Si algo le faltaba al país era una nueva grieta que divida de manera transversal a la sociedad y a las fuerzas políticas. Se trata de la conformación de un debate entre ambiente y desarrollo, una construcción que genera una división de posturas canalizadas por los denominados ambientalistas versus desarrollistas. Este clivaje comenzó con el proyecto de las granjas porcinas en 2020 y siguió con la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego. Hoy tiene su epicentro en Chubut donde se dio marcha atrás a la zonificación minera a partir de masivas movilizaciones y violentos conflictos, y por otro lado, una emergente movilización social contra la resolución del gobierno nacional que habilita la exploración de hidrocarburos en el Mar Argentino.

En ese sentido, recientemente un colectivo heterogéneo de personalidades, referentes de la cultura y ONGs de diverso origen denominado #Mirá, lanzó un documento de rechazo a la exploración petrolera en mar argentino en el que afirman que “no hay licencia social para un negocio destructivo más”. Según el economista Claudio Scaletta estamos ante la formación de “una alianza antiexportadora que, con la excusa de un falso ambientalismo, persigue lisa y llanamente la prohibición de las principales actividades productivas con orientación al comercio exterior”¹. Siguiendo con el autor “se trata de una nueva hegemonía neoliberal que, al neoliberalismo tradicional, suma al grueso de la izquierda, otrora marxista, y a buena parte de ese heterogéneo colectivo de sectores medios urbanos denominado “progresismo”.

La instalación creciente de este consenso se sostiene sobre una falsa dicotomía. La demanda ambiental no puede escindirse del contexto histórico ni de otras variables urgentes, y correr el riesgo de que sea canalizada por grupos reaccionarios. Argentina no representa ni el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. En este marco cabe preguntarse si es factible adoptar la agenda de los países desarrollados quienes son los responsables del cambio climático. Estos son los que deberían aplicar las medidas urgentes que impone la emergencia climática. Se torna bastante extravagante incorporar premisas decrecionistas de otras latitudes en un país empobrecido y sometido por la deuda.

La denominada economía verde se plantea desde los países centrales como un nuevo negocio donde colocar los capitales. Mientras tanto son ellos quienes tienen los recursos y pueden invertir en la infraestructura necesaria para hacer la transición energética, lo que profundizará la desigualdad con los países periféricos. Como señala el economista Eduardo Crespo “si Argentina quiere ser parte de la transición hacia una economía más descarbonizada, ¿por qué se oponen de manera fundamentalista a emprendimientos mineros ligados al cobre, el litio o la plata, que son esenciales en dicha transición?”². En este contexto el país no debería dejar de valorizar sus recursos como el agro, la minería metalífera y los hidrocarburos de Vaca Muerta que son fuentes potenciales de miles de millones de dólares. Existe una ilusión de prescindir de la producción olvidando el aspecto material de determinados consumos y modos de vida que está relacionada con la imaginación de la cultura del capital financiero, como así también del lugar que ocupan las personas que despliegan esas ideas en la división social del trabajo, ocupaciones alejadas de los procesos productivos de los bienes materiales. Y vale la pena recordar que un hecho significativo de la consolidación del capitalismo financiero especulativo a nivel mundial fue el triunfo de Margaret Thatcher sobre las huelgas de los mineros en el Reino Unido.

García Linera plantea que detrás del criticismo extractivista en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas, se halla la sombra de la restauración conservadora³. En primer lugar se deberían satisfacer las necesidades urgentes de la población y gradualmente, ya que son procesos de larga duración, lograr la reconversión productiva hacia una matriz con menor impacto ambiental y que democratice el funcionamiento de la economía. Pero para ello se necesitan enormes recursos económicos y humanos. El punto en este momento no debería ser la prohibición de actividades sino hacia dónde dirigir el excedente generado y aquí entra también la necesaria voluntad política de investigar a dónde fue cada dólar prestado por el FMI⁴. La base de sustentación de un gobierno nacional y popular está dada por el manejo de la economía generando condiciones dignas de vida de la mayoría de la población, ya que sin ello se erosiona cualquier legitimidad, y se habilitan los discursos de la antipolítica y su correlato en construcciones políticas neofacistas.

La construcción de esta grieta podría encuadrarse como una nueva zoncera. Según Arturo Jauretche las zonceras consisten en "principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia con la apariencia de axiomas, para impedir pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido". La fuerza de las zonceras no está en la argumentación, sino que funcionan como principios respaldados por la autoridad simbólica de quien las enuncia, y su eficacia depende de que no haya discusión. Se largan frases resonantes con facilidad de replicación en las redes sociales que anulan la capacidad de establecer un debate racional con datos que tomen en cuenta la situación concreta del país, su historia reciente y su ubicación en la división internacional del trabajo en la globalización capitalista. Cómo puede, por ejemplo, instalarse la idea de que se puede salir de la pobreza y hacer la transición energética sin crecer, prescindiendo de la producción o adoptando incluso ideas decrecionistas. O de otro modo, deberían hacer explícito la idea de cambiar radicalmente el modo de vida, producción y consumo en su conjunto, algo que no solo llevaría a conflictos sociales en el corto plazo, sino que un solo país de forma aislada no puede llevarlo adelante. Retomando a García Linera:

“Ninguna revolución contemporánea ha podido romper la división mundial del trabajo, ni lo podrá hacer hasta que no haya una masa social políticamente en movimiento, lo suficientemente extendida territorialmente (global) y técnicamente sostenible, que modifique la correlación de las fuerzas geopolíticas del mundo. (…) Como toda emancipación, la del extractivismo tiene que partir precisamente de él, de lo que como forma técnica ha hecho de la sociedad”.

Las diferentes temporalidades

El país está hoy como nunca asediado por el corto plazo. Tiene una colosal deuda externa y el 40% de su población en la pobreza, luego de atravesar el shock económico y sanitario. Lo básico sería generar exportaciones que fortalezcan la posición del Estado para dinamizar la economía y crear trabajo digno. De hecho cuando la economía argentina crece demanda más importaciones y eso se traduce en la necesidad de divisas. La magnitud de la crisis impone que la temporalidad del corto plazo sea un fundamento del largo plazo. En ese sentido, la posibilidad de la diversificación productiva a futuro viene de la mano de la estabilidad económico y política en el corto plazo ya que se hace difícil pensar en implementar transformaciones sin la construcción de poder. En otras palabras, para salir del extractivismo en un proceso de largo plazo es necesario que en el corto plazo se resuelvan las demandas urgentes de la población, se garantice legitimidad social y se fortalezca la posición del Estado a fin de evitar la restauración conservadora porque en el medio del proceso se debe contener a las minorías poderosas que siempre intentan sabotear las reformas profundas.

Históricamente los países desarrollados tendieron a inhibir la realización del potencial desarrollo de los países periféricos para que no se alteren las relaciones de fuerza. Además de contar con instituciones supranacionales que garantizan dicho orden tal como el FMI, despliegan en la cultura la construcción de sentido. Es por ello que un Estado con autonomía, altas capacidades y que implemente un fuerte impulso es condición para salir del subdesarrollo y “transformar la fuerza en potencia en fuerza en acto”, como señala Marcelo Gullo, en “Insubordinación y desarrollo”. Para este fin es imprescindible la voluntad de la elite dirigente y la movilización de la población, es decir la construcción de una hegemonía que es la capacidad del Estado de trascender la disputa de las facciones sociales para implementar un proyecto de país sostenido.