La clase capitalista argentina se destaca, a nivel mundial, por su voracidad para el saqueo y la rapiña. Si bien el capitalismo es un sistema injusto por naturaleza y la desigualdad social es una de sus condiciones indispensables para funcionar, en cada lugar puede tener rasgos específicos y en nuestro país sobresale por esas características.

La última comprobación pública del carácter saqueador y rapiñero de los dueños del gran capital local, surge de la documentación difundida con el nombre de “Pandora Papers” (“Papeles de Pandora”) por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés). Allí se revela que Argentina es el tercer país en el mundo con más “beneficiarios finales” de empresas creadas en guaridas fiscales.

Se trata de unos 2.500 multimillonarios que depositan fondos en esos enclaves financieros, mediante compañías fantasma con nombres ficcionados y directivos falsos que, en su gran mayoría, cumplen esas mismas funciones para cientos de firmas.

Los medios de comunicación más poderosos en distintos países, que al igual que el Consorcio de Periodistas son reproductores de la ideología y los intereses dominantes a escala internacional, solo mencionan entre los 2.500 a unas pocas decenas de conocidos/as de la política, el espectáculo y el deporte. Ocultan al resto, que desde el punto de vista social y económico son “los dueños del país” por poseer los mayores volúmenes de capital. (Cuando se hicieron públicos los “Papeles de Pandora” a comienzos de octubre, el portal Infobae aludió a “los argentinos” involucrados pero con el mencionado sesgo de identificar apenas a un puñado de “beneficiarios finales”. Nota del 03/10/21). 

Comprender la voracidad agravada de la clase capitalista argentina es un dato indispensable para observar cómo se desenvuelve la economía nacional y los obstáculos extremos que enfrenta un gobierno como el actual, que en los dos años que le restan de mandato intentará cumplir con las expectativas populares generadas cuando el presidente Alberto Fernández fue elegido por una mayoría ciudadana en 2019.

Dichas expectativas pueden resumirse en una expresión del propio mandatario nacional cuando, al hablar ante la multitud en Plaza de Mayo el pasado miércoles 17 de noviembre, reiteró que “este año los sueldos van a ganarle a la inflación”. (Puede accederse a una reseña del discurso presidencial en una crónica de Ámbito, nota del 17/11/21). 

Poderío empresarial y del FMI

La movilización de esa jornada, en el Día de la Militancia, y aún antes la reacción inmediata del oficialismo la noche del domingo 14 cuando se conocieron los resultados de la elección legislativa, exhibieron la decisión de emprender la mitad restante del periodo gubernamental apoyándose en fortalezas propias -como la movilización popular en el espacio público callejero, ahora que las condiciones de la pandemia lo permiten- y con una actitud de determinación y firmeza para encarar los desafíos.

Sin embargo, serán dos años de disputas gigantescas contra intereses contrarios a los de las mayorías nacionales, y por lo tanto no cabe esperar resultados milagrosos. La voluntad política, en cualquier circunstancia, es una condición necesaria para no suficiente para alcanzar determinadas metas.

La clase dominante local y el capitalismo financiarizado trasnacional golpean continuamente sobre la estructura económica y social del país, particularmente con los aumentos de precios en alimentos y otros productos esenciales, y mediante ataques especulativos contra la moneda (haciéndole perder valor al peso frente al dólar).

Contra ese poder económico, el Estado argentino -de forma similar a los Estados nacionales en su gran mayoría- tiene grandes limitaciones para procurar objetivos tendientes al bien común de la población.

Otro aspecto de la desventaja estructural del Estado frente a los poderes económicos es la deuda externa impagable contraída bajo el régimen que encabezó Mauricio Macri. En agosto de 2020 -y en un contexto de extrema crisis sanitaria, durante la propagación del Covid cuando todavía no existían las vacunas- el gobierno del presidente Fernández logró un arreglo con los acreedores privados luego de una negociación conducida por el ministro de Economía, Martín Guzmán. El acuerdo implica un colosal ahorro cercano a 35.000 millones de dólares en diez años. (La estimación fue confirmada por el propio Guzmán en una disertación pública hace un mes. Reporte del sitio elDiarioAr, nota del 21/10/21). 

Pese a ese enorme avance para achicar los pagos del pasivo dejado por el macrismo, todavía está pendiente resolver lo peor. La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es el principal problema” que heredó el actual gobierno, según evaluó (también) el ministro de Economía. (Sus declaraciones están incluidas como tema principal de la nota periodística citada en el párrafo anterior).

Al asumir Macri, la deuda con esa institución era de cero dólar (US$ 00,00). En solo un año, entre julio de 2018 y 2019, el gobernante de entonces endeudó al país con el Fondo por casi 45.000 millones de dólares (sin contar intereses). Eso representa, a su vez, cinco veces y media más de lo que Néstor Kirchner pagó en los primeros días de 2006 para cancelar la totalidad del pasivo con el FMI. Aquel monto era de 9.800 millones de dólares. (Información del diario El País, de España. Nota del 03/01/2006).

Minoría en el Congreso

Además de tener en contra a los poderes económicos locales e internacionales, al gobierno de Alberto Fernández y a la coalición política que él encabeza junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner le esperan dos años sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Parlamento nacional. Los obstáculos políticos y corporativos serán mayores alos actuales.

Como se sabe, tras la reciente elección legislativa, el oficialismo perdió el predominio que tenía en el Senado (aunque lo conserva hasta el 10 de diciembre, cuando asumirán los/las legisladores/as elegidos el domingo 14 de este mes). Al mismo tiempo seguirá su desventaja en Diputados, donde su representación ya es minoritaria en la actualidad.

Al crecimiento que tendrá Juntos por el Cambio (JpC) en las dos cámaras, se sumarán los/las diputados/as de la ultraderecha vinculada con Javier Milei (quien fue el primer candidato en la ciudad de Buenos Aires) y José Espert (encabezó la lista en la provincia de Buenos Aires), que en total contarán con 4 o 5 representantes, según resulte cuando haya concluido el escrutinio definitivo en la totalidad de los distritos.

El accionar no solo de la oposición político-institucional sino también de la mediática y la judicial, se verá en los próximos días con la discusión parlamentaria de más de 100 decretos de necesidad y urgencia (DNU) que están pendientes de tratamiento en el Congreso. El gobierno tratará de que se aprueben antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, y las cadenas de medios dominantes convertirán al tema en uno de los primeros escándalos posteriores a las elecciones con los que continuarán el sabotaje y la desestabilización.

Hasta diciembre de 2023, el Frente de Todos está obligado a defenderse de la clase capitalista saqueadora y de los sectores corporativos y políticos que la representan. Será una necesidad inevitable para sostenerse en el poder.