La semana pasada se dieron a conocer informaciones oficiales acerca de las actuaciones judiciales relacionadas con el asesinato del joven mapuche Elías Garay (de 29 años), perpetrado el domingo 21 de este mes por dos civiles armados que le dispararon en Cuesta del Ternero, cerca de la ciudad rionegrina de El Bolsón y donde la comunidad originaria Quemquemtreu sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral.

En el hecho también fue atacado Gonzalo Cabrera (26 años), quien se encontraba con Elías en ese momento y resultó herido gravemente al recibir dos balazos en la zona abdominal.

Desde el punto de vista de la búsqueda de justicia, en el sentido de la reparación jurídica y moral que implica identificar, juzgar y condenar a los responsables, cabe aguardar y reclamar la continuidad de la investigación y de todo el proceso penal correspondiente hasta el castigo a los culpables.

Pero los antecedentes desalientan toda confianza en el sistema de seguridad y judicial que tiene las funciones y responsabilidades para ello. Cientos de hechos ocurridos en el país a lo largo de los años, más aún si estuvieron implicados miembros de fuerzas policiales, terminaron en la impunidad de los asesinos o en la infinita demora y paralización de las investigaciones.

Por fuera de lo que ocurra en cuanto al esclarecimiento del homicidio y eventual condena de los autores, el asesinato del joven mapuche tuvo una escasa repercusión política y una solidaridad apenas mínima desde el resto de la población hacia la víctima, su familia y la comunidad originaria a la cual pertenecía. Eso es indicativo del estado actual de la sociedad, del clima social de ideas y sentimientos que predominan en este momento.

Acerca de por qué ciertos crímenes causan mayor repercusión mientras que otros provocan menos o ninguna, es un asunto a evaluar en cada caso y quizás muy difícil de desentrañar. No obstante, se pueden observar algunos datos de la realidad que sirvan como pistas para tratar de reflexionar al respecto.

Un factor básico es la llamada “ideología dominante”, que se conforma a lo largo de los procesos históricos y en gran medida tiene perdurabilidad y permanencia, pero al mismo tiempo posee un dinamismo que puede generar rápidas modificaciones tal vez imperceptibles. Esa ideología, inducida desde los poderes dominantes, determina los modos de pensar, discursos y prácticas de grupos sociales amplios, eventualmente mayoritarios.

A su vez, factores de poder como los medios de comunicación más influyentes en la conformación de la opinión pública, reproducen y refuerzan permanentemente esos rasgos ideológicos. 

En el caso de las demandas de comunidades mapuches, el programa televisivo de Jorge Lanata perpetró hace pocas semanas el más explícito hecho de violencia mediática para generar un ánimo social de odio contra ese pueblo originario, a través de su infamia titulada “Indios al ataque” que la cadena Clarín emitió el 24 de octubre. (El sitio de información alternativa “ANRed - Agencia de Noticias RedAcción” informó críticamente sobre el tema y ofreció el video completo del programa, todo bajo un título esclarecedor: “El atentado periodístico de Lanata contra los pueblos que defienden su territorio ancestral”. Nota del 25/10/21). 

Porteño-centrismo comunicacional e intereses espurios

Otro factor determinante, que en sí mismo se convierte a la vez en causa y efecto de la ideología dominante, es el centralismo comunicacional que sufre Argentina, que es paralelo al centralismo o porteño-centrismo de los poderes económicos y políticos.

Dentro de ese contexto, los asuntos que interesan a la capital federal y en parte, además, a ciertos sectores de la región que en términos sociológicos se denomina Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ocupan un lugar excluyente del inmenso pluralismo federal, social, étnico, económico, cultural, territorial, urbanístico, etc. que conforman a la Argentina como país.

Así, lo que sucede en Buenos Aires se divulga a todo el territorio nacional y penetra en la subjetividad de la población de cualquier lugar, sobre todo si hay factores de poder decididos a que ocurra de esa manera para defender sus intereses espurios.

Esa secuencia de causas y efectos se verificó plenamente tras un crimen perpetrado poco antes de las recientes elecciones legislativas en la localidad de Ramos Mejía, la cual se encuentra en jurisdicción del municipio de La Matanza. La víctima fue Roberto Sabo, un kiosquero asesinado a tiros cuando un hombre de 29 años y una adolescente de 15 lo asaltaron mientras atendía su pequeño comercio.

En esa ocasión, la gravedad del hecho y la conmoción que produjo lo convirtieron en un tema de la agenda periodística de los medios porteños centralistas. A su vez, en un sistema mediático mercantilizado -donde la casi totalidad de los medios más influyentes son empresas privadas que buscan el lucro a través de la rentabilidad publicitaria- el crimen resultó, como tantos hechos trágicos, un generador de mayores audiencias (mayor “rating”) y por lo tanto de conveniencia comercial para esos medios.

Pero además, la cadena comunicacional que reproduce la ideología dominante tuvo motivaciones político-electorales para potenciar la difusión del asesinato porque ocurrió en La Matanza, un lugar-emblema del odio de las derechas: el municipio está gobernado por el peronismo desde 1983 y el actual oficialismo nacional tiene allí un apoyo popular hasta ahora imbatible.

De ese modo, a partir de un crimen terrible, la concatenación entre la ideología dominante, el porteño-centrismo comunicacional, la conveniencia comercial de los medios más poderosos y además su interés por perjudicar al Frente de Todos en la elección que se realizaría pocos días más tarde, determinaron que “el asesinato del kiosquero” fuera un tema del que habló todo el país al menos durante esa semana.

Al día siguiente de la elección, el periodista y agitador ideológico de derecha Jonatan Viale exhibió impunemente la utilización política del homicidio de Roberto Sabo. Lo hizo al expresarle en forma de recriminación al diputado electo Diego Santilli que su lista había perdido en La Matanza, a pesar de la difusión que, por ejemplo desde el canal de noticias donde se desempeña el referido comunicador (el canal La Nación +), habían dado al asesinato.

“Estuvimos dos semanas hablando acá del homicidio del kiosquero y (no obstante ello) ganó el kirchnerismo”, le reprochó Viale con visible molestia a Santilli. (Los detalles y un breve video del momento televisivo pueden recuperarse en el portal La Política Online, nota del 16/11/21). 

El chico jugador de fútbol

También durante noviembre, el día 17 fue asesinado en el barrio porteño de Barracas el chico Lucas González, de 18 años. Los autores fueron integrantes de la Policía de la Ciudad, como se denomina oficialmente la repartición armada que depende del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA).

La víctima, jugador de fútbol en el club Barracas Central, viajaba en un auto junto con tres amigos luego de un entrenamiento. Desde otro vehículo, que no estaba identificado como móvil policial ni tampoco sus tres ocupantes iban uniformados, les dispararon a los jóvenes y así Lucas recibió dos tiros en la cabeza que le provocaron la muerte horas después.

El hecho le otorgó difusión pública al funcionamiento oculto de las llamadas “brigadas” policiales, que supuestamente actúan sin identificarse porque se dedican a la investigación de delitos y por ello deben trabajar en secreto. Pero en realidad es habitual que su verdadera función sea “recaudar” ilegalmente para la propia fuerza, fundamentalmente mediante “extorsiones”, según vienen denunciando desde hace décadas familias que han sido víctimas en casi todo el país y militantes de diversas organizaciones populares. (Algunos detalles y consideraciones al respecto pueden leerse en un reporte de este fin de semana de la agencia de noticias Télam, nota del 27/11/21). 

Al principio, los medios que reproducen la ideología dominante intentaron ocultar el asesinato del chico González y/o, peor aún, lo presentaron como una respuesta policial a “delincuentes”. El diario Clarín, por ejemplo, en la primera información sobre el tema puso como título “Inseguridad – Persecución y tiroteo en Barracas: un ladrón fue baleado en la cabeza”. (La noticia fue eliminada de las búsquedas en Internet. Lo esencial de su contenido puede recuperarse en una referencia con críticas al título que hizo el portal Data Diario. Nota del 19/11/21). 

Quizás porque en este caso el homicidio provocó mayor empatía social por tratarse de un joven -apenas saliendo de la adolescencia- que quería desarrollarse profesionalmente como jugador de fútbol, las criminales mentiras policiales y comunicacionales fueron desbaratadas al menos parcialmente. La información principal sobre el tema se difundió de modo generalizado en los medios porteños, que como se indicó anteriormente, tienen penetración en todo el país.

Lo que persiste es el encubrimiento mediático a los responsables políticos de la Policía de la Ciudad, en primer lugar el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Ante cada uno de los tres crímenes mencionados en esta columna de opinión, la repercusión política y social ha sido muy diferente. El asesinato de Elías Garay deja a la vista, una vez más, la discriminación y el estigma que pesan sobre el pueblo mapuche, aun cuando alguno/a de sus integrantes es víctima de la violencia más extrema.

Los modos en que las autoridades públicas, otras expresiones de poder y el conjunto de la sociedad reaccionan frente a hechos criminales están influidos por diferentes factores, entre ellos las concepciones ideológicas que predominan en determinado momento histórico. Concepciones que son reproducidas y potenciadas por una estructura mediática que, además, en Argentina es absolutamente centralista y anti-federal.