En el Congreso está la llave para que la industria editorial argentina recupere, aun en parte, el prestigio de mediados del siglo pasado. La senadora Cristina del Carmen López Valverde, del Frente de Todos por la provincia de San Juan, presentó la semana pasada un proyecto de ley de creación del Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA) que incorpora esta vez a autores, traductores y a quienes desempeñan los diferentes oficios en la producción editorial -diseño gráfico, correctores, ilustradores, diagramadores, libreros-.

El Instituto, que tiene como modelos los creados para la música (INAMU); el cine y las artes audiovisuales (INCAA) y el teatro (INT), será “una herramienta para generar políticas públicas, más que una política pública en sí misma”, dijo Marcelo Guerrieri, presidente de la Unión de Escritores y Escritoras. Añadió que los aportes de la entidad permitieron corregir falencias del proyecto anterior presentado por Daniel Filmus y que perdió estado parlamentario en diciembre de 2020. En esa iniciativa no había, prácticamente, un rol definido para autores ni traductores y en el texto actual se definió la “creación y actividad autoral” como fundamentales en la industria del libro. (ver enlace)

Guerrieri subrayó que esos conceptos implican un “cambio fundamental” respecto de la iniciativa anterior, pensada desde el punto de vista de los empresarios editoriales. En cambio, en la actual propuesta, los autores y los editores tendrán la misma representación en el Comité Representativo, organismo de conducción del INLA: dos miembros cada sector. En esa instancia de conducción habrá también un sillón para el Consejo Interuniversitario Nacional, y otros seis para las representaciones regionales.

Los representantes de la industria editorial provendrán probablemente de alguna de las cámaras que los agrupan -la de Publicaciones o la Argentina del Libro-. En el caso de los autores, Guerrieri dijo que una posibilidad es que se realice un padrón con quienes hayan publicado libros registrados en el ISBN -el código numeral que identifica a la publicación-. Habrá que consultar la opinión de las otras organizaciones representativas de autores y autoras -la vetusta Sociedad Argentina de Escritores, SADE, y la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, SEA.

Cada sector, añadió el titular de la Unión de Escritores y Escritoras, elegirá su representación “democráticamente, según sus bases, sean editores, libreros o autores”.

El componente “federal” de la iniciativa se articula en dos ejes: en primer lugar la integración de un representante, en el consejo por cada una de las regiones culturales -en el país son seis: NOA; NEA; Cuyo; AMBA; Buenos Aires-Centro y Patagonia- y en la asamblea federal que se constituirá con el presidente del INLA, representantes de las carteras de Cultura y de Educación de la Nación y de la Cancillería, y los titulares del área de cultura de las provincias. En este ámbito se designará a los coordinadores regionales que irán a las reuniones del Comité Representativo.

Con las modificaciones incorporadas, luego de las discusiones realizadas por sectores y, con la concepción de la traducción como actividad autoral, se llena un vacío que dejaba a traductores y traductoras libradas a los vaivenes del mercado. De esta forma, se resguarda una profesión que en la Argentina tiene prestigio y que en las décadas recientes se resintió con la caída de la industria editorial en el país.

Además de los reordenamientos en la estructura que se introdujeron al proyecto de Filmus que se utilizó como modelo con el fin de hacerla “lo menos burocrática posible”, se fijó un presupuesto base para el funcionamiento institucional. Se asignará un equivalente al dos por ciento del presupuesto anual general del ministerio de Cultura de la Nación que, para el ejercicio 2021 fijó una partida global de 78.821 millones de pesos. Si el INLA ya funcionara, dispondría para este año de alrededor de 158 millones de pesos. También se prevén ingresos complementarios -donaciones, contribuciones y subsidios; aportes provinciales; recursos por convenios, y otros (artículo 14).

Guerrieri consideró importante la fijación de un punto de partida presupuestario para el funcionamiento del instituto, y señaló que cuando empiece a funcionar se discutirá la búsqueda de fuentes complementarias de financiación.

El artículo 12 del proyecto de ley define al libro argentino como el registrado con un número de ISBN nacional; que se distribuye dentro del territorio de la República sin publicidad comercial; que se verifique que el autor, traductor, diagramador, ilustrador e impresor sea nacional.

El INLA será conducido por un directorio, cuyos presidente y vice serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional con un mandato por cuatro años. El directorio presidirá las reuniones del Consejo Representativo, integrado con dos miembros por las cámaras empresarias; dos por los autores; uno por los libreros y uno por los traductores.

El proyecto prevé también la creación del Fondo Nacional para el Fomento del Libro Argentino, que se destinará exclusivamente para conceder créditos y/o subsidios para la producción intelectual, la edición, traducción y comercialización de libros argentinos en el país y en el exterior; la realización de ferias o muestras nacionales e internacionales; el fomento de las librerías que estimulen la promoción del libro y la lectura, priorizando a aquellas que promuevan la diversidad editorial y temática; el apoyo y desarrollo de actividades y proyectos dedicados a la promoción de la lectura y programas de fomento a la producción autoral a través del otorgamiento de becas a la creación y/o líneas de apoyo a escritores, “los que insumirán no menos del cuarenta por ciento (40 por ciento) de su presupuesto anual”, según el artículo séptimo (ver enlace)

Para la Unión de Escritoras y Escritores, creada en 2017 y con ramificaciones en varias provincias del país, este proyecto es “una versión mejorada” que contempla “las necesidades de la industria editorial y de las escritoras y escritores”. De esta manera, para el presidente de la entidad logrará que los autores no sean considerados “el último eslabón en la cadena de pagos”.

Ocurre que por lo general, cuando se habla de libro en términos de mercado, se elude mencionar a los escritores y las escritoras como originantes de la obra literaria. Pareciera que el libro surge como generación espontánea. Esto implica también discutir la situación de los derechos de autor, su liquidación y pago, más allá de las compensaciones que suelen realizarse con porcentajes de la tirada. En ese mismo orden, están los honorarios debidos a las otras profesiones y oficios de la industria editorial: traductores; diseñadores gráficos; correctores; agentes de prensa; agentes literarios; ilustradores; lectores y editores.

El año pasado, el 17 por ciento de los 27.600 títulos nuevos publicados en el país fueron publicados por “autoedición” y representaron el 4 por ciento de la tirada total de ejemplares editados en ese período -fueron un total de 26 millones de copias en todo el país-. Esos libros están identificados con el ISBN y son producto del esfuerzo de los autores, sin intervención -al menos nada más que nominal- de sellos editoriales, según el Informe de producción del libro argentino, editado por la Agencia ISBN de la Cámara Argentina del Libro en 2020. Es algo que ocurre en gran parte de los casos, especialmente cuando se trata de primeras ediciones y en la mayoría de los autores y autoras de poesía.

Otro tema crítico es la circulación de los libros de edición argentina en el país, que reproduce el esquema de embudo de la red ferroviaria: la producción editorial de Buenos Aires o algún otro centro urbano llega a las provincias, sin reciprocidad. Pocas editoriales provinciales -estatales o privadas- llegan a la metrópoli, salvo en ferias o acontecimientos especiales o con esfuerzos colectivos como es el caso de La Coop, que nuclea sellos independientes de todo el país. Y tampoco se registra la circulación transversal entre provincias, fuera de los centros.

Otra cuestión es el precio de tapa de los libros y su relación con los costos de transporte de los ejemplares hasta los puntos de venta. Los libreros de provincias que no integran ninguna de las cadenas de librerías pertenecientes a alguna de las grandes empresas editoriales o de distribución, consideran un desmedro la incidencia de los fletes en sus costos operativos. En esto coinciden con los propietarios de las pequeñas y medianas editoriales.

La falta de políticas públicas definidas en defensa de la edición del libro argentino, de sus autoras y autores y de la industria editorial en general resulta significativa al compararla con España, un país que despliega una agresiva acción en este campo. A tal punto que el libro y la prensa, que emplean unos 50 mil trabajadores, representan el uno por ciento del producto bruto español -que totalizaba en 2020 unos 1.121.948 mil millones de euros-, y participan del 34 por ciento del total de la actividad cultural en ese país. En la Argentina las cámaras empresarias no disponen de datos en sus sitios web, y el ministerio de Cultura mantiene en línea el estudio de industrias culturales realizado durante la ruinosa gestión de Pablo Avelluto.

Marcelo Guerrieri (Lomas de Zamora, 1973). Escritor, profesor en antropología por la Universidad de Buenos Aires y docente de Taller de Escritura de la Licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Publicó el libro de cuentos Árboles de tronco rojo(2012), El ciclista serial (2005; Premio Nueva Narrativa Sudaca Border), Detective bonaerense(blognovela, 2006) y varios cuentos en antologías, por ejemplo en Bajo sospecha(2015), una antología policial del programa Libros y Casas del Ministerio de Cultura de Nación; Ocho y ocho (2014); Doce rounds(2012) y en revistas literarias (Revista de la Biblioteca Nacional, No Retornable, Carapachay, entre otras). En 2017 publicó Farmaciay este año, Con esta luna.

Obtuvo varios premios por su obra. Coordina talleres literarios en centros culturales de la ciudad de Buenos Aires, tarea que desarrolló, también, entre 2006 y 2008 en Uppsala (Suecia) y en Barcelona (España).