La coyuntura exhibe hechos que aparecen como singularidades dispersas en busca de alguna interpretación. La verdad está en esos hechos y en el discurso que los envuelve. Más allá de ese par inescindible (el hecho y el discurso que lo describe), habita el núcleo inaccesible que constituye la verdaderaverdad, pero ésta es, como queda dicho, invulnerable a la facultad humana de conocer.

Lo anterior es cierto salvo prueba en contrario. Es decir, se trata de una presunción iuris tantum, una presunción que vale como verdad hasta que algo o alguien torne evidente que la verdad está no en esa presunción sino en su opuesto.

Y su opuesto vendría a ser la generalidad en la Historia, los universales, las tendencias que se repiten a lo largo del tiempo a despecho de contextos y de circunstancias diferentes. Una ola de dictaduras criminales barrió América Latina durante las dos terceras partes del siglo XX. Una ola democratizadora en clave liberal siguió a ese primer tsunami de terrorismo militar y vino a sustituirlo. Cambiaban, así, las formas del Estado pero no su contenido. Éste seguía siendo, como en la época de las dictaduras, el mercado, la ortodoxia económica y el capitalismo dependiente.

En ese marco de democracias restringidas se abrió paso el grito soberano y por la justicia social. En ese marco, esa democracia lightno pudo impedir que los más altos niveles del aparato del Estado pasasen a manos de presidentes cuyos programas y políticas pretendían horadar la dura costra de la costumbre para abrir las picadas que condujesen a los pueblos por la enmarañada selva de las innovaciones institucionales con norte y destino en originales experiencias poscapitalistas. Pero poscapitalismo significaba reconfigurar la estructura clasista de las sociedades. En otras palabras, significaba redistribuir la riqueza y ubicar a los países en línea antagónica a la geopolítica estadounidense en la región.

El anticuerpo monoclonal que encontraron las burguesías latinoamericanas para sobreproteger sus privilegios en línea con el Departamento de Estado fue el poder judicial. Como las dictaduras militares eran un recurso quemado y vedado hasta por la estética, hubieron de armar una suerte de "dispositivo" que les permitiera excluir de la competencia política a esos líderes que habían logrado filtrar sus propuestas humanistas y justicieras por los entresijos de aquellas democracias formales. Fue el turno del lawfare.

Lula sufrió paradigmáticamente esta "anomalía" democrática. Y Correa en Ecuador. Y Lugo en Paraguay. Y Zelaya en Honduras. Y Evo Morales en Bolivia. Todos ellos habían sido disfuncionales a los designios hegemónicos de Estados Unidos en la región. Por eso el sistema político hubo de injerirse en la Justicia para instrumentarla a la medida de los requerimientos del poder económico, es decir, para excluir a esos líderes de las contiendas políticas.

El nombre de la vergüenza en Brasil se llamó Sergio Moro. Tuvo su momento de fama y hasta Netflix emitió sagas berretas en clave hollywoodense con el miserable objeto de hacerle creer al público que este quídam era un héroe y no un villano de tercera. Aceptar un cargo de ministro en el gabinete de un apologista de la tortura fue demasiado para sus quince minutos de gloria. Le pagaban, así, los servicios prestados: había logrado encarcelar a Lula para que Lula no fuera más presidente de Brasil. Pero, a poco andar, se supo. Se supo que había condenado sin pruebas, o con pruebas plantadas, o con testimonios viciados, o con garantías procesales negadas a las defensas, con la prisión preventiva y la presunción de inocencia convertidas en vil herramienta para excluir con la "ley" al que no podían vencer en las urnas. Lula, al fin y al cabo, está de vuelta. Aunque no los han vencido. Ellos no se rinden. No cantar victoria sería una actitud sensata.

Cualquier semejanza con la realidad argentina de hoy no es azarosa coincidencia. Antes bien, son las generalidades transhistóricas las que se abren paso. Y no son generalidades engañosas.

Es demasiado evidente que las derechas apoyaron el terrorismo de Estado. Es demasiado evidente que, con la compulsa electoral, corren riesgos existenciales como casta, como clase, como oligarquía. Es demasiado evidente que persiguieron a Lula. Lo es, asimismo, que no quieren ver a Cristina, de nuevo, como dato insoslayable de la política argentina ni, mucho menos, al timón del barco, en la presidencia de la Nación.

Hacía -hace- falta un Sergio Moro en la Argentina. Creen haberlo encontrado. Un fiscal no tiene que opinar, tiene que acusar; y para eso tiene que decir cuál es el delito, quién es el autor y, dicho esto, qué pruebas sólidas tiene para sustentar esos dichos. Sólo eso. Nada más que eso. Nada menos que eso. Eso es la acusación. Luego, las defensas dicen lo suyo. Al final, el juez decide. Perorar para los medios acerca de sedicentes tramas delictivas, acerca de la historia y sus "matrices de corrupción" y conjeturando que la acusada "no podía no saber" -como hace el fiscal Diego Luciani- además de parecer una parodia de sketch televisivo, es apartarse, por designio político, por obediencia debida o por pura incompetencia, de la función única y primigenia de la acusación penal. Del otro, del otro acusador, ese de apelativo Sergio Mola, no cabe decir nada más que remitirse a las denuncias del ministro de Justicia: ese funcionario judicial fue, en el pasado cercano, buscador de instrucciones como visitante, el 16 de junio de 2016, del ex presidente Mauricio Macri. Entró a la Rosada a pasados seis minutos de las tres de la tarde y salió, puntualmente, a las 16.52. Una hora y cuarenta y seis minutos. Lo suficiente como para anotar el pedido presidencial y salir luego a cumplirlo como funcionario del poder judicial. Pedidos Ya. Es lo que el diario La Nación llama "división de poderes". Ese es el otro de los acusadores de CFK en la causa así llamada "vialidad nacional".

Para más de lo mismo, tenemos que la Cámara de Casación, llegado el momento, deberá revisar la sentencia. Ese camarón está integrado por Borinsky y Hornos, junto con Javier Carbajo, los visitantes asiduos de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Borinsky, esto debería ser apodíctico, tiene la autoridad moral comprometida para ser juez de un sistema político que dice honrar la división de poderes.

Y, nuevamente, dos émulos de Sergio Moro, ahí. Giménez Uriburu y Luciani, respectivamente el presidente del tribunal y el fiscal que acusa, jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. Comparten intimidades. Como Borinski. Y estos son los que juzgan la "corrupción K" en nombre de la democracia y la división de poderes. Jugaron al fútbol con Macri, admiten a dúo; pero -justifican- eso fue antes de que el expediente "vialidad" llegara a sus escritorios (sic) (https://www.lanacion.com.ar/politica/cristina-kirchner-recuso-al-fiscal-diego-luciani-y-a-uno-de-los-jueces-del-caso-vialidad-nid08082022/).

Se apresura La Nación en salir a defender a los huéspedes de Macri. Más que a defender, a banalizar. O apelando a la banalización como estrategia de defensa de lo indefendible. Un huésped de Macri en la quinta Los Abrojos es fiscal acusador de CFK; el otro es el juez que deberácondenarla. Juegan al fútbol en la quinta de Macri, se refocilan con Macri y La Nación se apresura en salir a desmentir a Página 12. Los argumentos de La Nación consisten en huir hacia adelante exhibiendo la vergüenza como si esa exhibición sirviera para disimular el delito, pues perseguir opositores con jueces amigos es tan delictivo como prestarse a esa persecución. Veamos los argumentos de La Nación.

1.- Hace mucho que se juega un torneo de fútbol en la quinta de Macri.

2.- La casa de Macri en esa quinta está lejos de la cancha de fútbol, mucho más desde que crecieron las ligustrinas que impiden la visión, es decir, parece que Macri no puede ver los partidos desde su casa porque las ligustrinas se lo impiden y, por ende, tampoco puede hablar con Luciani y con Giménez Uriburu: los separa la tupida vegetación de las ligustrinas (¡ ...!).

3.- «Durante el juicio de Vialidad, a Giménez Uriburu, presidente del Tribunal, se lo vio tomando mate de un pocillo con el escudo del equipo de fútbol que comparte con el fiscal Luciani hace años. Se llama Liverpool y suele ser protagonista en la competencia en Los Abrojos, donde los picados quedaron ahora mezclados en una trama política y judicial» (https://www.lanacion.com.ar/politica/como-son-los-torneos-de-futbol-en-los-abrojos-la-quinta-de-macri-a-la-que-fueron-el-fiscal-y-el-juez-nid08082022/).

Más que una defensa parece la impotente argucia de quien no tiene más remedio que hablar de lo que hubiera preferido callar.

Pero Giménez Uriburu, Luciani, Mola y Borinski están metidos en el barro hasta la frente y, no obstante, se disponen a juzgar y condenar a Cristina Kirchner. Todos son visitantes íntimos de Macri. Chancearon y se regodearon con el enemigo de Cristina Kirchner. Y en particular, Luciani, el fiscal, acusa a CFK ante su amigo, el juez Giménez Uriburu. Obscenidad ad náuseam. Y el fiscal que acusa y el juez que debe juzgar a CFK juegan a la pelota nada menos que en la quinta de quien promovió la causa contra CFK y se constituyó como querellante y actor civil a través Vialidad Nacional, de la OA y de la UIF (Unidad de Información Financiera). Comisión Interamericana, ahí. La instancia internacional siempre está abierta. Nos defendió contra Videla y el terrorismo de Estado. Ahora, en materia penal y cuando de eliminar opositores se trata, tampoco hay división de poderes.

Y un testigo calificado: Xi Jingping, el presidente de China. El propio Macri le mostró el video donde él, el presidente argentino, está jugando al fútbol con Luciani, el fiscal; con Giménez Uriburu, el juez; y con el camarista Llorens (este último absolvió a Macri en el expediente por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan).

Es, asimismo, grave que Luciani haya sido acusado de buscar, en 2019, "contacto con la Vicepresidenta electa para explicar que estaba obligado a acusarla pero no tenía pruebas contra ella ..." (https://www.elcohetealaluna.com/administrar-las-consecuencias/.

Si el juicio a Cristina Kirchner continúa con estos jueces involucrados en la persecución por encargo, estaríamos ante "actos de la autoridad que violen... alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente" (art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Asimismo, se trataría de actos que violan derechos fundamentales "aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales" (art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). También sufre el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley».

Compartir intimidad con el querellante interesado en condenar a la imputada es, por lo menos, una preparación anterior y previa a los actos violatorios a que alude la citada norma de la ONU.