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24/04/2022

Democracia acorralada por la corporación judicial

Democracia acorralada por la corporación judicial | VA CON FIRMA. Un plus sobre la información.

La Corte nacional asaltó el Consejo de la Magistratura. En las últimas décadas hubo momentos en que los gobiernos tuvieron respaldo social para enfrentar los ultrajes judiciales al derecho y a la ética. A los actuales “supremos” los apoyan públicamente hasta las empresas norteamericanas.

Miguel Croceri

El asalto de la corporación judicial contra los poderes democráticos, cuya más reciente manifestación es el copamiento del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema de Justicia, agrega un eslabón más a la cadena de retrocesos que sufren los intereses populares y del conjunto dela Nación debido a -su contrario- la ofensivade los sectores oligárquicos aliados con factores de poder extranjeros (principalmente Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional).

El gobierno del presidente Alberto Fernández y del Frente de Todos, así como en general las fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil que intentan representar los intereses de las mayorías nacionales, tienen escaso margen de maniobra para intentar una reacción potente porque las preocupaciones del pueblo se concentran en la gravedad de la crisis inflacionaria.

En otras circunstancias de la historia argentina de las últimas dos décadas, hubo momentos donde existió una predisposición generalizada de la población para respaldar acciones enérgicas del gobierno para frenar los ultrajes judiciales contra el derecho y la ética.

También existían representaciones parlamentarias, tanto del oficialismo como de la oposición, que mantenían en conjunto una base de apego a las leyes y la Constitución. Era una dirigencia política que tras el estallido económico, social y político de diciembre de 2001 había sentido la fuerzade la ira popular temblando bajo sus pies y pendiente sobre sus cabezas (valga la doble metáfora), y así aprendió que era imprescindible recomponer su vínculo con las bases sociales.

Fue dentro de ese contextoque en 2003, apenas unos días después de asumir como presidente de la Nación, Néstor Kirchner solicitó al Congreso el juicio político de la Corte Menemista de Justicia. En los meses siguientes las dos Cámaras del Parlamento se avocaron a sus respectivos roles para cumplir los pasos jurídico-institucionales necesarios a fin de llevar a cabo esa solicitud.

De manera lenta pero inexorable -el proceso duró en total cerca de dos años- aquel tribunal fue desmantelado mediante la destitución o renuncia de cinco de losnueve integrantes que el tribunal tenía entonces. (Un resumen del tema fue publicado hace nueve años por la agencia pública de noticias Télam. Nota del 20/05/2013). 

El apoyo social para que los poderes democráticos accionaran contra la corporación judicial en los primeros años del kirchnerismo, era una expresión del clima de época que vivía Argentina en los momentos posteriores al estallido de diciembre de 2001.

Los principales destinatarios de la bronca del pueblo habían sido los supermercados, saqueados por la gente más pobre y desesperada en busca de comida, y por otro lado los bancos, donde las clases medias descargaban su furiaporque el sistema financiero les había incautado sus ahorros en dólares.

Perotambién hubograndes protestas contra el aparato judicial, motivadas particularmente porla impunidad de los delincuentes económicos que habían saqueado a la Nación. Miles y miles de personas protagonizaron manifestaciones frente al llamado “Palacio de Justicia” de la ciudad de Buenos Aires para exigir la renuncia de la Corte menemista.

(Pasados veinte años de los sucesos que se produjeron a partir del 19 y 20 de diciembre, la revista digital Bordes, editada por la Universidad Nacional de José C. Paz, publicó un informe especial. Allí se incluye un texto del académico del derecho Mauro Benente, titulado “2001, pero 28 de diciembre: ‘Fuera la Corte Suprema’”. Publicado en. Artículo del 21/12/2021). 

De Alfonsín a Macri

El momento de mayor contribución del Poder Judicial al fortalecimiento de la democracia argentina fue el juzgamiento de los jerarcas de la dictadura llevado a cabo en 1985. Generalmente llamado “Juicio a las Juntas”, el histórico proceso se realizó a instancias del entonces presidente Raúl Alfonsín.

Posteriormente, bajo la presidencia de Carlos Menem iniciada en1989, la judicatura -es decirlos integrantes de unsistema judicial- fue copada en el fuero federal de la ciudad de Buenos Aires por jueces y fiscales designados por aquel gobierno.

El propósito político de las designaciones eraavalar la devastación de la Nación que seríaperpetrada mediantela privatización de empresas del Estado y del sistema jubilatorio público, y además encubrir la corrupción gubernamental y privada que surgió durante dichas privatizaciones.

En esa época se amplió por ley el número de miembros de la Corte a fin de nombrar en los nuevos cargos a jueces adictos al menemismo, y también se crearon los juzgados que funcionan en el ámbito de lo que hoy, en el argot político, se conoce como “Comodoro Py”.

Esa estructura corrompidatambién fue cuestionada socialmenteen diciembre de 2001 (dando lugar alas protestas indicadas en párrafos anteriores). La posterior renovación del máximo tribunal promovida por Kirchner a partir de 2003, solo fue una etapa de excepción dentro de un sistema judicial elitista y privilegiado, propenso a servir a los intereses de las oligarquías locales y los poderes estadounidenses.

La función antidemocrática de la corporación de jueces y fiscales en Argentina empezó a hacerse evidente durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.

Un ejemplo de ello fue el sabotaje a la llamada “ley de medios” (ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), que nunca pudo aplicarse por infinitas decisiones judiciales que avalaron al Grupo Clarín en su estrategia obstruccionista. Otro ejemplo fue el fallo de la Corte que, en 2013, fulminó inmediatamente la reforma denominada “democratización de la justicia”, impulsada por la entonces presidenta de la Nación y aprobada por el Congreso.

Se llegó finalmente a la etapa de Mauricio Macri, quien llevó a niveles extremos la destrucción del Estado de Derecho, teniendo en cuenta que era un gobierno de origen electoral. Una de sus primeras medidas fue nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz como jueces de la Corte. La alevosía del procedimiento causó rechazos aún entre sus aliados, y entonces el gobierno negoció que las designaciones serían aprobadas por el Senado con al menos dos tercios de los votos, como exige la Constitución.

Así se hizo, y en la ocasión votaron a favor la gran mayoría de los/las senadores/as peronistas. En una Cámara de 72 integrantes, apenas se opusieron 8 (ocho) kirchneristas y otros dos legisladores. (El listado completo de cómo votó cada uno/una se puede obtener en una crónica de La Izquierda Diario, publicada cuando el tribunal avanzó hacia la impunidad de los genocidas con el fallo conocido como “2 x 1”. Nota del 11/05/17). 

Posteriormente, ya afianzada en el Poder Judicial una fracción dominante con ideologías de derecha y -en la coyuntura histórica- férreamente antikirchnerista, fue ejecutado el sistema de persecución a opositores/as, con Cristina Kirchner en primer lugar, mediante el invento de causas generadas por los servicios secretos del macrismo, despliegue de un gigantesco aparato de espionaje, y encarcelamiento de decenas de dirigentes y militantes.

Quiénes apoyan a la Corte

El gobierno macrista, el sector judicial corrompido y las principales cadenas mediáticas fueron partes inseparables del régimen político que ejecutó en nuestro país el plan de alcance continental diseñado en Estados Unidos para derribar a gobiernos populares y/o perseguir a sus líderes e impedir su retorno al poder. La estrategia imperial tuvo su mayor eficacia en Brasil, donde Lula fue encarcelado y proscripto, y así se generaron las condiciones fraudulentas para el triunfo electoral de Jair Bolsonaro.

En Argentina, el Frente de Todos ganó en 2019 las elecciones presidenciales, pero siempre tuvo/tiene que enfrentar a la estructura corporativa generada a lo largo del tiempo para garantizar los intereses dominantes de aquí y del exterior. Ese esquema de poder tiene como componente imprescindible, en un lugar funcional de máxima relevancia, a la Corte Suprema de Justicia y a su actual presidente Horacio Rosatti.

Ante un gobierno debilitado por la gravedad de los problemas heredados, más la crisis generada por la pandemia, sus propios errores y el hecho de estar en minoría en las dos Cámaras del Congreso, la Corte copó el Consejo de la Magistratura. Los “supremos” tienen el apoyo explícito y descarado no solo de la derecha partidaria-institucional (Juntos por el Cambio, etc), sino especialmente de los medios hegemónicos de comunicación y de las cúpulas empresariales.

El apoyo de los jerarcas de grandes empresas incluyó, como muestra pública de la intromisión de capitalistas extranjeros en decisiones soberanas de nuestro país, una declaración que fue rubricada por AmCham -nombre de la Cámara que agrupa a compañías de Estados Unidos que tienen negocios en Argentina-. Los otros firmantes fueron el Instituto de Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) y el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. (Crónica de Infobae, nota del 13/04/22. Acerca de la institución que representa a empresas norteamericanas, en su sitiooficial de Internet pueden verse cuáles son las firmasintegrantes. Acceso a página web de AmCham). 

Rosatti fue un dirigente peronista con trayectoria muy destacada en Santa Fe, donde llegó a ser intendente de la capital de su provincia. A nivel nacional, Néstor Kirchner lo designó en su momento como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (así se llamaba el ministerio en ese tiempo). Ocupó el cargo durante un año (entre julio de 2004 e igual mes de 2005).

Más allá del acomodaticio personaje, lo más relevante son los intereses que representa actualmente. A través de él, con el sustento de los demás poderes de facto locales y extranjeros, la corporación judicial acorrala a la democracia.

29/07/2016

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