La actual Corte Suprema de Justicia de la Nación, acostumbrada a defender impunemente los intereses oligárquicos y su propio poderío corporativo, comprobó en los últimos días que se puso en movimiento un sujeto político con cierta capacidad para, eventualmente -depende de cómo se desarrollen los hechos de aquí en adelante-, ponerle un freno a su accionar devastador: se trata de un numeroso grupo de gobernadores (actualmente todos varones, excepto la mandataria santacruceña), pertenecientes al justicialismo y a fuerzas aliadas.

A lo largo del tiempo, los máximos responsables de los gobiernos provinciales se han hecho especialistas en hacer “fintas” (en sentido figurado, amagos y otros movimientos a fin de superar adversidades) para negociar acuerdos de conveniencia recíproca con los diferentes gobiernos nacionales, fundamentalmente debido a la altísima dependencia financiera de las provincias respecto del Estado nacional, en un país que es “federal” solo en lo normativo y declamativo pero no en la realidad.

Esa situación dio lugar, por ejemplo, a que durante el régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri hubiera una connivencia de la casi totalidad de los/las gobernadores/as (en ese periodo había también mujeres al frente de algunos gobiernos provinciales), incluidos/as los/las peronistas, que otorgaron aval político al macrismo para sus principales decisiones.

Dicho aval se tradujo en el Congreso de la Nación, particularmente en el Senado, donde la gran mayoría de los/las legisladores/as del justicialismo, que justamente respondían a los/las gobernadores/as, votaron a favor de las tropelías perpetradas por el macrismo: desde el pago a los fondos buitre -primer paso del depredador endeudamiento que hoy asfixia al país-, pasando por el nombramiento de jueces nefastos en la Corte Suprema y otros tribunales, hasta las cláusulas que permitieron el vaciamiento de “la plata de los jubilados” acumulada en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

O sea que el saqueo sufrido por Argentina en el periodo 2015-2019 fue consentido por mandatarios del interior supuestamente “opositores”, o bien de los partidos provinciales que proclaman defender siempre los intereses de “la provincia”. (En aquellos tiempos fue acuñado el irónico neologismo “opo-oficialismo”. El tema fue tratado en una columna de opinión periodística en noviembre de 2016, cuando Macri llevaba apenas diez meses en el poder. El texto se tituló “El co-gobierno parlamentario del peronismo no kirchnerista” y fue publicado en Diario Contexto de La Plata. Nota del 09/10/2016). 

Quiénes sí y quiénes no

En la semana recién transcurrida, el poder -relativo- de los gobernadores que se referencian en el Frente de Todos y son políticamente afines al gobierno nacional, se manifestó en un sentido completamente distinto a lo actuado en la época del macrismo.

Un grupo de 16 mandatarios rompió la comodidad de la Corte Suprema de Justicia, al anunciar que propondrán ante el Congreso una drástica modificación en la composición del máximo órgano de la judicatura. Según anticiparon, impulsarán un proyecto de ley para que dicha corte sea “más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales, y principalmente que tenga un verdadero carácter federal”. (Crónica del sitio web del canal de noticias “IP-Información Periodística”, nota del 24/05/22). 

En una declaración titulada “Por una Corte Suprema de Justicia federal”, se pronunciaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

La gran mayoría de ellos pertenecen a distintas corrientes del peronismo, aunque no todos. El santiagueño Zamora (del Frente Cívico por Santiago) y el fueguino Melella (del partido Concertación-Forja) integran el Frente de Todos pero no provienen del justicialismo, ni tampoco el misionero Herrera Ahuad (del Frente Renovador de la Concordia), cuyo sector tiene su propia estrategia en el Congreso Nacional.

De los 24 mandatarios del interior del país -los gobernadores de 23 provincias más el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires-, obviamente no participan de la iniciativa los cuatro de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta (de la capital federal), Ricardo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy).

Otros cuatro tampoco fueron parte del pronunciamiento. Por un lado, los dos nor-patagónicos que pertenecen a partidos provinciales: el neuquino Omar Gutiérrez (del Movimiento Popular Neuquino) y la rionegrina Arabela Carreras (de Juntos Somos Río Negro). Asimismo, no respaldó la propuesta el cordobés Juan Schiaretti (del peronismo antikirchnerista que actualmente se expresa con la denominación electoral “Hacemos por Córdoba). El justicialista santafecino Omar Perotti no firmó, y según versiones periodísticas el motivo habría sido que estaba de viaje en el exterior.

Posicionamiento federal

El anuncio de los 16 gobernadores ligados al Frente de Todos respecto de la composición de la Corte Suprema, es por ahora solo un posicionamiento público. Puede tener un largo trámite y se encuentra en una etapa muy preliminar. Falta redactar el proyecto de ley, que luego deberá ser sometido a la consideración del Parlamento. Para la elaboración de la propuesta legislativa “convocaremos a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias”, dijeron los propios mandatarios en su declaración.

Por otro lado, algunas fuentes parlamentarias y comentaristas políticos señalaron que los cambios en la composición del máximo tribunal del país serían absolutos, ya que en lugar de los cinco integrantes actuales -de los cuales solo hay cuatro en funciones, todos varones, de más de 60 años y de perfil ideológico conservador- el órgano pasaría tener 25: uno por cada provincia más la capital federal (24 en total) y otro por definirse. (Información de La Política Online, nota del 23/05/22). 

El Senado, mientras tanto, reformulará el trabajo legislativo que venía realizando sobre el tema, debido a que ya se estaban tratando en comisión cuatro propuestas para cambiar la composición de la Corte, entre ellas una de la senadora neuquina Silvia Sapag y otra del senador rionegrino y ex gobernador Alberto Weretilneck. (Tema explicado días atrás en Página 12, nota del 26/05/22). 

Más allá de lo que ocurra en el futuro, la toma de posición federalista de los gobernadores peronistas y aliados constituye un sacudón para la judicatura corporativa que actúa por encima de la voluntad democrática y popular. Los “cortesanos” ya hicieron saber su enojo.

Incluso, todo hace prever que si se aprobara una norma que modificara de cuajo el privilegiado dominio del tribunal por sobre el resto de los poderes del Estado y por sobre el conjunto de la sociedad, ellos mismos declararán “inconstitucional” a la ley. En ese caso, se agravaría la disputa.

Los antecedentes de ejercicio abusivo de su función por parte de miembros de la Corte, en distintos momentos históricos, han llegado a niveles extremos. Solo un ejemplo de años atrás: dos de sus integrantes -Enrique Petracchi y Carlos Fayt-, y más recientemente una tercera -Elena Highton de Nolasco-, se negaron a que su designación fuera ratificada -o no- por el Senado de la Nación cuando cumplían 75 años de edad, como lo establece la Constitución. Se consideraron por encima del mandato constitucional.

Fayt se emperró en -y finalmente consiguió- atornillarse al sillón hasta que Cristina Kirchner terminara su mandato. Por eso renunció recién en diciembre de 2015. Tenía 97 (noventa y siete) años. Murió poco meses después.

Cualquier cosa puede ocurrir en el reino de la impunidad judicial. Pero el novedoso y potente gesto de los 16 gobernadores, más la valiosa tarea de algunos sectores políticos del Congreso, insinúa que los poderes surgidos del voto ciudadano pueden ponerle algún tipo de freno a quienes tienen cargos vitalicios, no pagan impuesto a las Ganancias, gozan de jubilaciones de privilegio y -aún peor que todo eso- han perpetrado o avalado cualquier tipo de atropellos contra el Estado de Derecho.