Probablemente nadie sepa con exactitud en qué momento se va a firmar el pre-acuerdo entre el gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por supuesto que quienes forman parte de las negociaciones, tanto de un lado como del otro, tienen conocimientos e informaciones que solo se manejan dentro de ciertos círculos pero el conjunto de la sociedad ignora -ignoramos-, y sin embargo no podría descartarse que incluso en esos ambientes muy selectos tampoco se sepa exactamente el “cuándo” de dicho pre-acuerdo.

(El viernes la propia institución financiera informó en su página web oficial que “hubo avances técnicos entre la delegación argentina y el equipo técnico del FMI” que se reunieron durante cinco días en Washington. Comunicado del 10/10/21). 

Cuando el pre-acuerdofinalmente ocurra, ya sea dentro de días, semanas o más avanzado el verano, será sometido a consideración del Congreso a través del proyecto de ley que anticipó el presidente Alberto Fernández y que, según dijo, se denominará “Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable”.

Así, la sociedadargentina podrá conocer las discusiones públicas sobrelos condicionamientos que le esperan al gobierno en particular, pero en general a la Nación y al pueblo, para desenvolverse en el futuro de corto, mediano y largo plazo.

La deuda con el FMI es la más tremenda y pesada carga que le/nos dejó a los/las argentinos/as el régimen que encabezó Mauricio Macri. Es el más terrible y persistente viento en contra que complica cualquier intento por avanzar en una dirección favorable a los derechos y necesidades de las mayorías nacionales.

No es el único viento en contra, obviamente. La herencia del macrismo fue devastadora en cualquiera de los asuntos que puedan examinarse desde el interés colectivo o desde el legítimo interés individual/familiar de las personas comunes del pueblo. Y después vino la pandemia del Covid.

Pero más allá de todos los demás problemas, el endeudamiento con el Fondo Monetario tiene una gravedad sobre-determinante para la economía y la sociedad. Como demostración de ello, el tema estuvo presente de forma destacada en los discursos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del presidente Alberto Fernández en el multitudinario acto de este viernes en plaza de Mayo, al celebrarse los 38 años de democracia y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Reivindicación de la historia reciente

La propia decisión de convocar a la movilización el 10 de diciembre, en el lugar público más emblemático de la política argentina, constituyó una forma del relanzamiento del Frente de Todos para encarar los dos años pendientes de su gestión con la mayor fortaleza posible, y a la vez tratar de llegar a la votación de 2023 con chances de retener la mayoría electoral conquistada en 2019 pero que se perdió en los recientes comicios legislativos.

Una decisión adicional fue la de invitar a que participaran del acto los ex presidentes de Brasil y de Uruguay, Lula Da Silva y José “Pepe” Mujica, ambos líderes vigentes en sus países, con gran popularidad en el nuestro y con trascendencia internacional. Y el brasileño, además, depositario de grandes esperanzas para derrotar al ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 (primera vuelta el 2 de octubre, eventual segunda vuelta el 30 del mismo mes).

El tono de la convocatoria, la emblemática presencia de Lula y Mujica, los discursos -particularmente el de la vicepresidenta argentina, y también el del presidente-, todo contribuyó a evocar la etapa de la historia reciente en la cual la mayor parte de Suramérica estuvo gobernada por fuerzas y líderes políticos que lograron grandes avances para los derechos de los pueblos, la soberanía nacional y la autonomía política de la región frente a la dominación de Estados Unidos.

A tal acción -de aquellos gobiernos- sucedió la reacción, que fue bien marcada en la palabra de la oradora/los oradores. Especialmente Cristina, y también Lula, hicieron hincapié en que los gobiernos populares fueron atacados, y sus líderes perseguidos, no mediante la tradicional forma de los golpes de Estado basados en la violencia física militar, sino a través de la violencia jurídica, mediática y económica. (Esta modalidad antidemocrática tuvo su más elocuente manifestación en la persona del propio ex presidente de Brasil, quien fue encarcelado y proscripto).

Reivindicar la trascendencia de aquellos procesos populares y soberanistas; recordar cómo fueron combatidos por los poderes reaccionarios de cada país que ejecutaron, a su vez, la estrategia estadounidense; narrar el bienestar perdido por los pueblos durante los regímenes de derecha que los reemplazaron -casos Macri y Bolsonaro, por citar los más obvios-; son partes constitutivas necesarias en el actual contexto argentino y suramericano.

De todos modos, el momento histórico es muy diferente por el propio paso del tiempo y por dinamismo de las sociedades y de las disputas de poder. Además de todos los sucesos políticos transcurridos en el último lustro (hace pocos más de cinco años que Dilma Rousseff fue derrocada en Brasil y hace solo seis que Cristina Kirchner terminó su mandado presidencial), en los últimos -casi- dos años la pandemia del Covid modificó la vida humana, incluida la política en cada país.

Teniendo en cuenta lo vertiginoso y profundo de los cambios, el bienio gubernamental entrante requiere no solo la reivindicación de ese pasado venturoso ni tampoco únicamente las convocatorias para un futuro mejor, sino decisiones de gobierno lo más prontas y concretas que fuera posible, siempre a favor del interés popular. (Es fácil de decir, o de escribirlo en una columna de opinión como esta, pero muy distinto es llevarlo a los hechos).

Condicionamientos múltiples

El presidente Fernández y el conjunto de la coalición gobernante tienen todos los vientos en contra para la etapa que está empezando. Lo más grave, como ya se mencionó, son los condicionamientos que genera la deuda con el FMI.

Otro factor que condiciona negativamente cualquier estrategia económica, solo ha sido aludido públicamente en varias ocasiones por la vicepresidenta Fernández de Kirchner pero no hay ningún debate público al respecto: se trata de lo que ella denomina “la economía bimonetaria”, es decir la utilización del dólar -en lugar del peso argentino- para realizar cierto tipo de transacciones, planificar la actividad empresarial, o tomar decisiones de inversión por parte del sector privado e incluso también de muchas familias que tienen determinada capacidad de consumo y de gasto.

Cristina volvió a referirse a ese asunto en su discurso del viernes, como lo había hecho a través de las “cartas” con las que suele comunicar sus posicionamientos y opiniones. Sin embargo, es la única referente política que trata de instalar la discusión sobre el tema, e incluso propuso explícitamente al jefe del Estado, cuando hablaba en la plaza ante la multitud, que convoque “a un gran acuerdo nacional” para resolver ese “problema estructural”. (Detalles, en la crónica del diario BAE-Negocios, nota del 10/10/21). 

Por otra parte, en la etapa de los dos próximos años el Frente de Todos seguirá afectado, como siempre, por las cadenas mediáticas dominantes que practican el sabotaje y la desestabilización permanentes. Pero además encontrará obstáculos mayores a los que tuvo hasta ahora en los ámbitos del Estado donde creció el poder de la derecha y la ultraderecha.

En el Congreso, como se sabe, el oficialismo ya que no tendrá mayoría propia en ninguna de las dos cámaras. Y en el Poder Judicial, cuya fracción dominante lleva adelante con toda impunidad un corporativismo antidemocrático, la ofensiva para debilitar al gobierno puede tornarse más agresiva.

Respecto de esto último, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, mantuvo la semana pasada una reunión pública y oficial con la Corte Suprema de Justicia. El contenido de la conversación, al menos hasta donde se sabe por lo que declaró posteriormente el funcionario nacional, es una rotunda novedad por la manera en que el Poder Ejecutivo plantea sus relaciones con el tribunal y con el conjunto de la judicatura.

Según lo manifestado por el integrante del gabinete, les habló claramente a los cuatro jueces supremos de la “crisis de legitimidad” que afecta al sistema de administración de justicia, y les dijo muchas cosas más en la cara. (La información brindada por el ministro puede recuperarse, por ejemplo, en una entrevista radial con la emisora FutuRock. Nota del 08/12/21). 

De cierta forma, el posicionamiento público que exhibió Soria puede interpretarse también como parte de un relanzamiento de la gestión oficial, porque demostró una gestualidad política y una retórica muy diferentes de las mantenidas en los primeros dos años frente a la corporación judicial. Habrá que ver si a estos gestos y declaraciones le siguen iniciativas o acciones que retomen la idea de llevar a cabo algún tipo de reforma en ese ámbito.

Los condicionamientos para seguir gobernando son múltiples, el consenso político y social hacia el oficialismo es mucho menor al que había cuando empezó su mandato -como mostraron los resultados electorales-, y tanto los poderes de facto como sus aliados de la oposición político-institucional están al acecho. La disputa continúa.