En otrade sus memorables piezascomunicacionalesa través de las cuales ejerce una potente acción política y reafirma su centralidad y liderazgo, Cristina Kirchner lanzó dos tuits que constituyen un profundo alegato contra la degeneración del Poder Judicial argentino. Con una mención, además, a los poderes judiciales de Brasil y Ecuador, utilizados también para perseguir a líderes y fuerzas políticas populares.

“De la Corte ejemplar a la Corte de los Cuatro: breve historia de la decadencia”, fue el título/presentación elegido por la actual vicepresidenta de la República para dar paso a dos videos de poco más de siete minutos cada uno. Allí, su propia voz va narrando una descripción de la conformación y accionar de Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el menemismo hasta hoy, así como las maniobras de los juzgados federales políticamente más influyentes del país, conocidos con el nombre de “Comodoro Py” (por la calle del barrio porteño de Retiro donde está el edificio de esos tribunales).

(En la cuenta de Twitter de la ex mandataria nacional y actual vice se accede tanto a la Parte 1 como a la Parte 2 de la exposición audiovisual por ella realizada).

El momento utilizado por Cristina para lanzar el frontal cuestionamiento al modo en que funciona la judicatura (es decir los integrantes de un sistema judicial, a los cuales siempre se los llama con el nombre de “justicia”), coincidió con una apabullante seguidilla de decisiones que confirman la persecución contra la líder del kirchnerismo y, como exacta contracara, el encubrimiento a Mauricio Macri por los múltiples delitos que se le imputan.

A fines de junio, la Corte rechazó todos los planteos realizados por los abogados defensores de la líder del kirchnerismo en la causa denominada “Vialidad”, inventada en torno a la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz cuando ella era presidenta, obras adjudicadas a compañías del empresario Lázaro Báez. (Información de elDiarioAr, nota del 21/06/22). 

Los recursos de la defensa habían sido presentados hace tres años y estaban destinados a impedir que el proceso llegara a la instancia de audiencias orales y públicas. Pero la demora del más poderoso tribunal del país provocó que esa etapa se llevara a cabo -ya desde el 21 de mayo de 2019- y que esté en condiciones de dictarse sentencia antes de finalizar este año.

Por la posición político-ideológico de los jueces y fiscales intervinientes, se sospecha que el fallo será condenatorio y que además podría servir para prohibir eventuales candidaturas de Cristina a cargos públicos en futuras elecciones. (“El objetivo es proscribir a Cristina”, declaró el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, citado en un artículo del periodista Raúl Kollmann en Página 12 donde se analizan las amenazas a los derechos políticos de la vicepresidenta mediante procedimientos que se presentan con apariencia de “legalidad”. Nota del 21/07/22). 

Espionaje y jueces

De forma paralela, en la primera quincena de este mes hubo cuatro decisiones judiciales que favorecieron a Mauricio Macri y/o a altos funcionarios de su gestión por delitos perpetrados en esa época. Tres casos están relacionados con las estructuras de espionaje montadas por aquel gobierno, y el cuarto con las visitas clandestinas de jueces a la residencia de Olivos cuando el jefe del Pro era presidente de la Nación.

El 4 de julio, la Cámara de Casación, con los votos de sus miembros Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, resolvieron que una red de agentes secretos había actuado “por cuenta propia” al espiar y vigilar ilegalmente a decenas de personas y organizaciones, o sea que no había existido responsabilidad de Macri ni de la cúpula de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) que encabezaron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El día 12 fue archivada la investigación por las reiteradas presencias del camarista porteño Mariano Llorens en Olivos durante el macrismo, ocultadas en su momento.

Y el 15 de julio, la Cámara Federal integrada precisamente por Llorens cerró dos causas: una por las denominadas “Bases AMBA” (sigla del Área Metropolitana de Buenos Aires), que fue una estructura de espías montada en ciudades y localidades vecinas a la capital federal desde las cuales se persiguió, también, a dirigentes y organizaciones opositoras al macrismo; y la otra causa que se cerró para dejar impunes a los acusados fue la del canallesco espionaje a familiares de los tripulantes muertos por el hundimiento del submarino ARA San Juan.

(“En 15 días Comodoro Py le limpió 4 causas a Macri”, resumió el título de una detallada información del periodista Franco Mizrahi publicada en El Destape. Nota del 19/07/22). 

Jujuy: violencia estatal legalizada

Mientras en Buenos Aires ocurría todo lo descripto anteriormente, julio fue un mes donde se agravaron las condiciones de violencia estatal legalizada contra Milagro Sala y otras personas prisioneras del régimen que encabeza Gerardo Morales en Jujuy -con apoyo de todos los poderes de facto del país, entre ellos las corporaciones mediáticas-, así como contra el conjunto de las/los militantes y organizaciones populares de esa provincia.

Milagro, que lleva más de 2780 días detenida -según el riguroso conteo que realizan profesionales de la comunicación independientes de los poderes fácticos y de la derecha ideológica, como el periodista Eduardo Aliverti en su programa Marca de Radio, y también medios de similar posición política como el diario Página 12 y la Radio AM-750-, estuvo internada desde el 27 de junio y durante dos semanas a raíz de una “trombosis venosa profunda”.

En su lugar de internación sufrió maltratos por parte de policías que permanecieron dentro de la habitación de terapia intermedia donde fue alojada. (Información del portal Jujuy Dice, nota del 28/06/22). Allí también recibió la visita del presidente Alberto Fernández. El 11 de julio volvió a su domicilio, donde permanece con prisión domiciliaria.

Mientras tanto, desde mediados de este mes hubo al menos 16 allanamientos a las viviendas de dirigentes de organizaciones sociales así como a locales de las mismas, en una causa caratulada como “asociación ilícita”. Algunos de los lugares allanados por funcionarios judiciales y personal armado de la Policía fueron comedores y merenderos a los cuales asisten familias que no tienen dinero suficiente para alimentarse en su casa.

Dirigentes que el martes 19 realizaron una protesta frente a la Casa de la Provincia de Jujuy en la capital federal, dijeron que las víctimas habían sido “compañeros y compañeras que no aflojaron con su trabajo social ni en la pandemia, que fueron capaces de dar de comer, cuidar y organizar la vida” de personas humildes. “Esto es lo que ataca hoy el poder fáctico, tanto judicial como económico y político, que se pusieron de acuerdo en avasallar a los pobres”, denunciaron. (Crónica del diario cooperativo Tiempo Argentino, nota del 19/07/22). 

Por otra parte, abogadas/os defensoras/as de las personas perseguidas se enteraron inesperadamente de otro asunto revelador del sistema de terror político existente en Jujuy: en marzo pasado, el fiscal provincial Diego Funes -alineado con el todopoderoso Morales- dio la orden de “infiltrar” a organizaciones populares e “individualizar” a sus referentes, porque iban a realizar una manifestación cuando el gobernador hablara en la Legislatura.

Al acceder al expediente por los allanamientos de este mes, los profesionales del derecho supieron que en marzo habían existido esas directivas clandestinas, de las cuales surgieron fichas personales con información privada de los/las dirigentes, por ejemplo fotos, datos familiares propios y de personas con las que conviven, y vigilancia del gobierno jujeño sobre sus inmuebles, automóviles y otros bienes. (El diario Página 12 publicó en la semana reciente un detallado informe sobre la infiltración y espionaje perpetrados. Nota del 18/07/22). 

Estrategias golpistas

Las maniobras para hostigar y eventualmente encarcelar a quienes son opositoras/es al régimen autoritario jujeño, tienen una estricta relación con la permanente ofensiva desde los juzgados de Comodoro Py y los poderes mediáticos contra Cristina Kichner, y asimismo con el encubrimiento a Macri frente a los múltiples delitos en los que está involucrado.

Las tres situaciones son posibles porque tanto el Poder Judicial de la Nación como el de la provincia norteña -y esta mención no excluye que también ocurra lo mismo en otros lugares del país- están manejados por jueces y fiscales que conforman un aparato antidemocrático y corrompido.

En el siglo XX, tanto en Argentina como en toda América Latina, las oligarquías locales y los factores de poder extranjeros se valieron de la violencia física directa, mediante los golpes de Estado o la amenaza de ellos, para derrocar o al menos extorsionar y presionar a gobiernos, fuerzas políticas y líderes que representaban diferentes grados de cuestionamiento al modelo económico y social establecido.

Por eso los movimientos desestabilizadores o directamente golpistas (según en qué estadío se encontraran) tenían como rasgo típico el uso de las estructuras de violencia estatal, es decir las fuerzas armadas y el resto del aparato armado del Estado. Y en todos los casos articulados con otros poderes fácticos, en primer lugar los económicos, junto con los mediáticos, eclesiásticos, judiciales, de profesionales (poderosos estudios de abogados/as y economistas, por ejemplo) y ciertas expresiones de la dirigencia política y el sindicalismo.

Hacia la terminación del siglo, a fines de los años '80 y principios de los '90, se registraba a nivel internacional el comienzo de la llamada "globalización" o "mundialización", que por imperio de nuevas tecnologías para la producción y comercialización de bienes y servicios dio lugar a un capitalismo más trasnacionalizado, siempre manejado por Estados Unidos en su rol de hiper-potencia hegemónica planetaria.

Fue la época en que los poderes de facto atacaron "desde afuera" de la estructura estatal y perpetraron lo que se denominó "golpes de mercado" contra los incipientes procesos democráticos de la región, entre ellos el argentino. Fue el caso de la hiperinflación desatada en el último tramo del gobierno de Raúl Alfonsín.

Actualmente se registra una combinación de estrategias múltiples para atacar a gobiernos y/o fuerzas, líderes y militantes que, con diferentes orígenes ideológicos y trayectorias políticas, constituyen algún grado de obstáculo para los intereses de las clases sociales dominantes en cada país, sus corporaciones y la geopolítica estadounidense.

Como parte de dichas estrategias, los principales jueces y fiscales de cada país ocupan un lugar absolutamente decisivo.

Dentro de ese contexto Argentina sufre hoy un golpismo económico sostenido a la vez por poderes judiciales corrompidos y por grandes cadenas de medios de comunicación, que ponen en jaque el bien común, la paz social y la estabilidad democrática.