Ante el aumento injustificado de precios durante el mes de setiembre, el gobierno resolvió endurecer la política de control, incluyendo la fijación por resolución, retroactiva al 1° de este mes, del precio de 1.432 productos de consumo. Lógicamente, tal como se aclaró, los mismos son revisables ante circunstancias que los justifique,

El control de precios como herramienta antiinflacionaria tiene mala fama. Esto se debe a experiencias fallidas y a los formadores de opinión dispuestos a que así sea. No bien se plantea el tema, recibe el rechazo generalizado de empresarios, economistas, políticos, opinólogos de televisión e, inclusive, de un sector del público en general. Inmediatamente nos inundan con cientos de ejemplos de su fracaso, que en realidad podrían remontarlo al comienzo de nuestra era (supongo que no lo hacen por desconocimiento histórico): cuando el emperador romano Diocleciano dictó en el año 301 el “edicto de máximo”, que fijaba los precios máximos de los productos que se comercializaban, condenando a la pena de muerte a quienes lo incumplieran, fracasó y dio lugar a escaseces y a que (a pesar de la pena prevista) el alza de precios continuara.

La pregunta obvia es ¿Existe posibilidad de éxito en el control de precios?

En primer lugar, además de los cientos de ejemplos de fracasos que se hace público, también existen ejemplos exitosos que se omiten ex profeso. Posiblemente el más conocido sea la experiencia norteamericana de 1941, cuando el presidente Roosvelt llamó al economista John Kenneth Galbraith para que instale un control interno de los precios ante el aumento de la demanda que implicaba el esfuerzo de la guerra y la ocupación plena de la economía y que logró que la inflación interna fuera esos años inferior al 2% anual.

En segundo lugar, las posibilidades de éxito de un control dependen del lugar y momentos concretos donde se aplica. Es decir, fundamentalmente del tipo de mercado al que se controla y del apoyo popular que pueda recibir una medida de esa naturaleza. La invocación al patriotismo durante la guerra tuvo mucho que ver con el éxito logrado por Galbraith.

Con respecto a los mercados, hace muchos años el economista polaco Kalecki decía que en la sociedad industrial existen básicamente dos clases de bienes: los manufacturados, cuyo mercado es oligopólico (muy pocos vendedores) y sus precios se fijan en base a los costos unitarios directos más un porcentaje de utilidad bruta (el “mark-up”), que normalmente tienen un nivel de producción inferior a la capacidad plena de la planta industrial y que, por lo tanto, pueden adecuar a corto plazo la oferta a las necesidades del mercado. Los otros bienes son los producidos por el agro, en un mercado más o menos competitivo y cuyos precios son fijados en base a la oferta y la demanda; se refiere a los productos frescos de consumo que se destinan casi exclusivamente (o en su mayor parte) al mercado interno y donde la oferta no se puede modificar al corto plazo. En este último mercado variaciones grandes de demanda u oferta se traducen en grandes variaciones de precios, como ocurre en cambio de temporada. En este caso es difícil establecer un control eficiente de precios y el estado, ante hechos puntuales, puede intervenir aumentando las importaciones o limitando las exportaciones de los productos en cuestión, tratando así de cubrir las deficiencias de demanda u oferta.

Hay un tercer tipo de mercado, no previsto por Kalecki, que es la actividad primaria destinada masivamente a la exportación, como ocurre actualmente con la soja, los granos y la carne en la región pampeana. Para este mercado, el precio interno resulta del precio externo y del tipo de cambio. La intervención posible del estado, para aislar esta dependencia del precio externo, consiste en: a) convertirse en el único exportador (como pasó con el IAPI en el primer gobierno de Perón) o b) el fiscal, estableciendo retenciones a la exportación, por lo que se reduce el precio unitario de aquel y, por lo tanto, el precio interno o, en el caso inverso, dando subsidios al productor para que cubra sus costos.

En el capitalismo actual predominan los productos manufacturados, que es el primer mercado estudiado por Kalecki y al que apunta el actual congelamiento de precios. Se trata de mercados altamente monopolizados u oligopolizados, con empresas líderes que fijan sus precios en base a costos más el margen de utilidad bruta; las demás empresas productoras del ramo fijan el suyo en función de aquel: un poco más bajo si son menos conocidas o si quiere pelear una porción del mercado; en unos pocos casos un poco más alta, si quiere diferenciarse apuntando a un sector de alto poder adquisitivo. Pero lo cierto es que todos los precios se fijan en función de los de la empresa o empresas líderes.

En consecuencia, en un sistema eficiente de control de precios no es preciso controlar al universo de empresas productoras y comercializadoras: basta hacerlo con las fijadoras de precio, procurando que la tasa de ganancia (el “mark-up”) no supere un nivel razonable. Como las empresas líderes que lo fijan no son excesivamente numerosas, es posible controlarlas en forma individual y permanentemente, impidiendo suba de precios no justificados y verificando que el margen de ganancia bruta esté dentro de los límites prefijados. Es lo que ocurre en nuestro país con el programa de “precios cuidados”.

Alfredo Zaiat, en un artículo del año 2008 publicado en “Página 12”, trajo a colación el discurso que John Kenneth Galbraith dio en el homenaje que le tributó la Asociación Económica Norteamericana en 1972: “hay muchas razones que aconsejan que los economistas acepten lo inevitable de los controles de salarios y precios. Ello ayudaría a que los políticos dejasen de suponer que los controles son algo malo y antinatural y, por lo tanto, algo temporal que debe abandonarse en cuanto parezca empezar a funcionar. Esta es una actitud poco favorable para el desarrollo de una administración sensata. También haría que los economistas considerasen la forma en que los controles pueden funcionar y en que el efecto sobre la distribución del ingreso se vuelva más equitativo. (…) La expectativa inflacionaria se convirtió en una parte de los cálculos de las empresas y los sindicatos. La crisis y la expectativa subsisten aún. Los controles son necesarios hasta que desaparezcan estos factores”.

Es decir, el Estado puede y debe controlar los precios en defensa del pueblo consumidor.