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Columnistas
15/05/2022

Cuando tenga la tierra

Cuando tenga la tierra | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.
Foto: diario Río Negro

No es la primera vez que abogados, funcionarios públicos y empresarios vinculados con el poder de turno consiguen en forma meteórica un contrato, un permiso de ocupación o un comprobante de obligaciones cumplidas. Trámites interminables y cuando no imposibles de gestionar por parte de quienes trabajan la tierra.

Carlos A. Lator *

"De acá no me sacan vivo”

José Robinson Valdez

Hace unas semanas atrás, durante el temporal que azotó al norte neuquino, Ciríaco Valdez compartió en las redes sociales un video que mostraba a su madre, María Ermelina Valdez y a su hermano, José Robinson Valdez, en el paraje Buraleo, Puesto El Pino, un lugar de veranada que para llegar desde la invernada hay que hacer un recorrido a caballo de más de dos horas.

Se los veía en medio de la nieve, con sus perros y pavos, en una inmensa geografía blanca donde el negocio más cercano se encuentra a varios kilómetros del lugar.

A esta familia criancera del norte neuquino, que hace más de 20 años vive en el paraje La Buitrera, el juez civil Carlos Choco le libró una orden de desalojo a partir de una acción reivindicatoria presentada por Baldemar Sepúlveda, a través de su letrado, Alfredo Urrutia. Orden de desalojo de la que doña Ermelina, una mujer de 90 años con problemas de salud, nunca se enteró. No porque cuando le hicieron conocer la resolución no estaba en su domicilio, sino porque nunca fue notificada.

 

El funcionario de Chos Malal que decretó esta medida es el mismo que a fines de 2018 fue suspendido en el cargo por mal desempeño en la investigación que se llevó a cabo para esclarecer el doble femicidio de Las Ovejas, un luctuoso hecho que se cobró la vida de Valentina y Carina Apablaza.

Lo que decidió el juez no fue ni más ni menos que dejar en la calle a una de las tantas familias que no tienen títulos de propiedad pero su presencia en el lugar por décadas y hasta generaciones, le conceden legitimidad y derechos que las mismas leyes y la Constitución de la provincia de Neuquén avalan. Lo hizo, además, sin ningún dictamen de la dirección Provincial de Tierras que respalde su sentencia.

No es la primera vez que abogados, funcionarios públicos y empresarios vinculados con el poder de turno consiguen en forma meteórica un contrato, un permiso de ocupación o un comprobante de obligaciones cumplidas. Trámites interminables y cuando no imposibles de gestionar por parte de quienes trabajan la tierra y suelen ser objeto de engaños, amenazas y hechos de violencia que han provocado enfrentamientos armados y hasta la muerte de pobladores.

En el año 2006 la justicia le tuvo que restituir a la familia Faúndez 250 hectáreas en la zona de Las Lagunas, en el Departamento Minas, que habían sido ocupadas por una conocida abogada de Chos Malal fuertemente vinculada al partido provincial, quien cercó el predio e hizo mejoras en el lugar luego de adquirir el campo a 5000 pesos a una persona que no era dueña del mismo. La dirección de Tierras le había adjudicado el campo a “título originario”.

Algo similar ocurrió en el año 2008 con un grupo de familias en el paraje La Tungar, a 15 Km de Buta Ranquil. El empresario Jorge Oberlhozer, con la complicidad y los buenos oficios de una escribana, usurpó unas tierras por medio de artimañas e intimidaciones. El accionar y la lucha de la Mesa Campesina del Norte Neuquino y de toda la comunidad de Buta Ranquil, hizo que se haga justicia y que finalmente se recuperen las tierras.

Otro clara muestra de abuso de poder fue el festival de lotes que la Comisión de Fomento de Villa del Nahueve ofreció a intendentes, funcionarios provinciales y amigos del poder a precios irrisorios y por fuera de toda norma legal. Fue en el mismo lugar donde hoy se construye una controvertida central hidroeléctrica que, entre otras cosas, ha dejado al descubierto los históricos reclamos de los viejos pobladores de la zona: la regularización y el acceso a la propiedad de la tierra. La situación de la familia de Héctor Sepúlveda es la más emblemática, la más injusta, la más bochornosa.

La administración de la tierra pública es un rio ancho lleno de episodios de maltrato, corrupción y favoritismos. Estos son sólo algunos de los casos más relevantes.

El principal responsable de esta realidad que vive el norte neuquino es el Estado provincial que ha hecho muy poco por relevar, regularizar y entregar en propiedad la tierra a sus verdaderos dueños, paradójicamente, sus votantes más fieles. No hay argumento para no hacerlo.

¿Por qué motivo cualquier hijo de vecino puede tener derecho a comprar o vender una propiedad -derecho que por otra parte está en la base de nuestra Constitución Nacional-, y el criancero no lo puede hacer?

El remanido argumento de que si se les entrega la tierra a los campesinos la van a mal vender, ¿no es a esta altura una explicación perversa? ¿No oculta en el fondo la idea de continuar con un sistema de sujeción y clientelismo para seguir negociando, a espaldas de sus ocupantes, con las empresas mineras y petroleras? ¿O en beneficio de los amigos del poder que compran bajo cuerda y el criancero es el último que se entera?

¿Por qué causa esta discusión no se da en la zona sur de la provincia donde el Estado ha entregado tierras en propiedad? ¿La situación es diferente? ¿Acaso en esta región la gente es `madura´ y entonces hay un derecho que se concede en función de la `capacidad´ de las personas?

¿Cuál es la razón por la cual el poblador rural emigra del campo y las escuelas ya casi no tienen estudiantes? ¿No será, en gran medida, porque no es dueño de su tierra y las condiciones de vida son cada vez más precarias?

Jorge Sandoval es un criancero que vive en El Cholar. Hace un tiempo atrás, se vio obligado a entregar parte de su campo a una empresa que explota un lodge de pesca que se ofrece al turismo nacional y extranjero. Cansado de luchar en vano por sus derechos durante 15 años, como él dice: “tuve que comprar mi paz”. Su palabra es la mejor síntesis para testimoniar y representar el sentir de cientos de familias que viven la misma situación:

Yo soy criancero y vivo de lo que producimos en la tierra, desde siempre. Mi bisabuelo también. Mi abuelo nació acá, en 1912. Nuestras poblaciones de criollos y pueblos originarios fueron avasalladas, atropelladas desde siempre. Acá, en estos campos, había casas, escuela, cementerio, y estos campos se vendieron con la gente adentro. Por más que hemos querido pagar, como todos lo hacen, nunca pudimos conseguir los papeles. En cambio vino gente que no es de este lugar, que siempre tuvo vinculación con el gobierno y la provincia les dio el título a ellos. Hacen lo que quieren, atropellan, cierran el acceso a los ríos, se abusan de la ignorancia de la gente. Entonces yo quedo como un chorro, como un usurpador que está en un lugar ajeno, cuando en realidad somos los verdaderos dueños de estas tierras. ¡Qué culpa tengo yo de que mi madre me haya parido aquí!”.

 

 

 



(*) Docente. Ex Intendente de Chos Malal.
29/07/2016

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