Cuando un dirigente importante de la política necesita pasar desapercibido echa mano de los eufemismos y santo remedio. El problema es cuando en la misma conferencia de prensa necesita esquivar varios requerimientos periodísticos. No todos están en condiciones de “declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión, que les permita hallar un marco previo, que garantice unas premisas mínimas, que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte”.

Le pasó al vice gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, esta semana. En ocasión de participar de una manifestación pública promovida por el diputado del Movimiento Libres del Sur, Jesús Escobar, para pedir por un precio diferencial de la tarifa de gas para la Patagonia; el mandatario fue requerido por los periodistas apostados en las escalinatas de la Legislatura.

Los incidentes que derivaron en el balazo al delegado de UPCN, el bochornoso episodio que pone en riesgo de juicio político al juez Marcelo Muñoz, los posibles cambios en el gabinete y la posición con respecto a las tarifas de los servicios públicos del gobernador Omar Gutiérrez; fueron balas de metralla para Figueroa, que llegó decidido a no ocupar el centro de la escena de la mencionada actividad, aún a riesgo de no dejarle ningún título de importancia a los periodistas.

Así, no dudó en reiterar que “están activados los mecanismos” tanto para el juicio político al magistrado rebelde, como para transitar una investigación judicial transparente en el caso de la bala policial, y hasta para discutir “puertas adentro· del gobierno” la posibilidad de cambios en los ministerios.

En el cenit de su apetencia conciliadora, le endilgó al ministro de Energía de la provincia, Alejandro Nicola, que defendió el precio diferencial en la Audiencia Pública, cuando en realidad éste dedicó casi todo su tiempo a sostener las bondades gasíferas de nuestra cuenca y la necesidad legítima de obtener un precio justo por el gas extraído en la boca del pozo.

Donde no se activaron los mecanismos fue en las comisiones, al menos no esta semana. Las razones son sencillas de entender, al menos para el observador asiduo de la labor parlamentaria.

El proyecto de ley que pretende crear el cargo de Defensor del Pueblo de la provincia para cumplir con una manda constitucional que ya tiene diez años, se encuentra trabada y derivó en varios enojos.

El oficialismo eligió buscar acuerdos en dos sectores. El primero de ellos con el grupo al que pertenece el autor de una de las normas; Gabriel “Tom” Romero, que llevaba consigo una posición común al interbloque de Cambiemos. El otro grupo es el autodenominado “los tres mosqueteros”, los tres bloques unipersonales de las fuerzas políticas aliadas al oficialismo, Francisco Rols, Carlos Sánchez y Sergio Gallia, que llegaron a sus bancas a través de la ingeniería electoral de las listas colectoras.

Las dos negociaciones fracasaron estrepitosamente, ya que lo que comenzó siendo un tránsito tranquilo, trocó en contradicciones insalvables. A juzgar por la cantidad de minutos empleados en discutir cada punto de discordia, la cuestión de la cantidad de defensores adjuntos que acompañarían al defensor del pueblo fue el tema que cortó las líneas telefónicas entre los interlocutores.

El oficialismo inició los intercambios dialécticos ofreciendo uno y luego de todas las devoluciones se trajo la solicitud de hasta cuatro. Demasiado para los oídos del gobernador, que acaso tomará la última decisión y que habría amenazado con hacer huevo en la generala de los acompañantes; y para la de su ex compañero de fórmula, de cuyo presupuesto saldrá el funcionamiento de la nueva oficina.

El cortocircuito quedó en evidencia el pasado martes, cuando a duras penas la comisión de asuntos constitucionales logró dar quórum, tras las repentinas ausencias de Rols, Sánchez y Gallia (éste último avisó que intervenían quirúrgicamente a su hijo), los aliados del bloque del Movimiento Popular Neuquino. Tampoco fue Gabriel Romero, quien no integra la comisión pero concurre a discutir este tema en particular, en tanto es autor de una de las iniciativas.

Sin posibilidad de emitir despacho y bajo la amenaza latente de congelar la situación, al oficialismo le salió “el tiro del final”, contradiciendo al tango. De la boca de Raúl Podestá, diputado del Frente Grande, salió una propuesta consistente en reunir a los señores diputados en un cónclave político, fuera de las formalidades de las actas escritas por el personal de la Cámara, para buscar un último consenso.

Así fue y el jueves al mediodía, los representantes de todos los bloques de la Cámara intercambiaron pareceres a puertas cerradas. El oficialismo salió de la reunión con tarea para el hogar y es de esperar que durante las primeras horas laborales de la semana que inicia, reparta novedades por los despachos.

Si los acuerdos prosperan –en lenguaje de entrecasa, si el gobierno cede algo- mejorará la voluntad de varios contertulios. Caso contrario no habrá posibilidades de exhibirle a la comunidad otro logro del esfuerzo de trabajar “juntos”.

Y como este gobierno no es uno de esos que acepte con facilidad un fracaso, las chances de llegar a buen puerto aumentan, aunque esto signifique crear un área tan chica y con tan poca afectación presupuestaria que su importancia final sea exigua; y sirva cuanto mucho y cuanto menos para una buena publicidad.