Patagonia. ¿Qué relación ve entre estas propuestas de militarizar zonas y el aumento de la violencia política que registra hechos gravísimos como el atentado contra la vicepresidenta?

-La relación es directa. Nosotros venimos denunciando hace dos años que hay un sector de la derecha que está desestabilizando la democracia. Acá nació Consenso Bariloche, que está ligado al Pro, un partido político antidemocrático, militarista, violento, que no es republicano. Bullrich, toda la plaga del Pro estuvo en Bariloche en la marcha, días antes del desalojo. En los documentos de la Coordinadora nosotros venimos denunciando esto desde hace dos años. En Quemquemtrew, los abogados que litigan contra las comunidades están financiados por Consenso Bariloche. El conflicto era con un privado, que no es privado porque la provincia le cedió la tierra para uso forestal pero no tienen título de propiedad, y nunca controló su uso. Más allá de esos vicios, que implicarían la pérdida de la concesión, llegó el conflicto y a (Rolando) Rocco lo defiende (Ernesto) Saavedra, que es abogado de Consenso Bariloche. Ellos financiaron las defensas de los sicarios que están detenidos por matar a Elías Garay. Es el mismo modus operandi. Generar toda una construcción de un discurso y lo que viene después es la violencia. Nosotros denunciamos que hay una relación directa entre quienes financian la violencia, que es el Pro, y que esto es parte de eso. Si no hay que preguntarse por qué el asesor de (el senador del Pro, Ignacio) Torres, que es un abogado de Chubut antimapuche (en referencia a Gastón Marano), partícipe de Consenso Bariloche, es el abogado de quien intentó matar a la vicepresidenta. Ellos financian a los atentados en la zona andina y en Recoleta también.