El mundo en general está atravesando las consecuencias de lo que se denomina una tormenta perfecta, entendida como la acumulación de fenómenos (guerra, pandemia, calentamiento global, crisis económica) que generan una fuerza energética superior: “Una tormenta perfecta tiene lugar cuando una rara combinación de circunstancias dispares produce un acontecimiento de extrema violencia: en tal caso, una sinergia de fuerzas libera una energía mucho mayor que la mera suma de sus contribuyentes individuales” Sebastián Junger (citado en Zizek, 2020).

La alteración del orden y la normalidad tal como la conocíamos abrió un abanico de hipótesis respecto a las consecuencias a futuro, que van desde la idea del reformateo de la sociedad y el modo de producción, hasta el lugar del individuo y la especie en los procesos planetarios más amplios. El 2030 se señala como fecha límite para fenómenos que serán irreversibles en cuanto al cambio climático y la automatización de la economía con las convulsiones sociales que ello puede traer. Este panorama impone la necesidad de una planificación, coordinación y cooperación global. En el caso de Argentina hay amplias urgencias concretas en el presente, teniendo en cuenta que la crisis económica derivada de la pandemia se combina con la pérdida de soberanía que implicó el proceso de endeudamiento externo de los años 2015-19.

Esta acumulación de fenómenos impuso por la fuerza de los hechos la toma de decisiones políticas complejas y conflictivas, entre otras: el confinamiento, las normativas de regulación de las relaciones sociales, la asignación de recursos de carácter excepcional para determinados sectores como subsidios, créditos, moratorias y perdones impositivos, la sanción de impuestos extraordinarios, la organización del sistema de salud y el proceso de vacunación según categorías etarias y sectores expuestos o vulnerables. Pero es la disputa de intereses entre los actores involucrados la que determina la efectiva implementación de las medidas de gobierno, como así también la posibilidad de que el Estado se posicione por encima de las partes en nombre del interés general. En situaciones excepcionales esto implica que no se puede asumir un fatalismo que se resigna a los poderosos, a las reglas del mercado y la ley del más fuerte.

En una relación de negociación entre el Estado y los privados grandes y extranjeros, el primero es quien debe hacer valer los intereses de la sociedad ya que los últimos buscan el beneficio privado. Una negociación debe buscar el mutuo beneficio pero tiene que ser una relación jerarquizada, tal como relata García Linera respecto a la experiencia de Bolivia en particular: “El gobierno del Estado debería hacer saber su poder de presión, de conocimiento, de legalidad, es decir, la fuerza de sus monopolios, para que, al momento de la negociación, los empresarios ya sepan lo mucho que pueden perder, en términos de ingresos económicos, de juicios, de prestigio de marca, etc. No hacer eso era sencillamente ir a capitular”. Se trata de poner en juego entonces toda la estructura estatal en funcionamiento, toda la capacidad de poder legal, impositiva y comunicacional para implementar las medidas que el contexto demanda. También se debe afrontar el plano de la construcción de sentido de los acontecimientos frente a la diseminación de las noticias falsas, las teorías conspirativas, y los sesgos cognitivos que se transforman en una fuerza que obstaculiza los cambios.

Una crisis de esta magnitud pone en juego la capacidad de la autonomía de la política para dirigir o conducir en nombre del interés general. Pero cuando la población percibe a la política como un lugar de negociados personales alejados de las problemáticas más urgentes de la vida cotidiana, esto se traduce en una crisis de representación y legitimidad institucional. Se abre una brecha entre representantes y representados, que da espacio a un posible triunfo de sectores políticos que no solo no solucionarán las causas de la crisis, sino que presentándose como los garantes del orden y la estabilidad (populismos de derecha y toda la variante de posfascismos) pueden producir un retroceso en materia de distribución del ingreso, de libertades y derechos. Está claro que hay procesos geopolíticos y económicos globales que influyen en el devenir y no pueden decidirse desde lo nacional. Sin embargo es posible tomar una posición soberana y hacer uso de los instrumentos y capacidades estatales disponibles, planificando y orientando un rumbo que se perciba como beneficioso para las mayorías.

El concepto de “revolución pasiva” de Antonio Gramsci hace referencia a los mecanismos implementados desde arriba por las clases dominantes para consolidar su hegemonía en épocas turbulentas. Refiere desde cambios en las formas de dominación hasta ajustes en el plano socioeconómico teniendo en cuenta la relación dinámica y mutuamente influyente entre lo político y lo económico. Más allá de la complejidad del término y los variantes usos históricos, en esta interpretación se trata de una salida, como forma de resolución a la disputa hegemónica abierta tras la crisis, aunque más no sea una solución temporal. En otras palabras, es lo contrario a una transformación progresiva y profunda de carácter estructural, dada desde abajo desde el protagonismo de los sectores subalternos. Se trata de dinámicas que pueden originarse en forma preventiva o como reacción a movimientos alternativos contrahegemónicos. Si la restauración neoliberal puso fin al ciclo de auge de gobiernos nacionales y populares que se desarrolló en América latina en los años 2000, en este particular contexto se pone en juego continuar con dicha tendencia o iniciar un ciclo de reversión que requiere de fuertes liderazgos con movilización popular.