Este domingo, vecinos autoconvocados y apartidarios, marcharán por las calles de Bariloche para reclamar -a una semana de las elecciones nacionales- el cese de las tomas de tierras, la defensa de la propiedad privada y la necesidad de una Justicia independiente.

Esta cándida convocatoria, es promovida por la mesa del llamado Consenso Bariloche, un espacio creado por los sectores propietarios -nativos y extranjeros- y referentes políticos del Pro y de su franquicia, Juntos por Rio Negro, que desde hace tiempo vienen construyendo el relato del ‘terrorismo mapuche’.

El anfitrión de este exclusivo foro, es Hugo de Barba, propietario de ‘Cacique Inacayal Lake & Spa Hotel’ - ubicado a orillas del Nahuel Huapi-, de fuertes lazos con el macrismo y quien cobijara a Patricia Bullrich del escrache que le hicieran organismos de Derechos Humanos y el hermando de Santiago Maldonado cuando impunemente arribó a la localidad para hacer campaña.

Río Negro es de las provincias que no han implementado ni firmado ningún acuerdo para aplicar la ley 26160 de ordenamiento territorial.

El reclamo del lof Quemquentrew, en Cuesta del ternero, y el de Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, son dos conflictos que esperan la prórroga de dicha ley para frenar los desalojos. En la Cámara de Senadores, ésta ya se votó; el problema es en Diputados donde la oposición política y sus aliados esperan frenarla o retrasarla, ya que la Ley cae el 21 de noviembre.

El relato del terrorismo mapuche y la espectral RAM, no es más que un discurso funcional y potente para criminalizar derechos.

Es comprensible que en el siglo XIX y primeras décadas del siguiente, el Estado Nación en los países de América Latina fuera un problema. Primero, porque había que formarlo y luego consolidarlo y dotarlo de una identidad.

La emergencia del Estado moderno, con su capacidad de controlar un territorio definido, administrar y gobernar a sus habitantes por encima de corporaciones autónomas, imponer sus leyes y una cultura capaz de forjar pertenencia, fue lo que hizo viable a las Naciones. “Las naciones no hacen ni Estados ni nacionalismo, sino al revés” escribió Eric Hobsbawm.

En ese contexto, que toda comunidad preexistente a la creación de los Estados fuera considerada una amenaza, no debería sorprender. Ahora, que con el paso del tiempo su negación funcional signifique su desaparición real, es una falacia; y repetirlo como verdad o doctrina, un acto de consecuencias políticas y jurídicas graves, ya que la Constitución Argentina las reconoce.

La historia posterior mostró que los ‘elementos disolventes’ del Estado Nacional, con que alucinaba el nacionalismo vernáculo, no provenían ni de los obreros inmigrantes, ni de los jóvenes militantes y menos de los pueblos originarios; sino del capitalismo nómade, demandante de fronteras abiertas, Estados anémicos y elencos políticos débiles.

En el siglo XXI, la mayoría sedentaria del planeta es gobernada por una elite extraterritorial que necesita mantener los caminos libres para el tráfico del dinero y eliminar los controles. Amos anónimos y ausentes, deciden sobre la supervivencia económica de millones de habitantes sin cargarse con las tareas de la política y de la administración.

Mientras los ricos se ocultan y deslocalizan sus fortunas –sociedades offshore, nearshore, paraísos fiscales- los movimientos sociales territorializan sus demandas.

Porque el territorio es el ámbito en el que se construye colectivamente y se reproduce una determinada organización social; un espacio que se instituye material y simbólicamenteDe allí, que el derecho al territorio contemple además de los recursos naturales, otros derechos.

Esperemos que el respeto a la Constitución, por el que este domingo marcharán algunos tenga en cuenta el artículo 75 inciso 17, que establece: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.