En el año 2019, la Coalición Cívica -Ari ratificaba su pertenencia al espacio político de Cambiemos y sostenía a través de su presidente, “nuestro partido representa una idea fundamental: construir una República de Iguales… un partido donde aprendimos a buscar el consenso, el acuerdo y la alteridad”.

Dos años después, esa misma fuerza política lleva por candidato a diputado nacional en la provincia de Neuquén, a un conductor radial que habla de ‘trolas’, para referirse al Colectivo Feminista, oque “los hijos de una gran puta se reciben de indios” o vocifera“me tiene re contra podrido Nahuel, la Confederación Mapuche y la puta madre que los parió”.

De alteridad y diversidad poco. De republicanismo de iguales, menos. Con este personaje la CC-Ari neuquina cayó muy lejos de Hannah Arendt; deberían cambiarle el nombre al Instituto.

Hace unos díaslos legisladores de Cambiemos y sus aliados en la ciudad autónoma de Buenos Aires, aprobaron una modificación a la Ley 402 de procedimientos que habilita al Tribunal Superior de Justicia porteño a expedirse sobre fallos de la Justicia Nacional.

Esta insólita decisión -además de evitar la condena del ex presidente Mauricio Macri por el fraude del correo argentino- ratifica esa peculiar lógica parroquial - secesionista con que el conservadurismo porteño entiende al republicanismo: ajeno a la voluntad general y sólo en defensa de sus intereses

En la historia de América Latina los ideales republicanos no siempre expresaron las nociones de igualdad y libertad.

El orden político de fines del siglo XIX y comienzos del XX, se desarrolló invocando como principio legitimador el corpus liberal: representación, democracia y ciudadanía; sin embargo, el movimiento histórico estuvo marcado por un profundo desfase entre fundamentos y práctica.

La mayoría de los regímenes republicanos se fundaron en ejecutivos fuertes, legislativos de representación indirecta en base a un sistema de sufragio restringido y un poder judicial cuyos miembros pertenecían a la misma elite dirigente.

El rescate de la virtud republicana para fundirla con el ideal democrático, mostró su eficacia en el discurso político, pero, en la práctica, la centralización y dominio de las elites marcó la distancia respecto a esas aspiraciones. Liberalismo y democracia, no interactuaron directamente, sino que fueron asimilados en forma independiente.

En nombre del pueblo real -que no habla ni elige- las elites políticas y económicas se arrogaron la representación de la voluntad general.Esta limitación es la clave para comprender la forma oligárquica de dominación que, entre 1880 y 1930, rigió en toda la región.Una democracia sin demos.

Mientras en el siglo XX el Ejecutivo y el Legislativo enfrentaron el desafío del proceso de democratización, el judicial no lo hizo. Vale aclarar, que continuó siendo una institución política no democrática. Sus miembros siguen sin ser elegidos por la ciudadanía y sus cargos son casi vitalicios ya que los controles ideados para su remoción no funcionan o lo hacen solamente cuando molestan a los poderosos.

El desafío republicano ya no está en relación a la construcción de un orden o en la defensa de las libertades individuales frente a un poder centralizado y absoluto; a pesar de los gritos de esta derecha anti iguales del siglo XXI.

El cometido actual es precisamente, acercarnos lo más posible a un régimen republicano que no solo construya la igualdad en derechos sino también en condiciones materiales de existencia.

Aquello de que un sistema democrático debe abstenerse de interferir en los derechos de propiedad, incluso cuando estos derechos son incompatibles con la garantía del derecho a la existencia de la mayoría no propietaria, ya es inaceptable.

Como explica María Julia Bertomeu, habrá que construir una alternativa conceptual y política para que los gobiernos dejen de ser agentes fiduciarios de algunos ciudadanos amparados bajo la “soberanía del propietario”.

Tal vez sea el momento de comenzar a democratizar la riqueza y dejar de redistribuir la desigualdad.