El balazo en el abdomen que sufrió el diputado provincial de Corrientes Miguel Arias el pasado jueves (26/08), mientras participaba de un acto de campaña en la localidad de Tapebicuá, fue un atentado político que puso en riesgo la vida de una persona y que además debe poner en alerta a toda la sociedad democrática argentina, y en particular a las autoridades públicas y dirigencias de cualquier nivel (nacional, provinciales, municipales, de territorios y barrios, etc.).

Hechos como ese ocurren prácticamente a diario en naciones de América Latina devastadas por violencias de múltiples orígenes que se potencian unas con otras, como sucede trágicamente en Colombia y México, para mencionar los casos más notorios.

En Argentina se trata de un hecho excepcional, ante el cual la investigación judicial y de los organismos de seguridad debiera ser de la máxima eficacia y rapidez para lograr el esclarecimiento y el castigo penal a quien haya sido autor/a material y a sus mandantes, instigadores/as o autores/as intelectuales.

Impedir la violencia política en cualquiera de sus formas es una necesidad de la sociedad y una obligación para los/las funcionarios/as que tienen responsabilidades en cargos públicos. En el ataque contra el diputado Arias, dicha responsabilidad compete en primer lugar al gobierno de Corrientes, a la Policía que de él depende y al sistema judicial de la provincia. Está por verse en qué medida cada uno de esos actores institucionales actúa como corresponde.

Bomba y “manifestante”

Hace algo más de tres meses, exactamente en la madrugada del 25 de mayo, un local peronista de la agrupación La Cámpora y del Frente de Todos en la ciudad de Bahía Blanca sufrió un ataque explosivo. Por el horario no había nadie en el lugar ni en las inmediaciones, gracias a lo cual ninguna persona sufrió daños.

Ese resultado aliviador en lo humano, redujo las consecuencias solo a la destrucción material. Pero no borra la gravedad del hecho en sí mismo, del cual hasta el momento no se logró el esclarecimiento. La investigación está a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez y bajo “secreto de sumario”, por disposición de la jueza federal Nº 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.

Una de las últimas informaciones sobre las tareas de pesquisa se hizo conoció a principios de julio. La agencia de noticias DIB (Diarios Bonaerenses) publicó que en el marco de la investigación por el ataque explosivo en el local político de Bahía Blanca se había realizado un allanamiento en Tandil, otra importante ciudad de la provincia de Buenos Aires, distantes a 370 kilómetros.

Según el reporte periodístico, “fuentes consultadas indicaron que ‘el operativo se llevó a cabo en una vivienda de una persona que habría exhibido el mismo día 25 de mayo pero en Tandil, un panfleto de similares características a las halladas en cercanías del local partidario bahiense”.

“En ese contexto indicaron que la persona, cuyos datos no fueron suministrados, ‘habría participado con su rostro cubierto de una manifestación anticuarentena en Tandil donde se arrojaron panfletos similares a los hallados en Bahía Blanca”, informó la agencia DIB. (Nota del 08/07/21). 

Los datos que se conocen son pocos pero queda planteada, como conjetura libre o quizás como hipótesis de investigación, una llamativa relación: la agresión con bomba fue contra el lugar físico donde desarrolla su actividad una de las agrupaciones kirchneristas más estigmatizadas por los discursos de odio -La Cámpora-, y el agresor/a -o uno/a de ellos/as- pudo haber sido una o más personas que en plena propagación del Covid salieron a las calles para repudiar las medidas de cuidado y prevención, y/o rechazar las vacunas, o directamente negar la existencia del virus.

Esas manifestaciones en la vía pública, que en general se denominaron “anticuarentena”, fueron expresiones de una ultraderecha potencialmente violenta que emergió en el contexto de la pandemia, similar a como ocurrió en muchos países del mundo. Su agresividad se podía -se puede- advertir en los carteles y pancartas, en las consignas exhibidas, y en todo el contenido que los/las participantes e instigadores/as exaltaban -exaltan- a través de las redes digitales o de medios de comunicación.

La violenta retórica de Milei

Como fenómeno político/partidario que en muchos aspectos se relaciona, por sus rasgos ideológicos, con las marchas de repudio a los cuidados contra el Covid y/o a las vacunas, o de negación de la propia existencia del virus, está en plena conformación un nuevo sujeto político y social que presenta candidaturas en el actual proceso electoral para cargos legislativos nacionales.

Se trata del espacio de extrema derecha autodenominado “libertario”, que en la ciudad de Buenos Aires postula como diputado nacional al personaje mediático y economista ultra-capitalista Javier Milei, y en la provincia de Buenos Aires a otro economista de igual signo ideológico, José Luis Espert. El nombre electoral del grupo es “Avanza Libertad”.

Para interpelar a la opinión pública dicho grupo utiliza como palabra clave a uno de los valores morales más nobles creados por la humanidad a lo largo de la historia –la “libertad”, o términos derivados-. Por el momento puede constatarse una creciente adhesión en determinadas bases sociales, especialmente juveniles, que podrá medirse en votos cuando hayan pasado las elecciones primarias del 12 de septiembre y luego las generales del 14 de noviembre.

Pero hasta ahora han sido prácticamente nulas las críticas que se hacen no solo a su ideología extremista -discusión que, por desagradable que sea, es legítima en el marco de una sociedad pluralista- sino a algo mucho más grave: el discurso violento y antidemocrático que desde ese sector se genera, principalmente a través de la retórica de Milei.

El dirigente, que frecuentemente toma un aspecto desquiciado cuando aparece en medios de comunicación, redes sociales o actos públicos, ha dicho por ejemplo que a “los políticos” los “vamos a sacar a patadas en el culo”, y ha proferido insultos contra los “zurdos genocidas” y contra “los asesinos hijos de puta” de la Casa Rosada. También instiga a sus seguidores a “quemar el Banco Central”, organismo que según su visión favorable al capitalismo salvaje extremo, sería el culpable de los males de la economía. (Las mencionadas expresiones soeces están incluidas en un análisis del periodista Marcelo Falak publicado en el portal “Letra P”. Nota del 22/08/21). https://www.letrap.com.ar/nota/2021-8-22-10-6-0-la-ciudad-de-la-furia-libertaria

Otra manifestación de su agresividad discursiva fue reciente y tuvo como blanco al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a quien también considera un "zurdo de mierda". Es asunto del fanatismo ideológico de Milei y de la libertad de pensamiento de cualquiera considerar "zurdo" al dirigente del Pro. Pero adjetivos como "de mierda" son insultantes y generadores de violencia. También le dijo "gusano asqueroso arrastrado" y además "sorete", y le advirtió que lo puede "aplastar aun en silla de ruedas". (Publicado en I-Profesional, nota del 27/08/21). 

Una aclaración tal vez necesaria: el problema de interés público no son las palabras mismas, que por otra parte son comunes en el habla cotidiana de las personas del común. El problema, serio y gravísimo como asunto que concierne a toda la sociedad, es que un dirigente político las utilice como parte de su discurso habitual, enardecido, para hablarle a sus seguidores/as y seguir captando adhesiones.

Porque el resultado de ese accionar es que se violentan los ánimos y los espíritus, y entonces las disputas de poder y por intereses divergentes o contrapuestos -que en eso consiste la política- en lugar de resolverse mediante procedimientos racionales y reglas parejas para todos y todas, pueden convertirse en ataques físicos, emocionales, psicológicos o de cualquier tipo contra personas que tienen ideas -o ideologías- contrarias o diferentes a las de sus agresores/as.

Llamados de alerta

En Argentina, como en muchos países del mundo -aunque esto no disculpa en lo más mínimo- hay amplios sectores de la sociedad que sufren distintos tipo de violencia: la de organizaciones criminales (por ejemplo del narcotráfico); la de varones contra mujeres y personas disidentes en el ejercicio de sus géneros; la de fuerzas paradójicamente llamadas “de seguridad” contra gente pobre y predominantemente joven en sus barrios; la de agresores/as que con fines de robo o para provocar otros daños atacan a cualquier persona del pueblo, etc.

A pesar de todos esos dramas cotidianos, el nuestro es un país que desde el fin de la dictadura genocida 1976-1983, se mantiene altamente preservado de la violencia política. Los hechos más resonantes de los últimos años fueron actos criminales perpetrados desde el Estado durante el régimen de derecha que encabezó Mauricio Macri, y que tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel.

Pero en los últimos meses ocurrieron hechos como los antes mencionados -el ataque explosivo en Bahía Blanca y el reciente atentado contra un diputado provincial en Corrientes- que significan llamados de alerta para quienes creen en las bases de la democracia y en la resolución pacífica de los conflictos.

A ello se agrega la novedad, hasta ahora ignorada por el conjunto de las dirigencias, del candidato -y probable futuro diputado- Javier Milei, cuya retórica agresiva no consigue hasta el momento suscitar ninguna crítica sólida. Los rasgos payasescos y grotescos del dirigente no debieran obturar el análisis serio y una consecuente acción política para enfrentarlo.

Pareciera que nadie advierte la peligrosidad potencial de una extrema derecha con ese nivel de beligerancia retórica, que eventualmente puede trasladarse a hechos en algún momento. Además, aunque de ninguna manera se puede asegurar pero tampoco descartar, el volumen político de este tipo de personajes quizás obtenga en el corto y mediano plazo una dimensión mayor a la actual.

Para garantizar la convivencia democrática y la paz social, el conjunto de la sociedad en general, y en particular los actores de todo tipo con mayor influencia pública -funcionarios del Estado, dirigencias de los más diversos sectores, medios de comunicación comprometidos con el bien común y los intereses generales de la población, personajes influyentes en las redes digitales, etcétera- debieran realizar su contribución para impedir la potenciación y agravamiento de la violencia política en cualquiera de sus formas.